La amnistía a los independentistas catalanes está oficialmente encima de la mesa desde hace meses. El PSOE lo ha ocultado en la campaña electoral de mayo y de cara a las generales de julio, tampoco está incluida en su programa, pero Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia, se ha pronunciado abiertamente sobre esta medida de gracia, una más, para los de Carles Puigdemont, el resto de políticos presos y también para quienes hayan pasado o estén involucrados en causas judiciales.
El relato del PSOE, confirmado este viernes por el propio Pedro Sánchez, se centrará en una negociación ultrarrápida e incluirá, además, los Presupuestos Generales del Estado para evitar adelantar elecciones antes de tiempo. Asimismo, tanto Junts como ERC buscan una retroactividad desde 2013 para cerrar todos los casos, aunque son los jueces quienes deben decidirlo y no el Gobierno, tal y como se recoge en el artículo nueve de la Ley de Amnistía, única vigente desde antes de la Transición.
La izquierda liderada por Yolanda Díaz y concentrada en Sumar ha acogido los postulados de la amnistía presentada por ERC y Junts conjuntamente, un borrador que tiene visos de convertirse en un documento oficial. Todo ello, con miles de personas en las calles de Barcelona mostrando la más absoluta repulsa a este nuevo pacto, que dejaría libre de todo cargo a los tres expresidentes de la Generalitat, del Parlament y cargos públicos que han sido condenados o están en procesos judiciales por este desafío.
LA AMNISTÍA DEJARÍA SIN EFECTO LA SENTENCIA A ARTUR MAS
El mayor beneficiado no serían Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras, sino también Artur Mas. El expresidente de la Generalitat desvío dinero público para realizar una consulta ilegal el 9 de noviembre de 2014, arropado por ERC, la antigua CiU y medios de comunicación, como TV3. Fue Societat Civil Catalana (SCC) quien llevó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas y ante la Justicia tras conocerse que se pagaron un total de 4,9 millones de euros procedentes de las arcas públicas para realizar el conato de referéndum, este sí sin que el Gobierno de Mariano Rajoy pusiera los mecanismos necesarios para paralizarlo.
Artur Mas se las prometía muy felices ante la inacción del Gobierno, pero en la Junta de SCC, presidida entonces por Fernando Sánchez Costa, había otro debate más importante y crucial al afectar al bolsillo de los propios miembros. La demanda de este tipo podría costarles en conjunto más de 300.000 euros, según apuntan varias de las fuentes consultadas por este medio, por el temor de una condena en costas.
Una condena en costas habría finiquitado la sociedad, ninguno podíamos hacer frente a una cuantía tan elevada
Se debatió largamente sobre si SCC, con Sánchez Costa a la cabeza, y la actual presidenta de la plataforma constitucionalista, Elda Mata, también en uno de estos nobles asientos. Fue un debate sosegado, estudiado y de difícil decisión personal. Si se iba contra Artur Mas habría que asumir un riesgo importante. «Una condena en costas habría finiquitado la sociedad, ninguno podíamos hacer frente a una cuantía tan elevada», sostiene una de las voces.
EL DEBATE EN EL SENO DE SCC POR UNA CONDENA EN COSTAS
Hay quien lo tenía muy claro. El caso estaría ganado cuando se pudo demostrar que se destinó dinero público para aquel referéndum, pero aún así había reticencias por si los tribunales cortaban las alas a la acción judicial. La condena en costas fue una de las bases de aquella demanda para elaborar un escrito impecable, argumentado, sin cabos sueltos y estructurada. El fundamentado escrito de Manuel Miró tuvo sus frutos, para alivio de los miembros de aquella junta, pero ahora han vuelto algunas dudas debido a la amnistía.
