Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una red de grafiteros multirreincidentes que actuaban contra trenes de FGC, Rodalies y metro de Barcelona, con un balance de diez detenidos, nueve denunciados y daños tasados por encima de los 377.000 euros. La cifra, comunicada este domingo, sitúa el episodio entre los más costosos de los últimos años en el transporte ferroviario catalán.
La operación, según ha avanzado Metrópoli Abierta, ha contado con la implicación directa de las áreas de investigación territorial de Mossos y la colaboración de los servicios de seguridad de los tres operadores afectados. No es una redada puntual. Es el resultado de meses de seguimiento.
Una factura de 377.000 euros que pagan los operadores y, en última instancia, los usuarios
El daño no se limita al coste de la limpieza. Cada vagón pintado obliga a retirar el convoy de servicio, lo que reduce frecuencias y genera retrasos en líneas que ya operan con holgura justa. Los 377.000 euros estimados incluyen reparación, productos químicos especializados y horas de taller, según fuentes consultadas por esta redacción en operadores ferroviarios catalanes.
FGC, Rodalies y TMB llevan años denunciando que el grafiti reincidente sobre material rodante no es un acto aislado de gamberrismo, sino una actividad organizada con códigos, jerarquía y difusión en redes. Los autores fotografían sus pintadas, las suben a perfiles cerrados y compiten por visibilidad. La huella digital, paradójicamente, ha facilitado el trabajo de los investigadores.
Para hacerse una idea de la escala: 377.000 euros equivalen, aproximadamente, al coste de adquisición de un autobús urbano nuevo de TMB. O a la nómina anual de unos diez maquinistas. La factura la asumen empresas públicas. Es decir, la asume el contribuyente catalán.
El término no es retórico. Varios de los detenidos figuraban ya en investigaciones previas de los Mossos d’Esquadra por daños sobre material ferroviario, en algunos casos con sentencia firme. La novedad de esta operación es que se ha podido vincular a los mismos autores con episodios cometidos en los tres operadores, lo que permite acumular causas y elevar la pena total reclamada por la fiscalía.
El Código Penal castiga los daños con multa o con prisión cuando superan los 400 euros, umbral que en estos casos se rebasa con holgura. La cuestión, denuncian desde los operadores, es que las penas finales suelen quedarse en multas asumibles para perfiles que, en algunos casos, financian su actividad mediante venta de material y mercadotecnia asociada al propio grafiti. El efecto disuasorio, en la práctica, es limitado.
El Departament d’Interior ya defendió en el último pleno del Parlament la necesidad de reformar el tratamiento penal de estos delitos cuando hay multirreincidencia acreditada por los Mossos d’Esquadra. La discusión sigue abierta y, por ahora, la reforma no está sobre la mesa del Congreso.
Un patrón que se repite cada pocos meses en el transporte catalán
Analizamos esta operación dentro de una serie. En los últimos tres años, los Mossos han desarticulado al menos cuatro grupos similares vinculados a pintadas en trenes catalanes. Cada uno con un patrón parecido: incursiones nocturnas en cocheras y estaciones de cabecera, uso de extintores adaptados para acelerar la pintura, coordinación por mensajería cifrada y difusión posterior en perfiles internacionales de la subcultura del grafiti ferroviario.
El precedente más reciente, en el otoño de 2025, terminó con seis detenidos en una operación conjunta entre Mossos y Policía Nacional que afectó a depósitos de Rodalies en Vilanova i la Geltrú y L’Hospitalet de Llobregat. La factura de aquel caso superó los 200.000 euros. La de hoy es casi el doble.
FGC, por su parte, ha invertido en los últimos ejercicios en refuerzo perimetral de cocheras y videovigilancia con analítica de imagen, según consta en sus memorias anuales públicas. Las medidas han reducido los episodios en algunas estaciones, pero los autores se desplazan a otras menos vigiladas. Es un juego del gato y el ratón con coste creciente para el erario.
La pregunta de fondo, que esta redacción lleva tiempo planteando, es si el actual marco penal y procesal está calibrado para una actividad que combina vandalismo clásico con economía sumergida y proyección internacional. La respuesta, hoy por hoy, es que no del todo. El próximo pleno del Parlament tiene previsto debatir una proposición no de ley sobre seguridad en el transporte público metropolitano, y este episodio entrará en el debate.
