La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunieron el 11 de septiembre de 2026 en Madrid para coordinar la actuación sobre los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. Según la nota de prensa publicada por La Moncloa, ambas instituciones han coincidido en que cualquier medida debe preservar el interés superior de los niños y niñas y el pleno ejercicio de sus derechos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La ministra y la fiscal general han fijado una posición común sobre la protección de los menores migrantes no acompañados en Ceuta, sin aprobar una norma nueva, pero reforzando el criterio del interés superior del menor.
- ¿Quién lo ha decidido? El Ministerio de Juventud e Infancia y la Fiscalía General del Estado, en una reunión institucional celebrada el 11 de septiembre de 2026.
- ¿A quién afecta? A los menores migrantes no acompañados que están en la ciudad autónoma de Ceuta y a las administraciones responsables de su acogida, atención y escolarización.
La coordinación institucional entre el Ministerio y la Fiscalía
El encuentro se celebró en la sede de la Fiscalía General del Estado. Según la nota oficial, ambas responsables analizaron las vías para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Ceuta.
En ese marco, Rego y Peramato insistieron en que el ordenamiento español e internacional obliga a asegurar que cualquier actuación que afecte a estos menores tenga como prioridad el interés superior del menor. La fórmula, recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño, es la referencia que las dos instituciones sitúan por delante de cualquier otra consideración administrativa o territorial.
La ministra Rego defendió la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la península. Según sus palabras, esa medida contribuiría a garantizar condiciones adecuadas para su atención y bienestar y, al mismo tiempo, permitiría aliviar la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
Durante la reunión también se abordaron las dificultades para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos, expuestas en distintas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. La nota no concreta plazos ni expedientes, pero sí sitúa esta cuestión entre los obstáculos que condicionan la salida de los menores del sistema de acogida.
La cita se produce en un contexto de atención sostenida sobre los recursos de acogida de Ceuta, aunque la nota de La Moncloa no detalla cifras de ocupación ni el número de menores atendidos.
La prioridad compartida es que cualquier actuación sobre menores migrantes no acompañados se someta al interés superior del menor y al pleno ejercicio de sus derechos.
Rego añadió que la respuesta debe contar con la corresponsabilidad del conjunto de las administraciones públicas. La ministra no citó expresamente a la ciudad autónoma, pero su intervención apunta a un reparto de responsabilidades que evite concentrar toda la presión asistencial en Ceuta.
La protección frente a la violencia y la reforma de la LOPIVI
La reunión incluyó un segundo bloque sobre protección de la infancia frente a la violencia. Ambas abordaron los avances y retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección, así como la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que garanticen entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, las dos responsables trataron la modificación de la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), aprobada recientemente en el Consejo de Ministros. La reforma, según la ministra, busca reforzar las garantías de protección y contempla medidas como la garantía efectiva de que los niños y niñas sean escuchados con independencia de su edad y la prohibición expresa del denominado síndrome de alienación parental.
El Marco Educativo
La coordinación entre el Ministerio de Juventud e Infancia y la Fiscalía General del Estado se apoya en un marco normativo que une protección y educación. La LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio) fija las garantías de protección frente a la violencia, mientras que el derecho a la escolarización de los menores, incluidos los migrantes no acompañados, se reconoce en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la LOMLOE.
En el plano competencial, la atención a la infancia migrante implica a la ciudad autónoma de Ceuta, que ejerce funciones en servicios sociales y educación, y al Estado, que conserva la regulación básica de extranjería, infancia y ordenación educativa. En materia educativa, la escolarización efectiva exige plazas, acompañamiento lingüístico y atención a la diversidad, condiciones que dependen de la cooperación entre administraciones.
La nota de La Moncloa no detalla plazos ni cifras de menores afectados, por lo que la proyección inmediata queda abierta a la tramitación parlamentaria de la reforma de la LOPIVI y al avance de la corresponsabilidad que reclama el Ministerio. Tampoco se concreta un calendario de traslados desde Ceuta, lo que sitúa la acogida en la península como una posición política pendiente de desarrollo normativo y presupuestario.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La ministra de Juventud e Infancia y la fiscal general del Estado han fijado una posición común sobre la protección de los menores migrantes no acompañados en Ceuta.
- Por qué importa: Porque establece el interés superior del menor como criterio rector de todas las actuaciones y defiende la distribución territorial de la acogida como vía para aliviar la presión sobre Ceuta.
- A quién le importa: A los menores migrantes no acompañados, a sus familias y a las administraciones con competencias en acogida, protección y escolarización.
