Confieso que cuando leí la noticia, pensé en una de esas cámaras secretas de las películas de espías de los noventa: puertas que se sellan al toque de un botón, una mesa de conferencias en lugar de estrados y los emblemas de las agencias de inteligencia colgados en el pasillo. El Tribunal de Terroristas Extranjeros de Estados Unidos (ATRC, por sus siglas en inglés) acaba de despertar de un letargo de tres décadas con un caso tan blindado que solo se conoce su carátula. La solicitud, presentada el 15 de julio por la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, es el primer expediente que recibe esta corte especial desde que se creó en 1996, en plena resaca del atentado de Oklahoma City.
La reactivación llega en un momento políticamente explosivo. La administración Trump lleva meses buscando herramientas legales para acelerar las deportaciones de extranjeros señalados por actividades terroristas. Y, de repente, de entre los rincones más polvorientos del edificio del Departamento de Justicia, emerge la solicitud de de la División de Seguridad Nacional. Tan clasificada que ni siquiera sabemos el nombre del acusado.
Un tribunal que dormía el sueño de los justos
El ATRC nació de un atasco judicial que parecía no tener salida. En 1987, el Servicio de Inmigración detuvo en Los Ángeles a ocho palestinos sospechosos de recaudar fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La jueza de inmigración se negó a aceptar pruebas clasificadas que los agentes no podían mostrar a los acusados. Aquel bloqueo hizo descarrilar la deportación y dio origen a la idea de un tribunal capaz de manejar material secreto sin vulnerar el derecho de defensa. Nueve años después, el Congreso aprobó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva y creó el ATRC.
Durante treinta años, cinco jueces federales designados por el presidente del Tribunal Supremo esperaron un caso que nunca llegó. El exjuez Alfred Wolin, uno de los primeros en integrar el tribunal, confesó recientemente que un alto funcionario judicial le explicó que «el FBI bloqueó cualquier caso que se nos enviara». La corte permaneció tan inactiva que Benjamin Wittes, el periodista que la visitó en 1996, la comparó con la cámara de una película de espías y luego la llamó el tribunal «Rip Van Winkle».
La solicitud está tan blindada que solo se conoce su carátula; ni siquiera sabemos el nombre del acusado.
Todo cambió el 15 de julio de 2026. La División de Seguridad Nacional, encabezada por un fiscal con acceso a los programas de vigilancia más sensibles, presentó la primera solicitud. El mismo día apareció la portada en la recién estrenada web del tribunal, con datos tachados a conciencia. Una semana después, la jueza jefe del ATRC, Joan Ericksen, exigió información complementaria antes de decidir si admitía el caso a trámite. El 23 de julio, el gobierno entregó los materiales suplementarios y el tribunal volvió a actualizar su sitio web con una sola página más: la carátula de la respuesta bajo el mismo manto de tinta negra.
Así funciona el ATRC: el arte de juzgar sin revelar secretos
El procedimiento, regulado por la AEDPA, es una mezcla de proceso penal clásico y cámara de inteligencia. El fiscal general o su adjunto certifican que existen indicios suficientes para considerar al acusado un «terrorista extranjero» y que un procedimiento migratorio ordinario pondría en riesgo la seguridad nacional. Después, un juez del ATRC revisa en privado si se dan las tres condiciones: que el sujeto sea extranjero, que esté vinculado al terrorismo y que represente un peligro inminente. Todo a puerta cerrada, sin defensa presente.
Si el juez estima que hay causa probable, se emite una orden de detención y se inicia la fase más delicada: la gestión de la prueba clasificada. El gobierno debe elaborar un resumen no secreto de las evidencias y entregarlo al acusado. Si ese resumen, a juicio del juez, no es suficientemente completo para preparar la defensa, el proceso de expulsión se paraliza. Pero existe una excepción que hace saltar todas las alarmas: cuando la fiscalía demuestre que la divulgación del resumen causaría un daño grave a la seguridad nacional, puede emplear las pruebas clasificadas sin que el acusado sepa jamás de qué se le acusa.
