El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido en los últimos meses un discurso firme contra el genocidio de Israel en Gaza. Sin embargo, esa línea política, alineada con una parte de la izquierda y con sectores del propio Ejecutivo, choca ahora con decisiones administrativas y comerciales que cuestionan su coherencia.
La última polémica gira en torno a RTVE y la adquisición de tecnología israelí. La corporación pública, que se ha negado a participar en Eurovisión por la presencia israelí, ha sacado a licitación un contrato de 1,6 millones de euros para renovar y mantener equipos de transmisión audiovisual.
El problema no es solo el importe, sino las condiciones técnicas del concurso: todo apunta a que el sistema debe integrarse con el ya existente, lo que, en la práctica, limita la competencia y favorece a un proveedor concreto.
Ese proveedor es la empresa israelí LiveU, cuyos dispositivos —conocidos como mochilas de transmisión— se utilizan desde hace años en coberturas informativas por su capacidad para emitir señal sin necesidad de unidades móviles tradicionales.
La controversia surge porque esta operación se produce en paralelo a un marco normativo que, sobre el papel, busca restringir las relaciones comerciales con Israel, especialmente en sectores sensibles. El Ejecutivo aprobó en 2025 un decreto para limitar el comercio de material de defensa y tecnologías vinculadas, en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Aunque la norma no prohíbe todas las transacciones, sí establece una voluntad política clara de distanciamiento. Ese distanciamiento, sin embargo, parece difuso en la práctica. La licitación de RTVE se suma a otras informaciones que apuntan a la continuidad de relaciones comerciales y tecnológicas con empresas israelíes, a menudo a través de intermediarios o vacíos legales. Informes independientes han señalado que, pese a los anuncios oficiales, los intercambios en materia de defensa y seguridad no se han detenido por completo, e incluso habrían aumentado en algunos ámbitos desde el inicio del conflicto.
La contradicción ha sido rápidamente señalada por los socios parlamentarios del Gobierno. Formaciones como Podemos, Sumar, ERC o EH Bildu llevan meses reclamando un embargo más amplio y transparente, que incluya no solo armamento, sino también tecnologías de vigilancia, software y cualquier producto susceptible de haber sido utilizado en el contexto del conflicto palestino.
Su posición es clara: no basta con declaraciones políticas si estas no se traducen en medidas efectivas. El malestar se agrava por el contexto internacional. España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha pedido en la Unión Europea la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, alegando violaciones del derecho internacional.
Se trata de una iniciativa de gran calado político, aunque con escasas probabilidades de prosperar a corto plazo debido a la falta de unanimidad entre los Estados miembros. Aun así, refuerza la imagen de un Gobierno que quiere situarse en la vanguardia de la presión diplomática contra Israel. En ese escenario, decisiones como la de RTVE resultan especialmente incómodas.
No solo porque afectan a la credibilidad del Ejecutivo, sino porque se producen en una institución pública que, en otros ámbitos, ha adoptado posiciones claramente críticas con la actuación israelí. Esa dualidad —firmeza ética por un lado, continuidad operativa por otro— refleja las tensiones internas del Gobierno.
Denuncias
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha vuelto a poner en cuestión la política del Gobierno respecto a Israel. En su último informe, titulado Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel, concluye que el Real Decreto-ley aprobado en septiembre de 2025 ha tenido un impacto muy limitado sobre los vínculos militares entre ambos países.
Según el estudio, la norma deja amplios márgenes para mantener estas relaciones. Por un lado, permite excepciones que debilitan el alcance del embargo. Por otro, señala que existen mecanismos para sortear las restricciones, como operaciones triangulares a través de países de la Unión Europea. Además, el decreto no contempla medidas claras sobre contratos ya adjudicados a empresas israelíes, sus filiales en España o consorcios en los que participan.
El informe identifica al menos 35 contratos que siguen vigentes pese al anuncio del embargo. A ello se suma un hecho significativo: apenas tres meses después de la aprobación del decreto, el Consejo de Ministros autorizó una excepción que permitía transferencias de material de defensa y productos de doble uso vinculados a Israel. Para el Centre Delàs, estos elementos evidencian una brecha entre el discurso político y la práctica real.
