EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Sánchez ha presentado formalmente su oposición al nuevo reglamento de deportación del Pacto Migratorio. La Abogada General del TJUE ha avalado los centros en terceros países, pero con condiciones.
- ¿Quién está detrás? España se alinea con Italia, Grecia, Malta y Chipre. Los países del sur alegan que la norma vulnera derechos fundamentales.
- ¿Qué impacto tiene? El rechazo tensa las negociaciones del Pacto Migratorio y obliga a Moncloa a declarar su estrategia para evitar choques con Bruselas y con los socios del norte.
El rechazo de España al reglamento de deportación no es un simple desacuerdo técnico. Es la primera gran fisura pública en el Pacto Migratorio Europeo desde su aprobación formal y una declaración de principios que sacude los equilibrios de poder dentro de los Veintisiete. El Gobierno de Sánchez ha comunicado esta semana a la representación permanente que no apoyará la normativa que permitiría enviar a personas migrantes a centros situados fuera de la Unión mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.
Un rechazo programado al corazón del Pacto Migratorio
El reglamento en cuestión fue pactado en la recta final de la legislatura europea anterior y recibió el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo el pasado mes de abril. Permite a los Estados miembros derivar a terceros países la gestión de las solicitudes de protección internacional, siempre que se garanticen ciertas condiciones de seguridad y derechos. Pero Madrid, junto con otros socios del sur, considera que ese blindaje es insuficiente y que el reglamento abre la puerta a violaciones del derecho de asilo.
La decisión de España de formalizar su rechazo no ha sido impulsiva. En Moncloa llevan semanas trabajando con Roma y Atenas una posición común que, según fuentes gubernamentales, se ha ido perfilando a medida que se conocían los términos exactos del articulado. “No podemos aceptar un texto que convierta a la UE en una fortaleza sin alma”, han señalado a esta redacción fuentes conocedoras de la negociación.
El giro de Moncloa: derechos fundamentales frente a la eficiencia
El alineamiento con los países del sur marca un punto de inflexión en la política migratoria española. Hasta ahora, el Ejecutivo había priorizado los equilibrios con el eje franco-alemán, incluso a costa de aceptar medidas que no entusiasmaban a sus bases. Esta vez, Sánchez ha elegido enviar un mensaje claro a Bruselas y a los socios del norte: la protección de los derechos fundamentales no es negociable.
El movimiento coloca a España en una posición delicada. La Comisión Europea ya ha advertido que la implementación del Pacto Migratorio debe ser rápida y homogénea. París y Berlín, aunque con matices, respaldan el régimen de centros externos como una herramienta para gestionar los flujos, mientras que los frugales y los países del este insisten en que la externalización del asilo es la única vía para aliviar la presión sobre los Estados de primera línea.
El reglamento de deportación enfrenta dos lógicas irreconciliables: la eficiencia migratoria que exigen los socios del norte y la defensa de los derechos humanos que enarbola ahora el sur.
El Eje del Poder Europeo: el sur clama, el norte exige y el TJUE avala
La postura española no puede entenderse sin el dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su opinión, publicada la semana pasada, avala la posibilidad de crear centros en terceros países, siempre que se garantice el respeto de la Carta de Derechos Fundamentales. Esa doble lectura —sí a los centros, pero con condiciones— ha sido utilizada por Moncloa para argumentar que el reglamento tal y como está redactado no cumple esos estándares.
El pulso entre el sur y el resto de la UE recuerda a las fracturas de la crisis de los refugiados de 2015-2016, cuando los países de primera línea quedaron solos gestionando la crisis. Italia, Grecia, Malta y Chipre respiran aliviados al ver que Madrid se suma a su causa. Sin embargo, los países de Visegrado ya han anunciado que bloquearán cualquier intento de suavizar el reglamento: “el sur exige solidaridad, pero fue el norte quien pagó la factura de las cuotas de reubicación”, ha declarado un diplomático polaco en Bruselas.
Para España, el impacto no es menor. En juego está la reputación de un Gobierno que ha hecho de la política migratoria uno de sus ejes internacionales. El rechazo frontal al reglamento tensa la relación con la Comisión, justo cuando el país negocia los últimos desembolsos del Plan de Recuperación y el calendario del procedimiento de déficit excesivo. Bruselas no olvida los gestos de rebeldía, y menos en un expediente tan sensible como el migratorio.
La lectura a cinco años es preocupante. Si el sur mantiene su veto, el Pacto Migratorio podría quedar vacío de contenido en uno de sus pilares más importantes. El riesgo es que la Unión vuelva a un escenario de fragmentación y que la gestión migratoria dependa de acuerdos bilaterales, como los que Italia ha firmado con Albania o Túnez. Moncloa trabaja ya en una propuesta alternativa que combine corredores seguros, cooperación con países de origen y una fiscalización judicial independiente, pero tendrá que convencer a un Consejo Europeo que, por ahora, mira hacia otra dirección.
