Toda la presión en el caso Tsunami Democràtic se centra en el juez Manuel Marchena, el mismo magistrado que sentenció a los líderes del ‘procés’ a más de nueve años de prisión e inhabilitación por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. El caso Tsunami Democràtic llega al Tribunal Supremo con dos informes contradictorios de la Fiscalía, uno favorable a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo y otro, aprobado contra el criterio de la Junta Fiscal, descarta la acusación contra el líder de Junts y prófugo de la justicia.
«Aún quedan por practicar numerosas diligencias en el caso para atar la imputación de Puigdemont por terrorismo», según señalan fuentes jurídicas a este medio.
La Fiscalía aún no ha dado a conocer las razones para justificar este radical cambio de opinión en apenas 72 horas, pero ha generado una intensa discusión dentro del Ministerio Público. La versión oficial apunta que el primer informe era solo un borrador, aplaudido por una amplia mayoría de los miembros de la Junta Fiscal, y que el definitivo no se aprecia el delito de terrorismo, pero sí el de desórdenes públicos.
De hecho, este cambio de criterio de la Fiscalía ha sorprendido a las acusaciones populares y particulares del caso. «No lo esperábamos, pero mantendremos el criterio y la acusación de terrorismo», aseguran varias de ellas a MONCLOA. Asimismo, el cambio de criterio de la Fiscalía no incide en la independencia del Alto Tribunal, especialmente en Marchena, a la hora de procesar a Puigdemont por uno de los delitos más graves del Código Penal. Entre las acusaciones, al margen de la Fiscalía, se encuentran policías nacionales que vieron en peligro su vida aquel 14 de octubre.
MARCHENA Y SUS REUNIONES CON BOLAÑOS
Cabe recordar que el juez Marchena se ha reunido en al menos dos ocasiones en los últimos meses con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin que haya trascendido el contenido de esas conversaciones. Ambas se han registrado en el Ministerio de Justicia, si bien tan solo una de ellas fue pública, mientras que en la primera fue publicada en exclusiva por MONCLOA.
El encuentro se produjo un día después de los sonados varapalos judiciales al Gobierno y el mismo día en el que Bruselas ha desmentido al propio Bolaños sobre sus polémicas respecto sobre la amnistía. Asimismo, la reunión se concertó en la víspera del encuentro que tendrán PSOE y Junts en Ginebra (Suiza) con presencia del verificador.
LAS ACUSACIONES CONTRA PUIGDEMONT APUNTAN AL TERRORISMO
Ninguna de las acusaciones consultadas se ha adherido a los nuevos criterios de la Fiscalía. Es más, el nuevo informe de Fiscalía no se ha notificado a las partes implicadas. «Nos hemos enterado por la prensa», ha afirmado una de las acusaciones personadas en el caso Tsunami Democràtic. Todas ellas se han adherido a los criterios de los autos del instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Las mismas fuentes guardan respeto a las partes, pero esperan que el Supremo guarde su independencia, a pesar de la Fiscalía del Supremo. Así, muestran su estupefacción entre la contradicción de la Junta de Fiscales y el criterio del fiscal del Supremo, que previamente se había reunido con el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, antes de dar a conocer los cambios en el informe.
Para la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, Puigdemont debería sentarse en el banquillo por cometer un presunto delito de terrorismo al ser el cabecilla de Tsunami Democràtic, instigadora del bloqueo de las infraestructuras críticas con España en un nivel de alerta terrorista 4 por los atentados del 17 de agosto.
En concreto, la amplia mayoría se ha impuesto con doce votos frente a tan solo tres, cuyo criterio es acusar al líder de Junts por «desórdenes públicos». En este sentido, el pleno de los fiscales se muestra así partidario a la acusación del juez García Castellón. Son «actos de terrorismo», ha asegurado una de las acusaciones populares del caso a este medio.
LA FISCALÍA SE DESCUELGA EL CASO CONTRA PUIGDEMONT
Puigdemont habría liderado desde su residencia en Waterloo (Bélgica) los graves disturbios y bloqueos que tuvieron serias consecuencias para el tráfico aéreo, con más de 150 vuelos cancelados y decenas obligados a aterrizar ante la imposibilidad de cambiar el turno en la torre de control. Este hecho podría haber colapsado la infraestructura y puesto en riesgo cientos de vidas humanas. Asimismo, se investiga también la muerte de un ciudadano francés, quien no tuvo la asistencia sanitaria a tiempo debido, presuntamente, al bloqueo en el aeropuerto de El Prat.
Asimismo, las acusaciones apuntan también a otros dirigentes políticos y sociales, dirigidos todos ellos por Puigdemont, como Marta Rovira y Ruben Wagensberg, ambos de ERC y huidos a Suiza para eludir la acción de la Justicia. El juez ya ha enviado comisiones rogatorias y pedido a la Guardia Civil la localización del diputado que salió de España rumbo a Ginebra la pasada semana.
El fiscal del Supremo no ve delito de terrorismo tras argumentar que se atentó gravemente contra derechos fundamentales, como la vida y la libertad
La Fiscalía, a través del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, sostuvo que los hechos de octubre de 2019, alentados por Tsunami Democràtic, tenían como objetivo desestabilizar «gravemente las estructuras económicas de España, obligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña, alterando gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización, y al exigir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando para ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos, y afectando gravemente a su libertad personal». Por esta razón, pidió abrir la causa contra Puigdemont por terrorismo.
LA JUNTA DE FISCALES, MAYORÍA APLASTANTE POR TERRORISMO
En un segundo informe, muy similar al primero, el fiscal del Supremo se lo facilitó al jefe de la Sección Penal, Fidel Cadena, aduciendo que había cambiado el criterio respecto al «borrador», que en ningún caso tendría validez procesal. Todo ello, tras desgranar hasta en cinco ocasiones que los hechos de Tsunami Democràtic eran delito de terrorismo. De hecho, el juez García Castellón utiliza en el último auto judicial idénticas palabras que en el primer informe del fiscal, como la «intención de atentar gravemente contra la paz pública».
Asimismo, el fiscal señaló que Puigdemont y la plataforma se enfrentarían a un «delito de terrorismo» por haber atentado «gravemente a los derechos humanos». García Castellón, por su parte, ha asentado la causa en la violación de hasta tres protocolos y convenios para prevenir el terrorismo en la aviación civil, como el de Montreal, el del Consejo de Europa y la directiva de la UE fechada en 2017.
La llamada de Tsunami Democràtic se centró en el asalto a la torre de control de Enaire en el aeropuerto de El Prat y fue planificada por una «organización violenta», constituyendo un «grave atentado contra la paz pública». Los actos, además, atentaron «contra la libertad y la integridad física y moral de las personas». Todo ello, era una acusación clara de terrorismo, pero Redondo habló con Ortiz y tras la conversación mostró su cambio de criterio, no antes.
Para Redondo, el caso tiene ahora encaje como «desórdenes públicos», tipificado en Código Penal. Ya no hay atentado contra la vida ni tampoco contra la libertad de las personas, una algarada más, como las ocurridas en Barcelona en aquellos meses de 2019.
