EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha emitido un dictamen muy crítico con el anteproyecto de Ley del Suelo, alertando de que puede agravar la escasez de vivienda y disparar los precios.
- ¿Quién está detrás? El CES, órgano consultivo del Gobierno autonómico, y el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, que ha presentado un voto particular.
- ¿Qué impacto tiene? La advertencia pone presión al Ejecutivo regional para que modifique la norma antes de su aprobación y obliga a replantear las medidas de emergencia habitacional.
El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha lanzado este 1 de julio un serio aviso al Gobierno de Canarias: la nueva Ley del Suelo, lejos de resolver la crisis de vivienda, podría agudizar la falta de oferta y provocar nuevas subidas de precios. El dictamen sobre el anteproyecto de actualización de la Ley 4/2017, hecho público hoy, no escatima en recomendaciones para corregir un texto que, a juicio del organismo, nace desfasado.
El CES recuerda que cuando empezó a gestarse la norma, la situación socioeconómica era radicalmente distinta y no existía la emergencia habitacional que hoy asfixia al archipiélago. Por eso, pide directamente que se incorpore una mención expresa a esta crisis en la exposición de motivos y que se aproveche la tramitación para elaborar un texto refundido que integre toda la regulación del suelo y medioambiental, ganando así en seguridad jurídica.
Las grietas del nuevo marco legal
Una de las críticas más contundentes apunta a la ausencia de instrumentos reales para aumentar la oferta. La nueva ley se limita a poner restricciones al crecimiento residencial, sostiene el CES, sin activar los mecanismos ordinarios y extraordinarios necesarios para desbloquear suelo en zonas donde exista interés público, social o económico. El dictamen insta a que el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos impulsen operaciones concretas de vivienda en los ámbitos territorialmente más idóneos.
Además, el CES advierte de un efecto colateral no deseado: la proliferación de procesos informales o no planificados de ocupación del suelo, justo lo contrario de lo que persigue cualquier ordenación del territorio. La falta de alternativas legales, añaden, empuja hacia la dispersión y el descontrol urbanístico.
El dictamen también analiza los porcentajes de cesión obligatoria de suelo que recogen los artículos 43, 44, 54 y 137 del anteproyecto. A juicio del CES, estos porcentajes pueden encarecer tanto la promoción como la comercialización de las viviendas, con el riesgo añadido de una reducción de la inversión y, en última instancia, de un mayor alejamiento entre la demanda y la necesidad habitacional. Subir los umbrales de cesión, lejos de garantizar más vivienda pública, puede acabar reduciendo el parque total disponible.
El CES pide un registro público de suelos cedidos a cada municipio y que, si no se ejecutan en plazo, pasen a manos del cabildo o del Gobierno de Canarias para su desarrollo.
Para la vivienda pública, el órgano consultivo propone una solución concreta: crear un registro público donde figuren todos los suelos cedidos obligatoriamente a los ayuntamientos, con una previsión de desarrollo actualizada. Si esos suelos no se ejecutan en los plazos previstos, deberían transferirse a los cabildos o al propio Gobierno autonómico para evitar que queden inactivos.
Un voto particular que agita el debate sindical
El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, ha emitido un voto particular discrepante. Aunque comparte buena parte de las aportaciones del CES, Navarro rechaza que la simplificación administrativa se haga a costa de debilitar el control público del territorio, la captura de plusvalías urbanísticas, la disciplina urbanística o las garantías del dominio público. En particular, no comparte que la antigüedad de una edificación pueda legitimar la ocupación del suelo público, una práctica que el anteproyecto intenta regular en zonas costeras.
Para Navarro, el anteproyecto debe ser más exigente con el control del suelo público y con la transparencia en la gestión. Su voto refleja la tensión entre la urgencia por agilizar los procedimientos y la necesidad de preservar los instrumentos de ordenación que han evitado males mayores en el litoral canario.
El Pulso Territorial
Este varapalo técnico del CES sitúa al Gobierno de Canarias ante una encrucijada. La coalición que sostiene el Ejecutivo —con el PSOE y Nueva Canarias— enfrenta ahora la presión de un órgano consultivo que suele ser afín a las tesis del diálogo social. El informe obliga a revisar un texto que el propio Gobierno presentaba como la herramienta clave para desbloquear suelo y contener los precios. Las próximas semanas serán decisivas: el Ejecutivo debe decidir si incorpora las recomendaciones o mantiene la redacción actual, asumiendo el coste político de una norma que sus propios asesores consideran insuficiente.
Canarias comparte con otras autonomías como Baleares o la Comunidad Valenciana el problema de la vivienda tensionada por el turismo, pero el archipiélago parte de una tasa de vivienda protegida especialmente baja —apenas el 1,5% del parque, según los últimos datos del Observatorio de Vivienda— y de una población que aumenta a un ritmo del 0,9% anual mientras las licencias de obra nueva apenas repuntan. El precedente más cercano, la Ley del Suelo de 2017, ya fue modificada en varias ocasiones sin lograr agilizar el planeamiento. Ahora, el CES pide ir más allá: un texto refundido que ponga fin a la dispersión normativa y que, de una vez, reconozca la emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago.
Ficha Autonómica
- El caso: El CES de Canarias publica un dictamen demoledor sobre el anteproyecto de Ley del Suelo, advirtiendo de que la norma agravará la escasez de vivienda y los precios si no se introducen cambios sustanciales.
- Datos importantes: El informe señala la falta de medidas para desbloquear suelo residencial, el riesgo de encarecimiento por los porcentajes de cesión y la necesidad de un texto refundido. UGT Canarias añade un voto particular contra la relajación del control público del territorio.
- Resumen: El Gobierno regional debe ahora decidir si modifica el proyecto de ley para incorporar las recomendaciones del CES o si mantiene el texto actual, mientras la crisis habitacional sigue sin una respuesta legislativa a la altura de la emergencia.