La excepción de «daño irreparable» permite usar material secreto sin que el acusado conozca nunca las pruebas en su contra.
El acusado cuenta con un abogado designado que posee habilitación de seguridad y puede examinar parte del material clasificado. Pero la ley castiga con una pena mínima de diez años de cárcel a cualquier letrado que revele el contenido al defendido. Es un equilibrio macabro entre el derecho a la defensa y la protección de fuentes de inteligencia.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Lo veo con la cautela de quien ha seguido de cerca los vericuetos del espionaje judicial desde los tiempos de la FISA. El ATRC es, en esencia, un FISA para inmigración: un tribunal secreto, con pruebas que nunca ve el acusado y donde el control judicial queda en manos de un puñado de jueces. En un momento en que la Casa Blanca presiona para acelerar las deportaciones, la reanimación de este tribunal olvidado no puede leerse como una coincidencia. Ya advertí en El quinto elemento que «el próximo 11S empezará con un clic», pero también puede comenzar con un expediente que nadie ve.
Desde el punto de vista operativo, el vector de amenaza que subyace a esta reactivación es una infiltración HUMINT. Todo apunta a que la información clasificada que sostiene la solicitud del DOJ procede de fuentes humanas —quizá un agente encubierto dentro de una célula terrorista— cuyo compromiso sería letal para la seguridad nacional si se revelara. Así lo sugiere la extrema opacidad del expediente: no se protegen solo programas técnicos, sino vidas de agentes sobre el terreno. Las agencias implicadas son, en el bando ofensivo, la División de Seguridad Nacional del DOJ; en el defensivo, el propio tribunal y, paradójicamente, el acusado; como terceros interesados, la CIA y el FBI, cuyas fuentes quedan blindadas, y una opinión pública que apenas atisba lo que ocurre dentro de la cámara acorazada de Washington.
El nivel de clasificación estimado de los materiales es, sin duda, Top Secret. Solo así se explica que un documento judicial se reduzca a una portada y que la jueza pida más información sin que trascienda ni una línea. En treinta años de seguimiento del oficio, he visto cómo los tribunales secretos se convierten en cajas negras que acaban devorando derechos. El precedente del L.A. Eight nos recuerda que las pruebas clasificadas pueden utilizarse para obtener condenas —o deportaciones— sin que el reo sepa nunca qué le golpeó. Y, sin embargo, también sé que a veces no hay más remedio que aceptar cierto grado de secreto para proteger fuentes humanas en la lucha contra el terrorismo.
En España, el CNI maneja con regularidad información sensible en procedimientos de extradición, siempre bajo el paraguas de la Audiencia Nacional. Pero el caso del ATRC me hace preguntarme cuánto falta para que en Europa surjan tribunales similares cuando la presión migratoria se mezcle con el miedo al terrorismo. La Comisión Europea ya debate la posibilidad de crear una cámara de inteligencia para casos de expulsión de combatientes extranjeros retornados. El espejo del ATRC nos devuelve una imagen incómoda: el secreto, cuando se judicializa, se vuelve institucional y difícil de revertir.
El futuro inmediato del tribunal depende de lo que decida la jueza Ericksen en las próximas semanas. Si admite el caso, el Departamento de Justicia habrá añadido una herramienta nueva —y muy oscura— a su arsenal migratorio. Si lo rechaza, el ATRC volverá a su letargo y la noticia quedará como un aviso para navegantes de lo que pudo ser. Cualquiera de los dos escenarios define una encrucijada para la contrainteligencia democrática. Permítame usted una reflexión final: quizá el mayor riesgo no sea tanto que el tribunal se use de forma abusiva, sino que nos acostumbremos a que los tribunales funcionen sin que la sociedad sepa cómo.
