En el transcurso de la legislatura de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, el reto lingüístico del valenciano se erigió como uno de los temas más espinosos y debatidos. Esta cuestión no solo oscureció los acuerdos dentro del propio gobierno, sino que también enfrentó a diferentes sectores de la sociedad valenciana, siendo el personal sanitario uno de los actores principales en esta contienda.
Desde Compromís, se impulsó con firmeza la iniciativa de establecer el valenciano como requisito indispensable para acceder a cargos públicos, especialmente en el ámbito de la Sanidad. Esta propuesta generó fricciones con los socialistas, quienes, a su vez, buscaban postergar este requisito durante varios años. La divergencia de opiniones dentro del ejecutivo dejó entrever las tensiones internas que caracterizaron esta etapa política.
Uno de los aspectos más álgidos fue el intento de establecer el valenciano como requisito prioritario para los profesionales de la salud. La propuesta inicial contemplaba su obligatoriedad para ser funcionario, lo cual generó descontento y oposición, especialmente por parte del personal sanitario. Este conflicto tuvo su origen en la disparidad de visiones entre los socios de gobierno y reflejó la complejidad de conciliar intereses diversos en el contexto político valenciano.
Con el cambio de gobierno y la formación de una coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox, se ha producido un giro significativo en la política lingüística. La nueva administración no solo ha descartado la consideración del valenciano como requisito obligatorio en las oposiciones en el ámbito de la Sanidad, sino que también ha decidido reducir su impacto, considerándolo como un mérito secundario. De esta manera, el requisito lingüístico en el ámbito sanitario nunca llegó a aplicarse de manera plena.
LAS MEDIDAS DE CARLOS MAZÓN PARA LAS OPOSICIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
En una notable reversión de la política lingüística llevada a cabo por el anterior gobierno encabezado por Ximo Puig, la Comunidad Valenciana, ahora bajo la dirección de Carlos Mazón, ha anunciado cambios significativos en la consideración del valenciano en futuras oposiciones. Según el consejero de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, la puntuación del valenciano se verá reducida, pasando a ser considerada como mérito, pero siempre subordinada a la formación académica.
El anuncio tuvo lugar durante una conferencia en Alicante, una de las zonas de la Comunidad Valenciana con mayor predominio del castellano y donde las tensiones en torno al valenciano son más palpables. Marciano Gómez enfatizó la importancia de priorizar la capacidad, el conocimiento y la experiencia en la contratación de profesionales de la salud.
«Quiero para los valencianos y valencianas, y para mí mismo, que me atienda el mejor: el mejor formado, el que más sabe y con más experiencia», declaró Gómez, quien además rechazó los «sesgos ideológicos» en la gestión sanitaria. La postura del consejero de Sanidad es clara: el valenciano debe ser considerado un mérito, pero siempre como un factor «inferior a la formación académica».
Quiero para los valencianos y valencianas, y para mí mismo, que me atienda el mejor: el mejor formado, el que más sabe y con más experiencia
Marciano Gómez
Esta nueva orientación responde, según Gómez, a la crítica situación en Atención Primaria. El consejero subrayó que, cuando se trata de la salud, no se puede tomar a la ligera y es imperativo contratar a los profesionales más cualificados, basándose en su capacidad y especialización sanitaria. En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de «huir de la ideología», argumentando que «nadie es eficiente con ideologías predeterminadas y sectarismos».
El cambio de enfoque en la valoración del valenciano en el ámbito sanitario refleja la prioridad de la actual administración por la excelencia en la atención médica, desvinculándola de consideraciones ideológicas. Esta decisión marca un contraste evidente con las políticas anteriores y plantea nuevos debates sobre la relación entre el idioma y los requisitos para el desempeño de roles cruciales en el sistema de salud de la Comunidad Valenciana.
LA COMUNIDAD VALENCIANA CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LOS SINDICATOS
La decisión de la actual administración valenciana de rebajar la puntuación del valenciano en las oposiciones sanitarias ha sido recibida con optimismo por distintos sectores, entre ellos el sindicato CSIF Sanidad, que se muestra a favor de este cambio, calificándolo de «sentido común».
Fernando García, portavoz de CSIF Sanidad, destacó la importancia de esta rectificación, especialmente después de la intensa lucha que libraron contra la anterior intención de Compromís de establecer el valenciano como requisito obligatorio para los médicos. García expresó su desacuerdo con la propuesta original del Consell de Puig, que otorgaba al valenciano la mitad de los 30 puntos destinados a la formación académica. Según el sindicato, esta puntuación resultaba desproporcionada y generaba problemas, siendo considerada como un obstáculo para atraer a profesionales altamente cualificados a la Comunidad Valenciana.
El concurso de méritos diseñado inicialmente por el Consell de Puig generó controversia al asignar al conocimiento del valenciano una valoración superior a la obtención de un doctorado o un máster oficial, que representaban solo 5 puntos en un total de 100. La experiencia laboral, con 70 puntos, también se veía superada por la puntuación del valenciano. Posteriormente, la orden de baremos que rige las convocatorias de empleo público rebajó la valoración del valenciano, buscando un equilibrio en la ponderación de los méritos.
La rectificación en la política lingüística ha sido aplaudida por CSIF Sanidad, ya que se percibe como una medida que contribuirá a atraer a profesionales altamente cualificados a la Comunidad Valenciana y evitará la fuga de talento. Este cambio representa un paso hacia la búsqueda de un sistema de evaluación más equitativo y acorde con las capacidades y especializaciones necesarias en el ámbito de la salud.
CATALUÑA MÁS EXIGENTE QUE NUNCA CON SU PERSONAL SANITARIO
En un giro marcado en la política lingüística de Cataluña, el Gobierno catalán anunció un plan para aumentar significativamente el uso del catalán en los hospitales. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha lanzado la convocatoria de procesos selectivos para estabilización de personal, abarcando desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo y de logística. Sin embargo, lo que ha causado revuelo es la exigencia de un nivel C1 de catalán (nivel de suficiencia) en la mayoría de los puestos a concurso, según denuncias de las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana.
Ambas organizaciones han destacado que los profesionales de Enfermería son los más afectados, con 1.590 plazas en concurso de méritos y 605 en concurso oposición en el proceso de estabilización. Además, señalan que muchos de los trabajadores sanitarios que buscan estas plazas llegaron a Cataluña desde otras partes de España durante los primeros tiempos de la pandemia, sin que se les solicitara la titulación de catalán debido a la urgencia de la situación de emergencia sanitaria. Ahora, después de tres años trabajando en el sistema de salud catalán, se les exige el nivel C1, a pesar de que ningún idioma les ha impedido realizar su trabajo hasta ahora, según las organizaciones mencionadas.
La nueva política afectará a una amplia variedad de profesiones, desde médicos y enfermeros hasta personal administrativo, peluqueros, cocineros y técnicos de mantenimiento. Todos deberán aportar un título de catalán o someterse a un examen. Ante la ofensiva lingüística de la Generalidad, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han anunciado que ofrecerán asesoramiento gratuito a todo el personal afectado que no pueda acreditar el conocimiento del catalán exigido por la administración autonómica.
Esta medida ha generado críticas y debates sobre la priorización del conocimiento del idioma sobre la formación y experiencia profesional, planteando interrogantes sobre la equidad en el acceso a oportunidades laborales en el sector sanitario en Cataluña.
