La investigación sobre las adjudicaciones de Obras del MITMA dentro de una pieza separada del Caso Koldo que tiene como principal imputado a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha dado un paso más allá que ha sembrado de inquietud a los ex directivos de la constructora Acciona imputados. El primero ha sido Fernando Agustín Merino Vera, ex delegado de Acciona en la zona norte de España. Una de sus empresas, MER Construcción y Mantenimiento, ha llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción y del juez, que mediante un auto pide a la Agencia Tributaria, en concreto a la Oficina Antifraude (ONIF) para que inspeccione los impuestos declarados por esta empresa durante los años 2021, 2022 y 2023.
La petición ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que investiga el caso, partió de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó»que, en tanto se trata de empresa adjudicatarias de contratos de obra pública investigados en el presente procedimiento y resulta de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento, se interesa sea librado oficio a la AEAT-ONIF a efectos de que sea remitida copia completa de los expedientes seguidos a MER Construcción, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) de los expedientes seguidos por impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023″.
Las dos últimas fueron beneficiarias de contratos públicos del Ministerio de Transportes (MITMA) en la época de José Luis Ábalos y por eso ya estaban bajo la lupa de los investigadores. Pero MER Construcción, propiedad de Fernando Agustín Merino, imputado en la causa, es la primera vez que aparece en el foco de la Fiscalía. La empresa fue entre 2020 y 2026 adjudicataria de ocho contratos de obras públicas con ayuntamientos de Andalucía y Asturias. La más importante es de abril de 2026, concedida por el Ayuntamiento de Navia para la «impermeabilización y eliminación de humedades de la plaza de abastos de Navia», por 307.000 euros.
La empresa, dedicada a la «intermediación y coordinación en la prestación de servicios relativos al estudio y asesoramiento, redacción de proyectos, control, ejecución y desarrollo de todo tipo de obras, tanto privada como pública, así como al asesoramiento técnico en ingeniería, medioambiente y seguridad laboral en la construcción».
Según los últimos datos del Registro Mercantil comenzó su actividad el 24 de febrero de 2020, tiene 31 empleados y en el año 2024 declaró ventas por valor de 1.576.744 €, mismo año en que amplió su capital en 35.000 euros.
El 21 de julio de 2026 se dio traslado a la Fiscalía del oficio «del Área de Evaluación, Comprobación e Inspección de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana en el que se participa que en dicho organismo se presentó denuncia relativa a la ausencia de liquidación del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Albal y Adif dando lugar a la apertura del expediente nº (…). En fecha 25.07.2025 se remitió por dicho organismo a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los expedientes administrativos tramitados en el mismo, entre el que se encuentra el expediente (…), solicitando, asimismo, que se informe si los hechos objeto de dichos expedientes están siendo investigados en sede judicial».
A su vez, el fiscal emitió un informe por el que solicitaba que «se libre oficio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que sea remitido, si les consta, testimonio del expediente indicado por el órgano administrativo Área de Evaluación, Comprobación e Inspección de la Agencia Valenciana Antifraude relativo “a la ausencia de liquidación del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Albal y Adif”, indicándose que con fecha de 25 de julio de 2025 fueron remitidos a la Sala de lo Penal del TS los expedientes relativos a dicha cuestión, si bien no consta en el testimonio remitido por el Excmo. Sr Instructor de la Causa Especial 20775/2020 incorporado al presente procedimiento».
El caso Cerdán
El Caso Cerdán es una pieza separada del procedimiento general del Caso Koldo y en la misma se investiga la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro, José Luis
Ábalos Meco, como su entonces asesor Koldo García Izaguirre.
Concretamente, «estas actuaciones se habrían llevado a cabo en favor, entre otras mercantiles, de Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadios (OP) conforme consta en el informe 96/25, de 5 de junio de 2025
presentado en la Causa Especial 20775/20, seguida en la Sala de lo Penal del TS, así como al Auto de 23 de junio de 2025 del Alto Tribunal», dice el juez Ismael Moreno en su auto.
El auto de Moreno dentro de la Causa Cerdán recoge también que «los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del MITMA: ADIF y la Dirección General de Carreteras, siendo Isabel Pardo de Vera Posada como Presidenta de ADIF y Javier Herrero Lizano, como Director General de Carreteras, cada uno dentro de su ámbito de actuación, los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas».
Y añade que «en el presente caso, no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, (…) y delitos contra la Administración Pública: cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de aquellos otros que se puedan determinar en el curso de la investigación; lo que nos determina que estamos ante delito grave, dada la cuantía de pena que exige esta calificación. Así se deduce de los sólidos indicios que son facilitados por la policía judicial como consecuencia de su previa labor investigadora que nos aportan elementos de convicción de la suficiente entidad como para superar este primer juicio ponderativo».
Pero el dictamen del ministerio fiscal versaba sobre las empresas MER Construcción, vinculada a Fernando Agustín Merino Vera (Acciona), LIC y OPR fueron adjudicatarias de contratos de obra pública investigados en la presente causa y siendo de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente investigación, se hace necesario obtener copia completa de los expedientes seguidos a dichas mercantiles por los impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 y, por consiguiente, librar oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria- ONIF a fin de que remita los expedientes referidos para poder efectuar el descubrimiento y comprobación de la comisión de la infracción penal».
Por eso el juez considera que «a la vista de las razones expuestas estimándose la diligencia solicitada por el Ministerio Fiscal útil y pertinente, en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar procede en la forma que se dirá acordar la expedición mandamientos judicial a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-ONIF a fin de que facilite los expedientes solicitados relacionados en los antecedentes de hecho de esta resolución, entregándose los mandamientos a los instructores de las diligencias de investigación como comisionados de este órgano judicial para que contacten dicha entidad, integrando posteriormente en diligencias todas las informaciones que puedan recabarse».
Agencia valenciana Antifraude
Asimismo, continúa el auto del juez Moreno, «toda vez que el testimonio remitido por el Excmo. Sr Instructor de la Causa Especial 20775/2020, incorporado al presente procedimiento no figura el expediente al que hace mención la Agencia Valenciana Antifraude, procede librar oficio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que sea remitido, si les consta, testimonio del expediente indicado por el órgano administrativo Área de Evaluación, Comprobación e Inspección de la Agencia Valenciana Antifraude relativo “a la ausencia de liquidación del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Albal y Adif”, al indicarse por el mismo que con fecha de 25 de julio de 2025 fueron remitidos a dicha la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los expedientes relativos a dicha cuestión».
Por eso, se expide un mandamiento judicial a la ONIF «a fin de que proceda a remitir a este órgano judicial a la mayor brevedad posible, copia completa de los expedientes seguidos a las mercantiles MER Construcción, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), por impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023».
El juez comisiona «a los agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, (UCO), como unidad encargada de la presente investigación para el diligenciado del mandamiento y a quien se remitirá directamente dicha información integrando posteriormente en diligencias todas las informaciones obtenidas. El
resultado de los análisis efectuados sobre la documentación laboral, fiscal, tributaria, y financiera, solicitadas en el marco de presente procedimiento, deberá aportarse a este órgano judicial».
