Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, apoyado por su socio de gobierno Vox, están desmantelando prácticamente todo el legado del anterior presidente valenciano, Ximo Puig. El ‘penúltimo’ paso ha sido la eliminación de la tasa turística. Los anteriores cambios han afectado a la política lingüística o la ley del juego. Se encuentran en lista de espera la adaptación de la ley de Memoria Histórica o la Ley LGTBI.
Mazón sigue la hoja de ruta marcada en el programa electoral con el que concurrió por el PP a la presidencia de la Generalitat. Desde este jueves, la tasa las estancias turísticas queda derogada sine die. Esta tasa había aprobada por el Consell del ‘Botànic’ que presidió Ximo Puig durante los últimos ocho años.
También es cierto que el tributo no había entrado en vigor, pero estaba previsto cuando se aprobó que empezara a aplicar en 2024. En la redacción de la norma se dejaba a la libre elección de los ayuntamiento su aplicación o no, y hasta el pasado 28 de mayo en que se celebraron las elecciones autonómicas y locales solo Valencia había accedido a aplicarla. Entonces, el alcalde de la ciudad del Turia era Joan Ribó, de Compromís, uno de los socios del Botànic. El impuesto había surgido de un acuerdo entre Compromís, Unidas Podemos y PSPV-PSOE, y contó con el rechazó frontal no solo de los partidos de la oposición sino también de la agrupación hotelera Hosbec.
MAZÓN LLEVABA EN SU PROGRAMA ELECTORAL LA SUPRESIÓN DE ESTE TRIBUTO
Mazón siempre había descartado este impuesto por considerar que era «innecesario» el esfuerzo fiscal que se pedía a los turistas, cuando ya aportaban dinero a la comunidad a través de sus reservas, estancias, compras y gastos. El líder del PP valenciano hasta interpretaba que podía tener efectos disuasorios para que los turistas llegaran a la comunidad.
Mazón considera «innecesario» el esfuerzo fiscal que se pedía a los turistas
Cabe recordar que el impuesto supone un coste de entre 0,5 y 2 euros por turista y día, dependiendo de la calidad del alojamiento y con independencia de si era turista nacional o extranjero. Y con él se pretendía seguir la estela de ciudades como Barcelona o autonomías como la balear. Con el dinero recaudado se pretendía reinvertir en el propio sector para mejor sus servicios.
Pero este cambio va mucho más allá. No se queda en esa sola medida aprobada por el anterior ejecutivo de Ximo Puig. Mazón se ha propuesto desmantelar el legado de Puig, la mayoría de sus medidas, cambiando el impuesto sobre el Patrimonio, una de sus primeras medidas nada más llegar al Gobierno.
MAZÓN TAMBIÉN HA MODIFICADO LA LEY LINGÜÍSTICA DE PUIG
Una de las más polémicas en la época de Puig fue la norma lingüística (con la reserva del 25% del valenciano en las etapas educativas en zonas castellanohablantes), que supone cambios de calado en educación, como el retorno de las dos líneas lingüísticas frente al plurilingüismo de la ley actual, o la recuperación de un distrito único a la hora de que las familias elijan colegio o instituto.
Otra medida del Botànic fue la ley que regula la televisión y radio autonómicas para que la elección de miembros del consejo rector de ambos medios de comunicación pueda producirse por mayoría simple y no cualificada, además de incluir en el mismo un miembro de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Con el cambio de fuerzas políticas tras el 28M, el PP ahora controla la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació. De momento, esta iniciativa está parada ante las protestas de los sindicatos.
También PP y Vox van a modificar la ley de regulación del juego y prevención de ludopatía para eliminar las restricciones para que salones de juego y locales de apuestas puedan renovar sus licencias, aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo. El Gobierno autonómico de coalición ha atendido la petición de la patronal Cejuego para que no tengan que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos. Para ello PP-Vox han introducido enmiendas a la ley que acompañará a los Presupuestos de la comunidad.
Todavía falta por despejar qué hará Mazón con otras normas que Vox ya puso sobre sobre la mesa de negociación del acuerdo de gobernabilidad, como la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el ámbito autonómico o la ley de igualdad del colectivo LGTBI.
MAZÓN DEBERÁ CONCILIAR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LAS EXIGENCIAS DE VOX
También a lo largo de los próximos cuatro años Mazón deberá tomar una decisión sobre la ley de violencia de género, uno de los aspectos en los que el PP tiene más reparos. El problema es que deberán dotar de recursos este apartado. De momento, y ante las discrepancias surgidas han optado por esperar para evitar la ruptura de gobernabilidad.
Otros puntos que unen a ambos partidos son todas las políticas que quiere desarrollar Pedro Sánchez desde el Gobierno central. Al ya conocido rechazo de la ley de amnistía, deberán decidir qué hacen con la condonación de la deuda. No se puede olvidar que la Comunidad Valenciana es la segunda mayor deuda, después de Cataluña. De momento, Santiago Abascal ya ha dado la orden a sus representantes en las comunidades autónomas de que rechacen esta quita.
Algunos de los temas pendientes sobre los que PP y Vox deberán fijar posición en los próximos presupuestos autonómicos son la ampliación del Puerto de Valencia, que rechaza Compromís, o abrir una mesa de trabajo sobre el agua.
