Estados Unidos y Arabia Saudí han dado un paso más en su cooperación nuclear con la firma de un acuerdo que, a diferencia del suscrito con Emiratos Árabes Unidos en 2009, no exige la renuncia expresa al enriquecimiento de uranio ni al reprocesamiento del combustible gastado. El pacto, conocido como Section 123 Agreement, según ha informado la cadena RT, fue rubricado por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, y queda pendiente de la revisión del Congreso de Estados Unidos, donde podría ser bloqueado durante los próximos 90 días.
Los términos del acuerdo Section 123: entre la cooperación y la opacidad
El documento suscrito no obliga a Washington a transferir tecnologías sensibles de forma automática, pero establece el marco jurídico para que empresas estadounidenses participen en el programa nuclear saudí y suministren equipos, componentes y materiales. La gran diferencia con otros pactos similares —como el firmado con Emiratos Árabes Unidos, que renunció voluntariamente al enriquecimiento— es que Riad no ha aceptado las mismas restricciones. Tampoco se ha adherido al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un mecanismo que amplía las inspecciones y permite detectar actividades nucleares no declaradas.
Este vacío es la clave de la controversia. Al no renunciar por escrito al enriquecimiento o al reprocesamiento, Arabia Saudí se reserva la opción de desarrollar un ciclo de combustible propio, algo que, aunque sea para fines pacíficos, puede acortar drásticamente el camino hacia una capacidad militar. La administración Trump insiste en que el acuerdo incluye un mecanismo bilateral de salvaguardias, pero los detalles técnicos no obligan al reino a someterse a la verificación adicional del Protocolo Adicional del OIEA, lo que reduce la transparencia del programa.
La firma no es una sorpresa repentina. Las negociaciones culminaron en otoño de 2025 y en noviembre de aquel año el Departamento de Energía estadounidense anunció la conclusión de un memorando conjunto. Ahora, tras la rúbrica y antes de su plena entrada en vigor, el acuerdo debe superar una revisión de aproximadamente 90 días en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores demócratas y algunas voces republicanas podrían intentar frenarlo alegando riesgos para la no proliferación.
Washington está aceptando en Riad tecnologías que en Teherán considera una amenaza intolerable.
El precedente con Irán y el riesgo de una cadena de proliferación en Oriente Próximo
El príncipe heredero Mohammed bin Salman ya vinculó en 2018 el futuro nuclear de su país al de Irán: “Si ellos la desarrollan, nosotros la obtendremos lo antes posible”. Este condicionante convierte el programa saudí en un seguro geopolítico más que en una simple fuente de energía. De hecho, Arabia Saudí tiene razones económicas sólidas —diversificar su matriz energética, reducir el consumo doméstico de petróleo para exportación y cumplir con los objetivos de la Visión 2030—, pero la ausencia de compromisos fuertes de no proliferación deja la puerta abierta a una escalada militar si la situación regional se deteriora.
El paralelismo con Irán es inevitable. Durante años, la comunidad internacional ha sancionado y presionado a Teherán por enriquecer uranio sospechando que se trataba de un paso hacia la bomba. Ahora, Estados Unidos permite que su aliado saudí explore exactamente las mismas tecnologías. Esta doble vara erosiona la credibilidad del régimen de no proliferación y puede alentar a otros países —Turquía, Egipto, Argelia— a buscar capacidades similares bajo argumentos de seguridad o desarrollo económico.
Israel, que mantiene una política de ambigüedad nuclear y tradicionalmente ha rechazado cualquier enriquecimiento en la región, ya ha criticado el acuerdo. Incluso si la normalización diplomática entre Riad y Tel Aviv se reactivara, es difícil imaginar que Israel acepte una infraestructura susceptible de uso dual sin garantías adicionales que hoy no están sobre la mesa. Y la Casa Blanca, al separar el pacto nuclear de un hipotético reconocimiento de Israel, ha priorizado sus intereses comerciales y estratégicos frente a la estabilidad regional.
Equilibrio de Poder
Para Estados Unidos, el cálculo es doble. Por un lado, la industria nuclear estadounidense compite con Rusia y China por contratos multimillonarios en el Golfo. Sin un acuerdo Sección 123, sus empresas quedan excluidas de ese mercado. Por otro, la administración Trump teme que unas condiciones demasiado restrictivas empujen a Riad hacia Moscú o Pekín, que ofrecen una cooperación nuclear más flexible. Así, la Casa Blanca ha optado por un enfoque pragmático que podría debilitar las salvaguardias internacionales.
Para España, las consecuencias no son lejanas. Un Oriente Medio nuclearizado o en plena carrera tecnológica tiene efectos directos sobre el precio del crudo y del gas, de los que la economía española sigue siendo muy dependiente. Además, un efecto dominó en el Mediterráneo —si países como Egipto o Argelia perciben el acuerdo como un permiso tácito para enriquecer— crearía nuevos focos de inestabilidad en la frontera sur de Europa, justo cuando España ya lidia con la presión migratoria y los conflictos en el Sahel. La presencia de bases como Rota y Morón, y el papel de Madrid como enlace con la OTAN, podrían cobrar una relevancia renovada si la tensión se traslada al Magreb.
A largo plazo, el riesgo no es que Arabia Saudí fabrique una bomba de inmediato. La amenaza real es que acumule, en silencio, la infraestructura dual necesaria para dar el salto en cuestión de semanas si la situación lo exige. Exactamente el mismo camino que algunos analistas atribuían a Irán hace una década. Y eso, en una región donde la desconfianza es estructural, reduce el tiempo de reacción y aumenta las posibilidades de error de cálculo. El principal perdedor es el régimen de no proliferación, cuyo debilitamiento abre un ciclo de inseguridad cuyas consecuencias, para España y para toda Europa, apenas empezamos a esbozar.
