La regularización masiva de inmigrantes expiró ayer, y en el Grupo Parlamentario Sumar no hubo silencio. Enrique Santiago, portavoz de IU, se plantó en el Congreso para denunciar que la campaña del PP contra el proceso es una “rérmora franquista” y para defender que la medida “no defiende ni es contraria a ninguna medida de derecho comunitario”. Una posición firme que, sin embargo, no escondió los matices internos en el espacio de la izquierda, porque a pocos metros, Ione Belarra reclamaba más.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El 30 de junio expiró el plazo del proceso extraordinario de regularización migratoria. El portavoz de IU, Enrique Santiago, denunció en el Congreso la “rérmora franquista” del PP por su oposición a esta medida y al voto exterior.
- ¿Quién interviene? Enrique Santiago (IU/Sumar) y Ione Belarra (Podemos), que reclamó ampliar el plazo y criticó el “racismo institucional” europeo. El PP, en el centro de las críticas.
- ¿Qué importa? La defensa de la regularización sirve de pegamento en la izquierda, pero los tonos de IU y Podemos muestran tensiones distintas dentro y fuera de Sumar, justo cuando el Tribunal Supremo amaga con congelar el proceso en Europa.
La ofensiva de IU: contra el PP y en defensa de la regularización
Santiago calificó de “absolutamente positivo” un proceso que, según sus estimaciones, , beneficiará a un millón de personas que “van a tener derechos” y contribuirán al fortalecimiento de la sociedad, la economía y la Seguridad Social. Aunque la iniciativa fue impulsada por la sociedad civil con 800.000 firmas, el dirigente de IU subrayó que el trámite parlamentario fue posible gracias al acuerdo dentro de la coalición.
El portavoz restó trascendencia jurídica a los recelos del Tribunal Supremo, que ha planteado recurrir al TJUE. Santiago fue tajante: “la regularización no defiende ni es contraria a ninguna medida de derecho comunitario”. Añadió que si la norma vulnerase el marco europeo, “la institución europea habría ejercido las acciones legales correspondientes, cosa que no se ha hecho”. El Pacto Europeo de Migración, en fase de adaptación, no impide garantizar derechos a los extranjeros, argumentó.
Pero las críticas más afiladas fueron para los populares. Santiago acusó al PP de “cuestionar el funcionamiento del sistema democrático” mediante una estrategia de impugnación constante que calificó de “temeraria y antidemocrática”. “Están enredando, poniéndose la venda antes de la herida porque tienen miedo a que el pueblo español no les dé la mayoría”, dijo, trazando un paralelismo con las dudas sembradas por el PP sobre el voto por correo en 2023.
La defensa de la regularización une a la izquierda en el discurso, pero las formas de reivindicarla evidencian que IU y Podemos no militan en la misma trinchera.
Respecto a la “ley de nietos” —la Ley de Memoria Democrática que nacionaliza a descendientes de exiliados—, el portavoz de IU recordó que se aprobó hace cuatro años sin que el PP protestase entonces. Lanzó un dardo histórico: “Quien más ha utilizado el voto en el extranjero siempre ha sido el Partido Popular. A lo mejor lo que temen es que esos cotos cerrados de votos empiecen a ser una sociedad plural y diversa”.
El contrapunto de Podemos: ampliación de plazos y crítica al “racismo institucional”
Mientras IU defendía la legalidad del proceso, Ione Belarra puso el foco en la gestión del Ministerio. La secretaria general de Podemos calificó la regularización como “la única medida verdaderamente social que se ha hecho en esta legislatura”, atribuyendo su viabilidad a las 800.000 firmas de la ILP y a la presión de sus cuatro diputados. Belarra exigió formalmente al Gobierno que amplíe el plazo y denunció “la caza al tipo” mediante “vuelos colectivos de deportación”.
La líder morada fue más allá al cargar contra la normativa europea, que considera “motor de gran parte del racismo institucional que vivimos”. Subrayó que España tiene plena soberanía para aplicar su propia política migratoria. “Es una medida de justicia social y hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante la Fiscalía y ante quien sea necesario”, zanjó.
Sobre la “ley de nietos”, Belarra vinculó la oposición del PP a los orígenes de la formación conservadora: “Me pregunto si el PP tiene miedo a que los hijos de los exiliados no les voten. Igual tiene algo que ver con que su partido fuera fundado por siete ministros de la dictadura”. Para la líder de Podemos, el Estado mantiene “rémoras franquistas de manera muy evidente” en sectores de la judicatura y las fuerzas de seguridad.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la intervención de Santiago refuerza la línea oficial de que la regularización es un éxito de la coalición con el PSOE. IU, como confluente, actúa como guardián del relato gubernamental, subrayando la constitucionalidad y el respaldo europeo. Sin embargo, Podemos, ya fuera de Sumar, reclama el mérito para la calle y para sus propios diputados, y presiona con exigencias adicionales (ampliar el plazo, frenar deportaciones) que pueden incomodar al Ministerio.
En el tablero interno, el discurso de IU pone de manifiesto que el partido de Alberto Garzón se afianza como una correa de transmisión del Ejecutivo dentro del grupo plurinacional, mientras que Más País y otros confluentes observan sin hacer demasiado ruido. La ausencia de una voz única en el espacio de la izquierda sobre cómo celebrar la medida revela que la coordinación entre los actores sigue siendo frágil. Ni siquiera los 31 escaños del Grupo Sumar blindan un discurso completamente homogéneo.
En la relación con el PSOE, la defensa cerrada de Santiago sirve para aplacar cualquier recelo socialista sobre la legalidad del proceso, justo cuando el Supremo lo pone en cuestión. La coalición necesita mostrar unidad ante la presión judicial y las críticas del PP, y IU cumple esa función. La proyección es clara: el debate migratorio no se apaga. Con el Tribunal Supremo a punto de decidir si eleva la cuestión al TJUE, y con un PP que sigue utilizando el miedo al voto exterior, Sumar necesitará que todos sus componentes —incluidos los que guardan silencio— hablen con una sola voz en las próximas semanas.
Ficha del Caso
- El caso: El 30 de junio de 2026 expiró el plazo de regularización masiva de inmigrantes. El portavoz de IU, Enrique Santiago, denunció la “rérmora franquista” del PP y defendió la legalidad del proceso, mientras Podemos exigía ampliaciones y criticaba el “racismo institucional”.
- Datos importantes: Proceso beneficiaría a cerca de un millón de personas según IU. La ILP que lo impulsó recogió 800.000 firmas. El Tribunal Supremo ha planteado recurrir al TJUE. La Ley de Memoria Democrática (ley de nietos) se aprobó hace cuatro años y el PP ahora la cuestiona.
- Resumen: La regularización cohesiona a la izquierda contra el PP, pero las diferencias de tono entre IU y Podemos muestran fisuras internas que la coalición PSOE-Sumar deberá gestionar ante futuros embates judiciales y políticos.
