La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que tenía que decidir si suspendía o no la regularización de inmigrantes decidió no suspender de momento el proceso ni adoptar esta medida cautelar como habían pedido cinco entidades diferentes. La Sala decidió:
-Inadmitir por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Hazte Oír. En consecuencia, no resulta necesario resolver sobre su petición de suspensión cautelar del Real Decreto impugnado.
-Inadmitir por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, sin resolver, en consecuencia, su petición cautelar.
-Inadmitir por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Libertad y Justicia, sin resolver, en consecuencia, su petición cautelar.
-Admitir la legitimación activa del partido político Vox para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1155/2024, y denegar su petición de suspensión cautelar del referido Real Decreto.
-Denegar la petición de suspensión cautelar del Real Decreto promovida por la Comunidad Autónoma de Madrid.
El Tribunal Supremo se reunió durante tres horas el mismo viernes para debatir tras escuchar las peticiones realizadas por la Comunidad de Madrid, el partido político Vox y la asociación Hazte Oír, que solicitaron paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que entró en vigor el pasado 16 de abril y por la que hasta ahora se han recibido casi 550.000 solicitudes, de las que han sido admitidas a trámite más de 91.000.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebró, una detrás de otra, cinco vistas, una por cada recurrente: la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
En esas audiencias, el Supremo escuchó las peticiones para suspender la medida de manera cautelar. Frente a ellas la Abogacía del Estado que representa al Gobierno y defiende que paralizar la iniciativa tendría una «afectación directa» sobre «los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general». Así lo defendió ya en un escrito remitido hace unos días al Alto Tribunal.
El abogado del Estado informó de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el 21 de mayo, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria, y que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.
El Supremo ya rechazó el pasado 16 de abril una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no considerar acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
Los denunciantes ante el Supremo
La Comunidad de Madrid alegaba que la regularización masiva «afecta gravemente» a la prestación de servicios públicos sin que se articulen mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa europea y afectar a la seguridad.
Vox cree que derivará en el colapso del sistema y generará más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles.
Y Hazte Oír apeló a que “no se trata de una cuestión técnica. Se está evitando deliberadamente el debate parlamentario que exige una reforma de este calado. El Gobierno no puede cambiar el modelo migratorio sin dar la cara en las Cortes”, afirmaba su letrado, Javier María Pérez Roldán.
La Abogacía del Estado negó el riesgo de colapso y mantiene que los beneficiarios de los servicios públicos ya viven en España desde antes del 1 de enero de 2026 y, por tanto, ya son usuarios de los mismos.
El Gobierno apeló a que la regularización permitirá el acceso de los beneficiarios al «pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico», entre ellos al trabajo, que contribuirá no solo a su integración, sino además al incremento de las cotizaciones sociales por su incorporación al mercado laboral.
