Una propuesta para liberar 3,7 billones de pesos en Colombia puede decidir cuánto tardan las constructoras españolas en volver a firmar contratos. El paquete que plantea ANIF tras el terremoto del pasado 10 de agosto marca el ritmo de la reconstrucción y, con ella, de las oportunidades para las empresas españolas presentes en la zona cafetera.
Qué plantea ANIF para financiar la reconstrucción
Las cifras preliminares que recoge La República sitúan el coste del terremoto en 24,5 billones de pesos en edificaciones y otros 5,5 billones en infraestructura, cerca del 1,6% del PIB en pérdidas directas. Ante ese agujero, el centro de pensamiento propone movilizar dinero público y privado sin crear tributos permanentes: ‘las propuestas buscan movilizar recursos públicos y privados de manera ágil, en un contexto de estrecho margen fiscal, sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas’.
La idea central es reordenar partidas ya existentes. Primero, revisar los recursos de inversión no ejecutados del Presupuesto General de 2026: la bolsa máxima susceptible de revisión alcanza 20,1 billones de pesos, dando prioridad a los sectores con una ejecución inferior al 20%. Segundo, liberar 3,7 billones de pesos en proyectos que aún no tienen Certificado de Disponibilidad Presupuestal y, por tanto, no respaldan contratos.
También se plantea dar salida a 10,1 billones de pesos del Sistema General de Regalías que todavía no se han asignado, y permitir que los municipios afectados aprueben directamente proyectos de emergencia aunque no figuren en sus planes de desarrollo. La condición es clara: la asignación debe basarse en daños y población afectada.
Para las microempresas, ANIF propone líneas de crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías y coberturas de entre el 60% y el 90%, con periodos de gracia definidos por la Superintendencia Financiera. La capitalización necesaria se movería entre 90.000 millones y 240.000 millones de pesos si entre el 30% y el 80% de los pequeños negocios solicitan financiación.
El paquete incluye además ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos a ciudades como Pereira, Manizales y Cali, y permitir un pago voluntario adicional de hasta el 10% del impuesto de renta, descontable al año siguiente. De este cupo, para 2026 quedan disponibles cerca de 269.000 millones de pesos.
ANIF quiere activar 3,7 billones de pesos en proyectos sin certificado presupuestal y 10,1 billones del Sistema General de Regalías para la reconstrucción.
Dónde encajan las constructoras españolas
Ahí es donde la mirada de las empresas españolas de infraestructura se concentra. Colombia es un mercado maduro para la ingeniería española, sobre todo en concesiones de carreteras, agua y obra civil. La liberación de proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la ampliación de Obras por Impuestos reducen el riesgo de que los contratos se queden en papel.
Para una constructora española, la señal no es solo cuánto dinero se libera, sino qué mecanismo se elige. Obras por Impuestos permite a las empresas financiar directamente infraestructura y descontar la inversión de sus impuestos. Es una fórmula que ya conocen en zonas afectadas por el conflicto y que ahora se abriría a ciudades donde la emergencia no deja margen para licitaciones lentas.
La reconstrucción de Caldas, Quindío y Risaralda no es solo una emergencia local: es una prueba de hasta qué punto Bogotá puede movilizar fondos en un contexto fiscal estrecho sin asustar a los inversores. Cuanto más ágil sea el esquema, más posibilidades de que las propuestas se conviertan en adjudicaciones para equipos españoles.
Lo que el precedente colombiano deja a la empresa española
El diseño recuerda al esquema de garantías desplegado durante la emergencia del Covid-19, cuando Colombia activó coberturas del Fondo Nacional de Garantías para sostener a las microempresas. Repetir esa lógica con la reconstrucción tiene una ventaja: no depende de crear impuestos nuevos, sino de reordenar partidas y facilitar que los privados ejecuten.
El reto no es menor. Las cifras de daños —24,5 billones de pesos en edificaciones— superan con creces los recursos disponibles a corto plazo. Por eso la propuesta de ANIF incluye también flexibilizar temporalmente rentas de destinación específica asociadas a entidades como el Icbf y el Sena, siempre que el marco legal lo permita.
Para España, la lección es doble. Primero, conviene seguir la letra pequeña del Presupuesto General de 2027: si la gestión del riesgo y la reconstrucción ganan prioridad, los contratos podrían salir antes. Segundo, el éxito del esquema dependerá de que la ejecución no se atasque entre ministerios y municipios. Las constructoras españolas saben que una oportunidad no se mide solo por el anuncio, sino por la firma.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: ANIF propone movilizar 3,7 billones de pesos y reasignar partidas públicas para reconstruir Caldas, Quindío y Risaralda tras el terremoto.
- Datos importantes: Daños de 24,5 billones en edificaciones, 5,5 billones en infraestructura y 10,1 billones de regalías sin asignar.
- Resumen: La velocidad de la financiación determinará cuántos contratos de reconstrucción pueden captar las constructoras españolas.
