El Govern anuncia la reducción a 35 horas semanales para todo el personal funcionario de la Generalitat, una medida que abarca también al profesorado y que llega justo cuando los sindicatos docentes mantienen un calendario de paros abierto. La decisión, comunicada esta semana, reabre un debate enquistado desde la última crisis financiera y devuelve a Cataluña a la senda de las 35 horas que otras comunidades ya recuperaron antes.
La medida afectará a más de 200.000 empleados públicos dependientes de la Generalitat, una cifra equivalente a la población de ciudades como Terrassa o Badalona. Incluye a los docentes de la enseñanza pública, al personal sanitario del ICS, a los Mossos d’Esquadra en sus ramas administrativas y al funcionariado general de los departamentos. El calendario de aplicación, sin embargo, sigue pendiente de cerrar con los agentes sociales.
Por qué el Govern mueve ficha ahora
La pregunta es legítima: ¿por qué este anuncio, y por qué esta semana? En esta redacción consultamos con fuentes del Palau y la lectura es doble. Primero, hay un cumplimiento de programa que el Ejecutivo de Salvador Illa necesita exhibir. La recuperación de la jornada de 35 horas figuraba en los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns, y el president lleva meses recibiendo presión interna por no haberla materializado.
Segundo, y aquí entra el cálculo táctico, el anuncio cae en pleno conflicto con los sindicatos docentes. USTEC, CCOO Educació y UGT mantienen convocados paros para las próximas semanas por motivos que van más allá del horario: ratios, sustituciones, complementos. La reducción de jornada es, en términos sindicales, una victoria parcial que el Govern entrega justo cuando necesita aliviar la calle. La lectura política es otra: recuperar las 35 horas no desactiva las movilizaciones, pero sí las complica.
Cabe recordar que la jornada de los empleados públicos catalanes se elevó a 37,5 horas en 2012, en plena ola de recortes derivada de la crisis financiera, mediante un decreto que entonces firmó el Govern de Artur Mas. Comunidades como Andalucía, País Vasco o Galicia ya revirtieron la medida hace años. Cataluña, paradójicamente, llegaba tarde.
Lo que cambia para profesores y funcionarios
El impacto sobre el profesorado es el más simbólico. Los docentes catalanes mantienen una de las cargas lectivas más altas del Estado, según los datos publicados por el propio Departament d’Educació. La rebaja a 35 horas semanales no implica automáticamente menos horas de clase, pero sí abre la puerta a recalcular el cómputo total y, sobre todo, a equiparar la situación con la del resto del funcionariado autonómico.
Para el personal administrativo de los departamentos, el cambio es más directo: dos horas y media menos a la semana, sin merma salarial. La Generalitat tendrá que negociar con los sindicatos cómo se distribuyen esas horas — viernes cortos, salida más temprana o jornada intensiva en verano son las tres fórmulas que se barajan en la mesa general de la función pública.
La parte económica preocupa al Departament d’Economia. El sobrecoste estimado se mueve en una horquilla amplia, entre 80 y 150 millones de euros anuales según el cálculo que se aplique sobre sustituciones, refuerzos y horas extra. No es una cifra menor en un presupuesto que aún arrastra prórrogas y que depende de una negociación sobre financiación con Moncloa que avanza con cuentagotas.
Recuperar las 35 horas era un compromiso pendiente desde 2012, pero el momento elegido por Illa convierte una promesa de legislatura en una herramienta de contención sindical en plena ofensiva docente.
Una medida que llega tarde y en mal momento para los sindicatos docentes
Aquí está el matiz que los sindicatos no pasarán por alto. USTEC ha sido el primero en reaccionar y su mensaje, traducido del catalán original, es claro: la reducción horaria es bienvenida pero llega ‘catorce años tarde y con un calendario que aún no conocemos’. La organización mayoritaria en la enseñanza pública catalana sostiene que el anuncio no resuelve el conflicto de fondo: las plantillas docentes siguen tensionadas y las sustituciones llegan con semanas de retraso.
Observamos, además, una contradicción que el Govern tendrá que explicar. Si las 35 horas eran imprescindibles, ¿por qué se ha tardado casi dos años de legislatura en activarlas? Y si el problema era presupuestario, ¿qué ha cambiado para que ahora sí entren en las cuentas? Las fuentes del Departament de la Presidència consultadas remiten a ‘la mejora de la recaudación’ y a un margen fiscal que el conseller d’Economia ha defendido en sede parlamentaria, aunque sin detallar partidas concretas.
El precedente más inmediato es el del País Vasco, que recuperó las 35 horas en 2018 sin sobresaltos presupuestarios significativos pero con un coste político tangible para el Gobierno de Urkullu, que vio cómo la medida no frenó las movilizaciones de profesores ese mismo curso. Si Cataluña sigue ese guión, el Govern podría descubrir pronto que la reducción de jornada compra tiempo, pero no compra paz social.
El próximo Consell Executiu deberá aprobar el decreto que articule la medida y el calendario de aplicación. La mesa general de la función pública está convocada para las próximas semanas y será ahí donde se mida la temperatura real. El sí del Govern a las 35 horas abre un capítulo, no lo cierra. Y los sindicatos lo saben.
