Pedro Sánchez vuelve a cambiar de opinión y se opone a la independencia industrial de Extremadura, una región duramente castigada por el aislamiento económico que sufre al carecer de un corredor férreo en condiciones.
De los elogios de 2021 a la reindustrialización a interponer un año y medio después un recurso contra las medidas para instalar a las metalúrgicas y mineras en Extremadura. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso contra las medidas urgentes decretadas por la Junta de Extremadura para la regulación del aprovechamiento del litio, donde la Comunidad Autónoma tiene un valioso depósito en el subsuelo. Lo hace en plena lucha por el poder autonómico, con una María Guardiola (PP) enfrentada con Vox y con Génova; y un Guillermo Fernández Vara (PSOE) al acecho para aprovechar la oportunidad y reeditar la presidencia.
El Tribunal Constitucional tiene ahora hasta el mes de octubre para decidir si suspende definitivamente la normativa autonómica. El palo en la rueda de Pedro Sánchez, firmante de la impugnación, se produce en un momento crucial para el desarrollo de este preciado metal para la industria. Sus usos son numerosos, especialmente para las baterías de todo tipo de dispositivos, desde baterías pequeñas hasta las de camiones.
Sánchez ha impugnado los principales artículos de la normativa aprobada por Extremadura, como la declaración de interés general, o que «cualquier concesión de explotación de recursos minerales del litio extremeño «estará vinculado y condicionado al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral, se realicen necesariamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura».
EXTREMADURA PODRÍA SER EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE LITIO EN ESPAÑA
Asimismo, el presidente del Gobierno impide la fabricación de baterías y que Extremadura pueda tener esta independencia energética e industrial al rechazar que sea la Comunidad Autónoma quien tenga esta potestad. Asimismo, tampoco permite a Extremadura condicionar los acuerdos para la explotación de este mineral en su suelo a un tercero.
El Tribunal Constitucional también tumba el reglamento de obligaciones a la adjudicataria de la concesión, como la posibilidad de expropiar las instalaciones existentes, o declarar el fin del contrato si la actividad no se realiza en el territorio extremeño, como la obligación de reintegrar a la Junta de Extremadura los gastos originarios de las expropiaciones.
Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se opone a la declaración de interés general realizada en el decreto de Extremadura y al interés social a efectos expropiatorios de los derechos e intereses legítimos derivados de las concesiones del litio. Las beneficiarias de estas expropiaciones serían las propias empresas ganadoras de la licitación pública. Asimismo, también queda en varada la normativa que estipula las expropiaciones de forma forzosa y urgente.
EL TC Y SÁNCHEZ ACTÚAN JUSTO DESPUÉS DE LA DEBACLE DEL PSOE EN EXTREMADURA
La decisión de admitir a trámite esta impugnación del Gobierno de Pedro Sánchez llega en un momento importante para Extremadura. La región busca la explotación del yacimiento de Valdeflórez (Cáceres), la mayor mina de litio de Europa, y cuando la Consejería de Transición Ecológica ha concedido el permiso de exploración a Extremadura New Energies (ENE), una paso más en el desarrollo de esta actividad, que sería un hito en España al abastecer no sólo a las plantas de baterías de Seat en Sagunto (Valencia), sino que abriría la puerta a la inversión industrial en España.
La empresa ENE ha superado, por el momento, todos los trámites administrativos
La Junta de Guillermo Fernández Vara ve con buenos ojos esta concesión, a pesar de las trabas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un «fuego amigo» que les corta el desarrollo a una región de por sí castigada y sometida por los diferentes Gobiernos. La empresa ENE ha superado, por el momento, todos los trámites administrativos, pasos adelante para alcanzar el de la concesión. Este nivel es crucial ya que se elaborarán los estudios de impacto medioambiental. Todo ello, con la confianza en la Junta de Extremadura para poder iniciar la actividad.
Ahora, sin embargo y justo tres días después de la debacle autonómica del PSOE en Extremadura, el Gobierno y el Constitucional toman la decisión sobre un decreto ley dictado y aprobado en el Boletín Oficial del Estado hace casi un año e iniciarse las negociaciones desde su convalidación.
LA IMPUGNACIÓN DEL GOBIERNO AL LITIO EXTREMEÑO
El Ministerio de Política Territorial asegura que las minas son de demonio público, es decir, del Estado. «La supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad», consideró.
Asimismo, el Ejecutivo entiende que la obligación de prestar la actividad en Extremadura supone una «vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia». Un argumento que tumbaría la designación de los fondos europeos para la planta de baterías en Sagunto.
