Vox ha recurrido este lunes ante la Audiencia Nacional la adjudicación del nuevo canal de TDT ‘La Séptima’ al consorcio SIETE, por entender que la resolución del Consejo de Ministros del pasado 26 de mayo vulnera los principios básicos de las adjudicaciones y concesiones públicas. El partido político, a través de su representación procesal, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que otorgó la licencia a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL, participada por Global Alconaba y vinculada al grupo de accionistas de Prisa.
Las razones de Vox: una adjudicación que no se ajusta a derecho
El texto del recurso, al que ha tenido acceso MONCLOA, impugna la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que publicó el acuerdo del Ejecutivo. Según Vox, el procedimiento de concurso público no habría respetado el principio de igualdad de trato ni los requisitos de transparencia exigibles a una concesión de esta naturaleza. ‘La adjudicación no se ajusta a derecho porque el pliego de condiciones se elaboró de forma tal que solo un operador concreto podía cumplir todos los requisitos’, señalan fuentes de la formación.
El escrito subraya, además, que la valoración de las ofertas careció de la motivación suficiente y que se ignoraron criterios objetivos que hubieran podido favorecer a otros licitadores. Para Vox, la operación encaja en un patrón de favoritismo hacia medios afines al Gobierno que el partido denuncia desde hace meses. ‘No es una televisión neutral, es una televisión del entorno de Sánchez’, han asegurado en la sede nacional.
Impacto inmediato y posibilidades reales del recurso
La admisión a trámite del recurso no suspende automáticamente los efectos de la adjudicación, pero sí obliga a la Administración a remitir el expediente completo y a defender la legalidad del procedimiento. La Audiencia Nacional deberá ahora pronunciarse, aunque los plazos judiciales hacen difícil que exista una sentencia antes de que la nueva cadena comience sus emisiones el próximo 5 de noviembre.
La proximidad del inicio de las emisiones añade una presión añadida: si el tribunal apreciase indicios de irregularidad, podría acordar medidas cautelares que paralizasen la puesta en marcha de La Séptima. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas consideran que tal escenario es poco frecuente en fases iniciales del procedimiento, salvo que se acredite un daño irreparable.
Desde el grupo parlamentario de Vox, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la adjudicación como ‘una maniobra para consolidar el control mediático del Gobierno’ y ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro de Transformación Digital en la cámara para que dé explicaciones sobre los criterios del concurso.
El movimiento estratégico: Vox traslada la batalla judicial al terreno mediático
Con este recurso, Vox amplía su oposición más allá del Congreso y sitúa la política de concesiones audiovisuales bajo escrutinio judicial. El partido ha convertido la defensa de la pluralidad informativa en uno de sus ejes de legislatura, y utiliza los tribunales como herramienta de control frente a lo que considera un ‘colonialismo mediático’ del Ejecutivo.
La elección de la Audiencia Nacional como instancia no es casual: se trata del órgano competente para fiscalizar los actos del Consejo de Ministros en materia de telecomunicaciones. Vox ya ha recurrido en otras ocasiones decisiones del Gobierno que considera arbitrarias, como la gestión de fondos europeos o los indultos a líderes independentistas, aunque con resultados dispares. En esta ocasión, el partido confía en que la documentación del proceso de licitación revele las ‘cláusulas a medida’ que denuncia.
Más allá del resultado judicial, la presentación del recurso permite a Vox mantener la presión política sobre el Gobierno y sobre el Partido Popular, que hasta ahora ha guardado silencio sobre la adjudicación. La formación que lidera Santiago Abascal busca así marcar perfil propio y demostrar que sigue siendo la única fuerza que planta cara al ‘gobierno de las cesiones’ también en el terreno de la comunicación.
El recurso de Vox no solo cuestiona la legalidad de la licencia: pone el foco sobre la transparencia de las concesiones televisivas y la necesidad de garantizar una información verdaderamente plural en España.
