EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los demandantes de vivienda pública en Madrid, especialmente en el suroeste de la capital.
- ¿Cuándo ocurre? La Junta de Gobierno dará luz verde al proyecto el jueves 3 de julio de 2026.
- ¿Qué cambia hoy? Se desbloquea la mayor operación de vivienda protegida de la región, con 10.700 pisos previstos, de los que el 65% serán de protección oficial.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este martes en el pleno del Estado de la Ciudad el desbloqueo definitivo de la Operación Campamento. La Junta de Gobierno aprobará el próximo jueves, 3 de julio, el proyecto de urbanización que dará paso a 10.700 viviendas —el 65% de ellas protegidas— y una inversión de 383 millones de euros.
El proyecto, que abarca más de dos millones de metros cuadrados en el distrito de Latina, llevaba más de tres décadas estancado. La propia Alcaldía lo calificó durante años como ‘una necesidad pendiente’ para coser el suroeste con los municipios vecinos de Pozuelo y Alcorcón.
La urbanización se ejecutará en tres fases que podrán acometerse de manera independiente. Las dos primeras ocupan los terrenos al sur del ámbito, mientras que la tercera se despliega a ambos lados de la A-5, cuyo soterramiento condiciona el desarrollo completo.
El plan reserva 22 zonas verdes, entre ellas el pinar del Centro Deportivo Militar La Dehesa y un parque junto al arroyo Valchico. Además, contempla la plantación de más de 8.000 árboles. Las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército y el Centro Militar de Veterinaria se mantendrán como dotaciones públicas.
Almeida subrayó la magnitud del paso dado: «Lo dijimos en su momento, sin el Ayuntamiento no hay operación Campamento». De hecho, el anuncio llega solo unas semanas después de que el Gobierno municipal presumiera, durante la visita del Papa León XIV, de la capacidad de Madrid para sacar adelante grandes proyectos que parecían enterrados.
El desbloqueo llega después de décadas de parálisis, pero el compromiso municipal con 383 millones es firme.
En paralelo, el alcalde adelantó que el Ayuntamiento lanzará un programa de más de 1.500 viviendas en alquiler con opción a compra. «Las familias necesitan estabilidad», dijo, apuntando a que no toda la vivienda pública debe limitarse al arrendamiento. Aunque el nuevo programa es independiente de Campamento, refuerza la estrategia municipal de ampliar el parque público más allá de la oferta de alquiler tradicional.
Por qué Campamento llevaba tres décadas atascado
La Operación Campamento se remonta a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa en 1997, pero los sucesivos gobiernos municipales no lograron despejar los trámites urbanísticos. El principal escollo ha sido la necesidad de soterrar la A-5 a su paso por el ámbito, una obra cuyo proyecto aún está en redacción y que los expertos sitúan como la llave de la tercera fase de la urbanización.
La inversión de 383 millones solo cubre la urbanización y los accesos inmediatos. El soterramiento de la carretera —que el Ministerio de Transportes deberá asumir— sigue sin calendario firme, lo que introduce una incertidumbre relevante para las 3.000 viviendas previstas en esa fase.
El modelo de vivienda: más allá del alquiler
Del total de 10.700 viviendas, alrededor de 7.000 serán protegidas, un porcentaje que el Ayuntamiento presenta como el mayor de las grandes operaciones urbanísticas de la capital. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) asumirá una parte de la promoción, aunque también se contempla la colaboración público-privada.
El guiño a la compra se suma a un contexto en el que el precio medio del alquiler en Latina supera ya los 14 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista. Para un piso de 70 metros, eso supone una renta cercana a los 1.000 euros mensuales, una cifra que excluye a buena parte de las familias del distrito.
Lo que la dependencia del soterramiento de la A-5 deja en el aire
Analizamos la operación con la cautela que exigen los grandes desarrollos madrileños que han tropezado con la financiación. El ejemplo más cercano es el soterramiento de la M-30, que acabó costando casi el doble de lo previsto. Aquí, sin embargo, la incógnita no es el coste municipal —ya presupuestado en esos 383 millones—, sino la disponibilidad del Gobierno central para licitar el soterramiento de la A-5 en un horizonte de cuatro o cinco años.
Si el tapón ferroviario o viario no se resuelve, las viviendas de la fase 3 podrían quedarse en papel. Y el Ayuntamiento, a pesar del optimismo de Almeida, no ha aclarado si está negociando ya un convenio con Transportes que garantice la sincronización de los trabajos. La experiencia de otros ámbitos, como el del fallido soterramiento de la A-4 en los 90, invita a ser prudentes.
No obstante, la aprobación del jueves supone un hito. La Junta de Gobierno dará el pistoletazo de salida a un proyecto que, al menos sobre plano, dibuja una nueva ciudad para el suroeste de Madrid. A partir de ahí, el cronómetro empezará a correr para ver si esta vez las excavadoras llegan antes que el siguiente cambio de color político.
