La Agencia Tributaria (AEAT) acaba de entregar en el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que investiga el Caso Koldo, un informe de 151 páginas, en el que, a modo de resumen, explica que «este auxilio (judicial) considera que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública (IRPF, ejercicio 2020) en el caso de Víctor Gonzalo de Aldama».
Hacienda cifra ese supuesto fraude en casi 2,5 millones de euros, por los ingresos obtenidos tras la venta de mascarillas en el año 2020. El informe señala que la cuota presuntamente defraudada por Aldama ascendería a 2.410.748,95 euros, «siendo la cuota exigible 1.624.308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020».
La explicación es porque «el hecho de que tanto Deluxe Fortune SL, como MTM 180 Capital SL, hayan declarado los importes facturados no supone que no haya ocultación, sino muy al contrario, puesto que con la operativa utilizada, se consigue (o al menos, se pretendió conseguir) que el verdadero prestador de los servicios (Víctor Gonzalo de Aldama) permanezca oculto frente a la Hacienda Pública, no habiendo tributado éste (que es quien debió hacerlo) por las rentas derivadas de la prestación de sus servicios profesionales».
El informe añade que «adicionalmente, Víctor Gonzalo de Aldama, utilizó sus sociedades para deducirse de forma ilícita gastos de naturaleza personal o sin relación con la prestación de los servicios por la entidad».
Para la Agencia Tributaria, a pesar de que Aldama facturó con sus empresas las comisiones por la venta de mascarillas con Soluciones de Gestión, «los distintos negocios formalmente realizados fueron simulados con la intención de ocultar la verdadera realidad negocial citada», algo que Hacienda califica de «apariencia de negocio jurídico».
Es decir, que Aldama «interpuso dos entidades para canalizar los rendimientos obtenidos como consecuencia de su actividad de intermediación en la compra y suministro de material de protección».
Aldama y la intermediación
Para los técnicos de Hacienda «se aprecia la existencia de simulación en el ámbito tributario siendo el negocio real efectivamente realizado la citada actividad de intermediación por parte del señor De Aldama. Como consecuencia de la simulación (…) correspondería disminuir la base imponible de las sociedades participadas, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL, en el importe de los ingresos facturados por éstas a Soluciones de Gestión y a Globalia Corporación Empresarial, al considerar que no han sido realizadas por las citadas sociedades, sino por su socio Víctor Gonzalo de Aldama».
Por tanto, de forma paralela, «se imputan los ingresos de actividad profesional a Víctor de Aldama por los ingresos facturados por las sociedades, al considerar que no han sido realizados por éstas sino por él mismo», reza en el documento.
Hacienda considera que ambas sociedades de Aldama «carecen de estructura para prestar los servicios que se contrataron por Soluciones de Gestión, siendo desarrollada la actividad exclusivamente por su socio y administrador Víctor de Aldama». Como prueba explican que incluso «en algunas gestiones realizadas por Víctor de Aldama, los proveedores desconocían la existencia de las sociedades». Es más, «apenas recibió 10.000 euros como rentas del trabajo de la entidad Deluxe Fortune SL, cuando ambas sociedades (Deluxe y MTM) facturaron a Soluciones de Gestión 2.758.696,73 euros cada una, y a Globalia Corporación Empresarial, 140.000 euros».
La AEAT cree que Aldama presenta una «confusión patrimonial y operativa», que se traduce en un «enriquecimiento personal así como familiar. Ejemplo de ello son las donaciones que hizo a su cónyuge, la compra de las acciones del Zamora Club de Fútbol a su nombre, los gastos personales y el pago de los intereses del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, entre otros».
Aldama tuvo un papel relevante
Hacienda añade que Aldama tuvo un «papel relevante» en el «negocio de las mascarillas», así como Juan Carlos Cueto, otro empresario vinculado a Soluciones de Gestión, la empresa presunto epicentro de la trama de quien se dice que, en realidad, pertenece al Grupo Cueto.
Sobre Aldama apuntan que «resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público». «Su labor de intermediación ha quedado corroborada por la ingente cantidad de correspondencia electrónica existente en la causa», agrega.
Del mismo modo, la AEAT considera la existencia de otro presunto delito contra la Hacienda Pública por parte Soluciones de Gestión, «al haber minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa, al cuestionarse la operación que las originó».
Según el informe, en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2019, Soluciones de Gestión «ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias).
Y manifiesta que en dicha declaración generó una base imponible de 800.000 euros «originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada» y que se «compensó de manera falaz en 2020 para reducir la carga impositiva».
Del mismo modo, los técnicos de Hacienda ponen el foco en que la compra de una empresa y la «contabilización del deterioro del crédito» frente a otra «constituyeron una acción preparatoria utilizada para minorar los beneficios de Soluciones de Gestión» en el ejercicio de 2020, suponiendo un presunto fraude en Impuesto de Sociedades de 200.000 euros.
