Siete agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están citados hoy en el Tribunal Supremo en jornada de mañana y tarde para responder a preguntas de las partes en el Caso Koldo. Los especialistas son los que han elaborado desde hace tres años todos los informes aportados a la causa que han sentado en el banquillo, de momento, al ex ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
Los agentes, identificados por su TIP (tarjeta de identificación profesional) serán escuchados a partir de las 10 de la mañana y luego desde las 15.30 horas. Sus testimonios son muy esperados porque el fiscal les pedirá detalles de la investigación, al igual que las acusaciones populares, pero las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos aprovecharán para intentar que entren en contradicciones y así tumbar algunas de sus conclusiones.
Cuando el Caso Koldo estalló el 20 de febrero de 2024, el Gobierno, a pesar que sabía que la UCO no poseía los chats posteriores a 2021, culpó a miembros de la Guardia Civil de haberlos filtrado a la Prensa, porque supuestamente eran los encargados de su custodia. Pero, unos meses después, Ábalos admitió haber permitido filtrar mensajes de 2023 y 2024.
Desde entonces la UCO ha estado en el punto de mira de todo el mundo. Acusados, abogados e incluso políticos han opinado sobre el trabajo de una unidad que cuenta por éxitos sus trabajos.
La UCO ha sufrido varios intentos de descrédito, desde los intentos de la «fontanera» del PSOE, Leire Díez, que investiga un juzgado de Madrid, hasta el intento de anular sus investigaciones por parte de la defensa de Koldo García, que pretendía demostrar que tanto su defendido como su hermano, Joseba García, y su pareja cuando sucedieron los hechos, Patricia Úriz fueron sometidos a una investigación prospectiva por parte de la UCO.
Incluso la abogada Leticia de la Hoz pidió a la Audiencia Nacional, «las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho Cuerpo (incluyendo, a título enunciativo y no exhaustivo, el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila), en relación con los datos concernientes a D. Koldo García Izaguirre, D. Joseba García Izaguirre y Dª Patricia Uriz Uriarte».
La letrada solicitó también «la identificación de los agentes que efectuaron dichas visualizaciones o accesos» y añade que «la información deberá extenderse, asimismo, a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones».
La Audiencia Nacional ya declaró la no procedencia de esta diligencia y explican en su decisión que «a mayor abundamiento, idéntica petición ya fue denegada a dicha representación procesal en resolución de 28 de julio de 2025 de este órgano judicial, cuyo contenido se tiene por reproducido», pero es que además, «en el presente caso, la petición realizada por la representación procesal del investigado D. Koldo García Izaguirre solicitando oficiar a la Guardia Civil a fin de determinar si hubo o no una investigación si prospectiva, no se considera
necesaria ni pertinente ni útil».
JUICIO CASO KOLDO
El juicio del Caso Koldo que sienta en el banquillo al ex ministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al presunto «conseguidor» de la trama, Víctor de Aldama, llega esta semana a su final y comienza con siete agentes de la UCO.
En total, durante el juicio, se aceptaron más de 75 testigos, así como una veintena de peritos. Entre los testigos admitidos figuraban, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García), la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (solicitada por todas las partes), el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras (a petición de Koldo García), el ex gerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, ex presidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.
Pero ahora es el turno de los funcionarios, que cuando declaran lo hacen sobre hechos concretos referidos a sus investigaciones y no sobre conjeturas ni opiniones.
El «plato fuerte» de la semana llegará el miércoles con las declaraciones de los imputados. Luego llegarán la presentación de las pruebas documentales y los informes, el 30 de abril. Si las sesiones se extendieran el Tribunal podría citarse el 5 de mayo.
