El consorcio bilateral Estado-Generalitat para canalizar inversiones entra esta semana en su tramo decisivo, y la llave la tiene Junts. Lo que parecía un trámite técnico de la comisión bilateral se ha convertido en un pulso político con tres frentes abiertos: Moncloa, el Palau y los neoconvergentes. Sin el sí de Junts, no hay consorcio. Y sin consorcio, las inversiones pactadas para Catalunya quedan en el limbo administrativo de siempre.
El esquema, tal y como ha trascendido, prevé un órgano paritario con capacidad de programar y supervisar la ejecución de las inversiones del Estado en territorio catalán. La idea no es nueva: late en el Estatut, ha sobrevivido a sentencias del Tribunal Constitucional y reaparece cíclicamente cada vez que un Govern necesita demostrar que el bilateralismo da frutos tangibles. Esta vez, la diferencia es que el president Illa ha apostado fuerte por el formato, y el reloj corre.
Por qué Junts puede tumbar el acuerdo esta semana
La aritmética es conocida pero conviene repasarla. El PSC gobierna en minoría con apoyo parlamentario de ERC y los Comuns para la investidura, pero la arquitectura institucional del consorcio requiere validación parlamentaria de aspectos que tocan competencias y mecanismos de control. Ahí Junts pesa, y mucho. La formación de Carles Puigdemont ha dejado caer en los últimos días que no firmará un cheque en blanco a un instrumento que, según fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, considera ‘insuficientemente blindado’ frente a futuros gobiernos del PP en Madrid.
El argumento de Junts tiene base. La experiencia del Parlament con comisiones bilaterales previas demuestra que su efectividad depende del color político en Moncloa. Cuando hubo voluntad, fluyeron acuerdos; cuando no la hubo, el órgano languideció. El miedo de Junts es entregar un éxito a Illa que después se desactive solo en cuanto cambien las mayorías en el Congreso. Y, de paso, regalar una foto al PSC en plena precampaña permanente.
La incomodidad del Govern y el cálculo de Moncloa
En el Palau no esconden el malestar. La consejería de Economia ha trabajado durante meses en el diseño técnico del consorcio, con el departamento de Presidència coordinando los flecos políticos con el Ministerio competente. La hoja de ruta contemplaba un primer Consell Executiu de validación seguido de un acuerdo formal en la próxima comisión bilateral. Ese calendario, según observamos, está en revisión.
Moncloa, por su parte, juega su propia partida. La Vicepresidencia económica considera el consorcio una pieza útil para ordenar la ejecución de inversiones que arrastran retrasos crónicos —Rodalies, infraestructuras hidráulicas, conexiones logísticas del puerto de Barcelona—, pero no está dispuesta a aceptar cualquier diseño. El equilibrio entre dar margen a la Generalitat y no vaciar competencias estatales es estrecho. Y en paralelo, el Gobierno central no puede ignorar que un acuerdo demasiado generoso con Catalunya tensiona inmediatamente con otras comunidades, empezando por las gobernadas por el PSOE.
Sin Junts no hay consorcio, y sin consorcio el bilateralismo Estado-Generalitat vuelve a ser una declaración de intenciones más en una legislatura que necesita resultados.
La lectura política es nítida. Illa necesita cerrar esta semana algo presentable, ERC necesita demostrar que su apoyo a la investidura produce frutos, y Junts necesita marcar perfil propio sin quedar retratado como el partido que bloquea inversiones para Catalunya. Tres necesidades cruzadas. Difícil cuadratura.
Precedentes catalanes y el riesgo de un acuerdo descafeinado
El antecedente más obvio es la comisión bilateral de la etapa Mas-Rajoy, formalmente activa pero clínicamente paralizada durante años. También está fresca la experiencia del traspaso de Rodalies, anunciado en varias ocasiones y materializado a cuentagotas. Cataluña conoce bien la diferencia entre acuerdos firmados y acuerdos ejecutados, y esa memoria pesa en el escepticismo con que partidos como Junts —e incluso sectores de ERC— miran cualquier nuevo formato bilateral.
Analizamos esta negociación con cautela. El consorcio puede ser un instrumento útil si nace con respaldo parlamentario amplio y reglas claras de gobernanza. Si nace con el apoyo justo y dependiendo del humor de cada Moncloa futura, será un envoltorio nuevo para un problema viejo. La diferencia entre una cosa y otra se decide estos días, en conversaciones que no aparecen en agenda oficial pero que marcarán el tono de la legislatura.
Hay, además, un factor que conviene no perder de vista: la financiación singular sigue pendiente, y todo lo que ocurra con el consorcio condicionará esa negociación más amplia. Si Junts bloquea ahora, ERC se verá obligada a redoblar exigencias en financiación para no quedar retratada. Si Junts cede, lo hará a cambio de algo, y ese algo tendrá factura. La próxima reunión de la comisión bilateral, prevista para las próximas semanas, será el primer test real. Antes, esta semana, hay que ver si el consorcio sale del papel.
El lunes se verá.
