San Fernando insiste a Marlaska en que les declare ‘Zona afectada gravemente’

El alcalde de San Fernando de Henares, el socialista Javier Corpa, ha vuelto a insistir al Gobierno de Pedro Sánchez, al ministro Fernando Grande-Marlaska, para que ayude a los vecinos de San Fernando afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Aunque la Comunidad de Madrid va a invertir otros 3,2 millones de euros para la contratación de emergencia de ayudas para actuaciones en varios edificios afectados, el regidor trata de llamar a todas las puertas para que ofrezcan ayuda, ya que hay 600 viviendas afectadas, se han producido 73 derribos y hay 88 familias desalojadas. De hecho, esta semana hay convocada una nueva manifestación bajo el lema ‘Una vivienda digna por una vivienda digna’.

Javier Corpa se ha reunido con la Plataforma de Afectados por Metro, la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por Metro L7B, y la Asociación de Afectados ‘Presa- Rafael Alberti’, para dar traslado de la solicitud que previa aprobación del pleno, se trasladará al gobierno, para la declaración del municipio, por parte del Consejo de Ministros, como ‘Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’, conforme a lo previsto en la ley 17/2015 de 9 julio.

SAN FERNANDO QUIERE QUE EL GOBIERNO AMPLÍE LAS AYUDAS

Así, el mandatario local ha puesto de manifiesto que, a través de la Ley 17/2015 de 9 de julio (Ley del Sistema Nacional de Protección Civil), se pedirán una serie de ayudas que puedan seguir paliando los daños generados por esta infraestructura a su paso por la ciudad. Las medidas aplicables están recogidas en el artículo 24 de dicha normativa.

«A través de esta petición al Ministerio de Interior, el Ayuntamiento busca seguir llamando a todas las puertas que puedan ofrecernos ayuda para paliar los daños originados por la Línea 7B de Metro la infraestructura a su paso por nuestra ciudad, esta es una vía que esperamos tengan en cuenta para ampliar ayudas en vecinos y a nuestra ciudad».

El regidor apunta que la Comunidad de Madrid es la administración con competencias y responsable de esta infraestructura, la que causó el daño, por eso el mandatario local ha recordado que seguirá trabajando «de la mano» de la Comunidad de Madrid, y de hecho, el Gobierno Regional acaba de darles buenas noticias.

LA COMUNIDAD AUMENTA LAS AYUDAS A LOS AFECTADOS DE SAN FERNANDO

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la pasada semana la inversión de 3,2 millones de euros para la contratación de emergencia de ayudas para actuaciones en los edificios de la calle Ventura Argumosa, Pablo Olavide y Rafael Alberti en San Fernando de Henares, afectadas por las obras de la línea 7B de Metro.

San Fernando llama a todas las puertas que puedan ofrecerles ayuda para paliar los daños originados por la Línea 7B .
San Fernando llama a todas las puertas que puedan ofrecerles ayuda para paliar los daños originados por la Línea 7B .

Con esta cuantía se amplían los 8,2 millones ya aprobados por el Ejecutivo autonómico para estos inmuebles en los últimos años. En concreto, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras continúa trabajando en la calle Rafael Alberti, 7 con labores de vigilancia, refuerzo, inspección y seguimiento de las estructuras, medidas de seguridad y salud y el realojo de los vecinos. Estas cuentan con un presupuesto de 1,2 millones y un plazo de cuatro meses.

la Comunidad de Madrid aprobó en los últimos presupuestos una dotación de 63,3 millones para actuar en la zona y prestar asistencia

Por otro lado, se demolerá parte de la edificación situada en la calle Ventura Argumosa 20, concretamente las letras A, B, C, D, E, F y G; y en la de Pablo Olavide, en los números 1, 3, 5, 7, 9 y 11, manteniendo el traslado de los afectados. Las obras, por un importe de dos millones de euros, se extenderán hasta final de año.

Estas dos nuevas acciones se inscriben dentro del Plan de Actuaciones Integrales para la línea 7B en el que el Gobierno regional lleva trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y en diálogo permanente con los ciudadanos damnificados. Además, en este sentido, la Comunidad de Madrid aprobó en los últimos presupuestos una dotación de 63,3 millones para seguir actuando en la zona y prestar la asistencia necesaria los vecinos.

Recordemos que en febrero el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó también las bases que regulan las ayudas para la reactivación de los comercios y los servicios ubicados en el entorno de las obras de la línea 7B de Metro y que se vieron afectados por las mismas sufriendo daños en sus infraestructuras y, en algunos casos, teniendo que cerrar los negocios.

LA LUCHA DE AFECTADOS POR EL METRO SE UNE A LA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

Por todo ello, la Plataforma Afectados por el Metro ha convocado para el 19 de abril una manifestación bajo el lema ‘Una vivienda digna por una vivienda digna’ que partirá a las 19.00 desde la calle Somorrostro hasta la Plaza de España del municipio, para volver a denunciar los problemas que sufren desde hace ya 17 años.

Los sindicatos que representan a los trabajadores municipales siguen negociando con el Ayuntamiento de San Fernando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «digna».
Los sindicatos que representan a los trabajadores municipales siguen negociando con el Ayuntamiento de San Fernando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «digna».

Su lucha se ha unido estos días en la calle a la de los trabajadores municipales, que siguen negociando con el Ayuntamiento una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «digna». Recordemos que un 38% de la plantilla secundó la huelga convocada los pasados 3 y 4 de abril por los sindicatos CCOO, CGT y CSIF.

Según el consistorio, la huelga arrancó con normalidad generalizada, registrándose algunas incidencias, como el bloqueo en las cerraduras de varias instalaciones municipales, que fueron reparadas a primera hora de manera inmediata. Además, todas las dependencias públicas abrieron sus puertas, a excepción de la Escuela Infantil Polichinela, que no pudo desarrollar su actividad habitual debido a la aplicación de servicios mínimos pactados con los sindicatos convocantes.