El plan de Íñigo Urkullu para retorcer y saltarse la Constitución para construir una España plurinacional y otorgar un mayor autogobierno al País Vasco, Cataluña y Galicia ha soliviantado a los partidos regionalistas, mientras su propuesta es carne de mofa en las redes sociales.
Para ejecutar el plan del líder del PNV es necesario realizar una lectura retorcida de la Carta Magna con el fin de evitar el control de Las Cortes, donde el PP ostenta una poderosa mayoría absoluta en el Senado, y una convocatoria de elecciones. Y es que, el líder jeltzale exige modificar la Constitución sin pasar por el debido proceso, con el obstáculo de las matemáticas.
Para cambiar la Constitución se exige al menos tres quintos del Congreso y del Senado. El PP no está ni mucho menos en esa fase, más tras la traición de los nacionalistas vascos liderados por Íñigo Urkullu a Mariano Rajoy.
Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución
El presidente del País Vasco tiene urgencia para llevar a sus conciudadanos planes reales y visibles de cara a las elecciones vascas, donde se enfrentará previsiblemente contra Patxi López y Arnaldo Otegi, candidatos del PSOE y Bildu, y quienes atenazan a los nacionalistas hasta el punto de abandonar sus postulados de derechas para pasar al bloque de la izquierda.
URKULLU Y LA NECESIDAD DE LLEVAR ACUERDOS AL PAÍS VASCO
El vaivén no ha sentado bien a sus votantes, especialmente a los empresarios. El PNV se ha visto superado por Bildu por un escaño en las pasadas generales del 23 de julio y no logra que el PSOE le otorgue medida de gracia para vender en el País Vasco. Bildu, en cambio, ha conseguido la ley de vivienda, la reforma laboral y mantener el tipo pese a las críticas y el pasado de algunos de sus dirigentes.
No obstante, una de las derivadas del plan de Urkullu ha sorprendido a propios y extraños al levantar al Partido Andalucista, la formación que logró dos escaños en el Parlament en el inicio de la democracia en España. La formación, apagada y fagocitada por el PSOE andaluz durante cuarenta años ha dado el golpe encima de la mesa con una contundente respuesta a la propuesta de los nacionalistas.
«Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución», han señalado históricos dirigentes respecto a los beneficios que obtendrían País Vasco, Cataluña y Galicia con el cambio de la Constitución por la puerta de atrás.
URKULLU AVIVA LA DESIGUALDAD
Los firmantes del manifiesto en contra de la propuesta de Urkullu por excluir a Andalucía, como Alejandro Rojas-Marcos, Miguel Ángel Arredonda, Pedro Pacheco, Emilio Pérez Ruiz, Antonio Moreno y José Núñez, aceptan la iniciativa por «oportuna» y «legítima». En este sentido, «el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos».
En este renacer, el Partido Andalucista considera que de no llevarse a cabo este plan podría conducir a «la parálisis y al enfrentamiento», al mantenerse un Estado centralizado. Los andaluces consideran que deben tener el mismo estatus que País Vasco, Cataluña y Galicia. El mensaje se traslada con una reprimenda por el «expreso olvido» de Urkullu respecto a Andalucía.
A juicio de la formación andaluza, la Constitución discrimina en favor de los territorios considerados históricos. «La intención esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, mantenida en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán, también responsables interesados de tal discriminación», apuntan.
EL PARTIDO ANDALUCISTA SE REIVINDICA
Así, destacan que el Partido Andalucista hizo «saltar por los aires» el pacto, «aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos».
Las críticas a Urkullu se recrudecen al trazar la «línea roja de la desigualdad en las comunidades que tuvieron autogobierno previo a la Constitución de 1978».
«Si bien Euskadi, Cataluña y Galicia -prosiguen- lo consiguieron durante la República, Andalucía lo tenía previsto para septiembre de 1936». «No es el colmo que la línea roja del señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga marcada por el golpe de estado del general Franco», reflexionan.
