Rocío Charneco, una de las víctimas supervivientes del accidente de Adamuz, ha recusado a uno de los peritos designados por el Juzgado de Montoro que investiga los 46 fallecidos el pasado mes de enero tras el choque de dos trenes a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. La víctima, de 36 años, ha planteado, mediante su representación, que el perito Ramón Ignacio Martínez Castilla ha mantenido relaciones contractuales con ADIF.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, acordaba el 16 de abril la designación de tres peritos para la investigación: Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda.
La designación se realizó tras un proceso de selección de candidatos que ha durado más de un mes entre los colegios profesionales de Andalucía y el resto de España. El problema ahora planteado por una de las víctimas es que «uno de los peritos designados, Ramón Ignacio Martínez Castilla, es socio director de la entidad «Soluciones Globales Gestor de Proyectos S.L.».
Trabajos en Adamuz
Añade la víctima que «a través de esta sociedad, Soluciones Globales, entre otras labores, se realizan trabajos de peritaje y de certificados de calidad de diferentes proyectos. Uno de estos trabajos ha sido las obras de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, según la propia página web de la empresa».
Explica la afectada que «se da la circunstancia de que esta reforma fue adjudicada a Ferrovial que es una de las empresas que formaban parte de la UTE que reformó el tramo de Adamuz, 8 meses antes del accidente».
Por todo lo expuesto, la víctima cree que «los peritos designados no deben tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo (en este casi Ferrovial) para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar y desde este mismo momento procesal, solicitamos la revocación del Sr. Martínez Castilla y por ende nueva designación de un tercer perito que supla las funciones de aquel que expresamente impugnamos».
Petición de Renfe al 112
Por otra parte, el letrado que representa a Renfe, compañía del Alvia accidentado, en la causa ha pedido las grabaciones de llamadas entrantes al sistema 112 de Andalucía, el informe final del despliegue de emergencias, el sistema de localización de las llamadas provenientes del Alvia accidentado e información sobre el funcionamiento de los sistemas informáticos del 112.
El letrado argumenta que «es conveniente que para poder obtener un conocimiento pleno de qué es lo que ocurrió en el lamentable accidente del que trae causa la presente instrucción, también es necesario acceder a como tuvo lugar la gestión de los servicios de emergencia del 112».
La petición llegaba después de que el último informe de la Guardia Civil reflejara que «se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren IRYO. Y las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el accidente del citado del tren IRYO».