En caso de aprobarse la ley de amnistía para todo el desafío independentista desde 2013 y en el caso de que los jueces fallen a favor de los políticos condenados por estos hechos, el dinero recaudado de las multas también se tendría que devolver, junto con los intereses de demora. Para las fuentes judiciales consultadas, quien recaudó las multas debería devolver ese dinero, pero en este caso apuntan a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, serían todos los españoles quienes soportaran pagar más a un expresidente condenado en firme.
ARTUR MAS Y EL RESTO DE SU GOVERN, DE ROSITAS
Artur Mas no fue el único condenado en este caso. El escrito de Miró conllevó la condena a más responsables del Govern por su implicación en los preparativos de la consulta, como la logística y la apertura de los colegios. Entre ellos, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, con un importe de 1,98 millones de euros; otros 2,8 millones a la exconsejera de Educación Irene Rigau; y más de 865.000 euros a la ex vicepresidenta Joana Ortega por las papeletas y las urnas.
Por los gastos publicitarios de aquella consulta, que fue a parar a TV3 y medios afines, fueron condenados Ignasi Genovès y Jordi Vilajoana, con un total de 1,62 millones de euros a repartir a partes iguales. Jaume Domingo, Lluis Bertran, Teresa Prohias y Josefina Valls fueron condenados a una pena conjunta de más de un millón de euros, si bien las cantidades no eran las mismas para cada uno de ellos.
Para hacer frente a esta cuantiosa multa, Artur Mas y el resto de miembros condenados de su Gobierno autonómico pidieron el dinero a través de las denominadas «cajas de resistencia», una iniciativa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y a la que contribuyeron cientos de miles de ciudadanos y políticos anónimos para evitar que los patrimonios de los políticos sufragaran el coste. Cabe señalar que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -la banca pública catalana- llegó a avalar a todos ellos durante este proceso judicial. En el caso de haberse ejecutado dichos avales, el Estado tendría que resarcir el dinero cobrado.
EL NUEVO DESAFÍO, ESTA VEZ PACTADO CON EL ESTADO
Todos ellos serían amnistiados, con la devolución de sus puestos de trabajo y eliminación de las condenas de inhabilitación para ejercer cargo público. Es decir, la labor judicial en este proceso quedaría totalmente anulada si así lo deciden los jueces, por más que el Gobierno insista en que no el Tribunal Constitucional vetará cualquier recurso ante la ley, como ha asegurado Pedro Sánchez.
En el ala del independentismo solo hay un objetivo, una ruptura con el resto de España y en esto van a consistir las líneas troncales de la negociación entre PSOE y Junts. Los pesos pesados y vacas sagradas ponen de manifiesto su propia experiencia a la hora de negociar con los Gobiernos. Tanto Mas como Jordi Pujol han advertido a Puigdemont sobre las cláusulas del acuerdo. «No caer en la complacencia» y «desconfiar en todo» son los consejos lanzados a quien huyó de España en el maletero de un vehículo tras su proclamación de independencia fallida el 27 de octubre de 2017.
MAS Y EL INDEPENDENTISMO, SIN ARREPENTIMIENTO
Mas exige contenido en el documento pactado y dar de lado a la «grandilocuencia en las formas». Para el expresidente condenado a la inhabilitación, «hay que abordar la amnistía como un eslabón de una cadena que debe llevar más allá, hacia soluciones más estructurales». Es decir, tan sólo el inicio, mientras Pujol considera que debe pactarse antes de la votación.
«Vuelve a la política lo que nunca debía haber salido de la política. Es, efectivamente, un reconocimiento, por parte del Estado español, de su gran error: el de haber apostado por la vía judicial para encarar un conflicto político de base constitucional», ha asegurado quien desvió dinero público para realizar una consulta ilegal.
Todo el independentismo, a excepción de unos pocos irredentos, busca volver a las leyes de desconexión de septiembre de 2017, una norma que establecía que el Parlament estaba por encima de los tribunales de Justicia, un golpe de Estado que el propio PSOE paró con el Gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación del 155, aunque no fue tan duro como se esperaba.
