EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de “ingeniería social” con la ley de nietos, alegando que busca alterar el censo electoral.
- ¿Quién está detrás? El líder del PP, en un acto este viernes.
- ¿Qué impacto tiene? El PSOE y el Gobierno rechazan de plano la acusación y la tildan de “disparate” electoral; la ley lleva en vigor desde 2022 y tiene pleno aval jurídico.
La acusación de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno por la conocida como ley de nietos ha encendido el debate político este viernes. El líder del Partido Popular ha denunciado una supuesta “ingeniería social” destinada, según sus palabras, a provocar una “alteración del censo electoral”. La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar: la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado las declaraciones de “disparate” y ha defendido la legalidad de una norma que, recuerdan, no es nueva.
La acusación de Feijóo: ‘ingeniería social’ para alterar el censo electoral
En un acto celebrado esta mañana, Feijóo ha vuelto a cargar contra la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de españoles exiliados. El jefe de la oposición ha relacionado esa vía legal con los procesos de regularización migratoria y ha lanzado una advertencia: “Estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes…”.
Para el PP, se trata de un intento del Ejecutivo de ensanchar el cuerpo electoral de cara a futuras citas con las urnas. La formación conservadora ya había utilizado en días anteriores el término “ingeniería electoral” para referirse a la misma medida. La novedad de este viernes es el giro hacia la expresión “ingeniería social”, que acentúa la carga ideológica del ataque.
La respuesta del PSOE: legalidad y un ‘disparate’ electoral
Desde Ferraz y desde el Palacio de la Moncloa, la réplica ha sido unánime. “Es un disparate atribuir intenciones electorales a una ley que cumple un mandato de justicia histórica”, ha señalado Pilar Alegría en una comparecencia ante los medios. La portavoz ha recordado que la norma fue aprobada en 2022 con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y que su aplicación se ajusta escrupulosamente a los criterios legales establecidos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha salido en tromba para desmontar la tesis del líder popular. “No hay ninguna alteración irregular del censo. Los nuevos nacionalizados se inscriben en el padrón como cualquier ciudadano y ejercen su derecho al voto cuando les corresponde”, explicaba esta tarde un diputado socialista. La dirección del partido subraya que el PP está agitando un fantasma inexistente para movilizar a su electorado más conservador.
La ley de nietos no es una maniobra electoral: es una reparación histórica que ya ha otorgado la nacionalidad a miles de ciudadanos sin alterar ningún censo.
Además , fuentes del Gobierno consultadas por Moncloa.com insisten en que el volumen de concesiones de nacionalidad se mantiene dentro de parámetros similares a los de legislaturas anteriores y que la mayoría de los beneficiarios ya residían en España desde hacía años. La acusación de “ingeniería electoral”, sostienen, carece de base documental.
El Eje del Poder Socialista
La ofensiva de Feijóo contra la ley de nietos se produce en un momento en que el PSOE se prepara para el ciclo electoral de 2027 y 2028. La dirección federal percibe el ataque como un intento de instalar en la opinión pública la idea de que el Gobierno manipula las reglas del juego. Sin embargo, en Ferraz consideran que este tipo de acusaciones pueden tener un efecto bumerán si el partido logra explicar con claridad el sustrato humanitario y reparador de la norma.
Internamente, el debate es mínimo. Ninguno de los barones territoriales ha cuestionado la ley, ni siquiera los más críticos como Emiliano García‑Page. En una comunidad como Castilla‑La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, la aplicación de la norma no ha provocado conflictos. Lo mismo puede decirse de Asturias, Navarra o Cataluña, territorios con fuerte presencia socialista o socialista desde el PSC. Todos ellos han asumido la ley de nietos como un instrumento de cohesión, no como un artefacto partidista.
El pulso se traslada también al plano parlamentario. El PP ha anunciado que presentará una moción en el Congreso para exigir la paralización de los expedientes de nacionalidad pendientes. Con 120 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, la moción tiene pocas posibilidades de prosperar. No obstante, la iniciativa obligará a los socios de investidura (Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y BNG) a retratarse. La lectura estratégica que se hace en el Gobierno es que Feijóo busca señalar a esos grupos como cómplices de una supuesta artimaña electoral y, al mismo tiempo, mantener viva una bandera que capte el voto descontento.
En la trastienda, la preocupación real reside en el ruido mediático que pueda generar la acusación durante semanas. Ferraz trabaja contrarreloj para publicar los datos oficiales de nacionalizaciones concedidas y desagregarlas por año y procedencia. “La transparencia será nuestro mejor argumento”, aseguran en la Ejecutiva Federal. Si las cifras muestran un flujo constante, sin picos sospechosos, el discurso de la ingeniería electoral quedará en evidencia.
La experiencia de la anterior legislatura sirve de guía. Durante el debate de la ley trans y la ley del ‘solo sí es sí’, el PP también acusó al Gobierno de utilizar la legislación social con fines partidistas, pero el desgaste finalmente recayó sobre los populares en las urnas. Ahora, el reto es repetir esa pedagogía sin que cale el mensaje de la manipulación.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “La ley de nietos responde a un compromiso con la memoria democrática y la justicia histórica, no a ningún cálculo electoral.”
- Protagonista: Pilar Alegría (portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional).
- Próximo hito: El PP presentará una moción en el Congreso para intentar frenar los expedientes; la votación podría producirse en las próximas semanas y medirá la solidez de la mayoría de investidura.
