EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Portugal ha anunciado este jueves la activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad para cubrir los costes energéticos adicionales derivados de la crisis en Irán.
- ¿Quién está detrás? El ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento, confirmó la decisión a su llegada al Eurogrupo en Luxemburgo, con el respaldo de la Comisión Europea.
- ¿Qué impacto tiene? Lisboa podrá aumentar el gasto público sin ser sancionada, y abre la puerta a que otros países del sur de Europa, como España o Italia, sigan el mismo camino.
Portugal ha formalizado este jueves un movimiento que hacía semanas se intuía en los pasillos del Berlaymont: la activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para esquivar las multas por exceso de gasto público motivado por la crisis energética. El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, lo confirmó a su llegada al Eurogrupo en Luxemburgo. “La Comisión entiende que debe crear ahora una cláusula de excepción, como hizo con las normas sobre el gasto en defensa. Nosotros compartimos esa decisión, activaremos esa cláusula igual que la activamos para la defensa”, declaró.
La cláusula de salvaguarda —el mecanismo recogido en el artículo 25 del Reglamento (CE) 1466/97 que permite a un Estado miembro desviarse temporalmente de la senda de ajuste fiscal ante un evento inusual fuera de su control— fue ya utilizada en 2020 para blindar las ayudas pandémicas y recientemente ampliada para acomodar el gasto militar. Ahora, Portugal la reivindica para la factura energética.
Lisboa se ampara en un contexto de precios de la electricidad y el gas que han vuelto a tensionar las economías del sur europeo, principalmente por el contagio del conflicto en Oriente Medio. Según el Fondo Monetario Internacional, Portugal es el quinto país de la UE que más ayudas concede en proporción a su PIB. Con esta cobertura legal, el Gobierno luso aspira a aumentar el gasto público sin que Bruselas lo considere una infracción de las reglas fiscales.
Un cheque en blanco con doble filo para las cuentas públicas
La activación de la cláusula de escape coloca a Portugal en una posición ventajosa a corto plazo, pero no exenta de riesgos. La Comisión Europea aún no ha emitido una opinión formal —se espera una carta de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en los próximos días—, pero fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com apuntan a que el margen será similar al de la cláusula de defensa: unos dos años de flexibilidad total antes de tener que presentar un plan de retorno a la disciplina fiscal.
El Ejecutivo portugués, liderado por Luís Montenegro, confía en que este balón de oxígeno le permita reforzar las ayudas a hogares y empresas sin desviar el déficit más allá del 3 % del PIB, siempre que el sobrecoste se circunscriba exclusivamente a la partida energética. El problema, advierten los halcones fiscales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca—, es que la línea entre gasto energético y gasto social es extremadamente fina, y el precedente que sienta Lisboa puede ser replicado por Roma, Atenas o Madrid.
La cláusula de salvaguarda es una red de seguridad pensada para crisis de oferta, pero su uso repetido la convierte en un atajo político cada vez que las cuentas aprietan.
La lectura estratégica desde Moncloa: ¿seguirá España los pasos de Portugal?
En el Palacio de La Moncloa se sigue el movimiento con enorme interés. España ha sido, junto a Italia, uno de los países que más ha presionado en el Consejo Europeo para flexibilizar las reglas fiscales ante la emergencia energética, y la decisión portuguesa les da un argumentario de peso. “Si Bruselas no objeta la activación unilateral de Lisboa, será difícil negárselo a Madrid”, señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. El Gobierno español tiene en el cajón un expediente similar, pero prefiere esperar a ver la reacción de la Comisión antes de mover ficha.
La diferencia entre los dos vecinos ibéricos es el volumen de la deuda. Portugal cerró 2025 con una deuda pública del 98 % del PIB, mientras que España roza el 105 %, lo que la coloca bajo un escrutinio más severo por parte del Mecanismo de Alerta de la Comisión. Aun así, en el Ejecutivo español creen que la justificación del gasto energético sobrevenido es igual de sólida y que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta a “una interpretación generosa del Pacto” en las últimas cumbres.
El Eje del Poder Europeo
La activación de la cláusula de salvaguarda por parte de Portugal no es un hecho aislado: es un síntoma de la fractura que recorre el Pacto de Estabilidad desde que la pandemia y la guerra en Ucrania demostraron que la ortodoxia fiscal no resiste dos crisis seguidas. El eje franco-alemán, tradicional guardián de la disciplina, observa con preocupación cómo los países del sur ensanchan los resquicios legales. París y Berlín comparten el recelo, pero con matices: Francia, con una deuda del 112 % y una factura energética disparada, necesita un poco de manga ancha; Alemania, en cambio, insiste en que la regla del 3 % sigue siendo el ancla de la eurozona y teme que un nuevo alud de gasto energético desate otra ronda de subidas de tipos del BCE.
Precisamente el Banco Central Europeo ha sido el otro protagonista de la jornada. Miranda Sarmento criticó con dureza la reciente subida de tipos de Fráncfort: “No era absolutamente necesaria”, afirmó, en un ataque inusual a la independencia del banco central. El BCE ya había advertido de que la crisis energética actual, aunque diferente a la de 2022, genera presiones inflacionistas de segunda ronda que justifican un mayor control monetario. Estas dos visiones —la del Gobierno luso, que pide estímulo, y la del BCE, que teme inflación— ilustran la esquizofrenia actual de la política económica europea.
Para España, el impacto es doble. Por un lado, el precedente portugués legitima una posible activación de la cláusula de escape en el futuro inmediato, lo que suavizaría la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y permitiría mantener intactas las partidas de las transferencias sociales. Por otro, la reacción del BCE amenaza con encarecer la financiación de la deuda española justo cuando el Tesoro afronta los vencimientos más abultados del año. Mientras tanto, los halcones del norte ya hablan abiertamente de “abuso de la flexibilidad” y piden a la Comisión que fije criterios estrictos antes de que Roma y Madrid sigan la estela de Lisboa. La próxima cita del Eurogrupo, prevista para principios de julio, será el campo de batalla donde se medirá hasta dónde está dispuesto a ceder Bruselas.
