EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Nacional encausa a la cúpula de la Guardia Civil por su papel en las cloacas del PSOE, y el PP como acusación popular valora pedir la imputación del partido de Sánchez.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo lidera la estratégia popular, con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y los barones territoriales alineados.
- ¿Qué impacto tiene? Acerca la responsabilidad penal a Ferraz en pleno ciclo judicial contra el entorno del presidente, forzando al Gobierno a una posición defensiva.
Hace apenas una semana, el magistrado Santiago Pedraz encausaba a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo, el teniente general Manuel Llamas, por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Las diligencias –que investigan una trama dirigida a desacreditar investigaciones de la UCO– han puesto ya el foco en la propia estructura del Partido Socialista.
Según el auto de imputación, la ex cúpula del Instituto Armado habría actuado como brazo ejecutor de un entramado liderado por el ex secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán, con la colaboración de abogados y fondos del partido. En ese contexto, Alberto Núñez Feijóo ha trasladado este fin de semana que la imputación del PSOE es «inminente», en un giro que acerca el cerco judicial a la formación que sostiene al Gobierno.
La presión judicial sobre la cúpula de la Guardia Civil allana el camino para que la imputación del PSOE sea el siguiente paso en la causa.
La declaración de la cúpula de la Guardia Civil apunta a Ferraz
El 16 de julio, la directora general del Cuerpo y el número dos del mismo están llamados a declarar como investigados ante el juez Pedraz. Las fiscales del caso sostienen que ambos aparecerían integrados en una organización que, desde al menos 2021, buscó «neutralizar» procesos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
Las pesquisas sitúan el inicio de las maniobras entre 2021 y 2022, con el histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías y un individuo aún por identificar como gérmenes de la operación. Para abril de 2024, tras la imputación de Begoña Gómez, las agendas de Leire Díez –bautizada como la fontanera– registran la puesta en marcha de la «operación PSOE». Según la Fiscalía, Cerdán habría puesto a disposición del grupo la infraestructura logística y financiera de Ferraz, sufragando con fondos del partido la actividad presuntamente delictiva.
El instructor ya ha advertido en un auto que cualquier información solicitada a la persona jurídica –el PSOE– está sujeta al derecho a no autoincriminarse, una cautela que solo se aplica a quien puede acabar imputado. «No se le está dando trato de testigo», subrayan fuentes de la acusación popular.
La acusación popular del PP acelera el cerco al PSOE
El Partido Popular lidera la acusación popular unificada en el caso cloacas. Desde su posición procesal, el partido de Feijóo valora solicitar la imputación formal del PSOE en cuanto los indicios acumulados tras las comparecencias de julio sean «más que suficientes». «La decisión podría llegar en en agosto», apuntan fuentes conocedoras del debate interno, conscientes de que la pieza secreta que investiga el juez Ismael Moreno sobre la presunta financiación irregular de Ferraz también condiciona los tiempos.
La estrategia popular no se limita a la acción en sede judicial. Feijóo ha aprovechado la última sesión de control para exponer la paradoja: mientras el Gobierno mantiene la confianza en los mandos investigados, el PP defiende la limpieza de las instituciones y exige que el PSOE dé explicaciones. La imputación del partido supone un salto cualitativo que colocaría a Ferraz en el banquillo de los acusados como persona jurídica, con el consiguiente daño reputacional y la posible inhabilitación para recibir subvenciones.
El impacto territorial no es menor. En las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, los ejecutivos esperan que el avance judicial desgaste la imagen del Gobierno central, reforzando el discurso de que solo los populares garantizan la separación de poderes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ya ha vinculado el caso con la necesidad de «limpiar las cloacas del Estado» tras años de permisividad.
El Eje del Poder Popular
La imputación del PSOE no es solo una cuestión jurídica: es el eje sobre el que gira la estrategia de oposición del PP para el próximo ciclo electoral. Feijóo ha decidido jugar la partida en los tribunales con la misma determinación con la que lo hace en el Senado. La diferencia es que aquí el golpe institucional puede ser demoledor: una fuerza política condenada penalmente ve comprometida su propia viabilidad.
En Génova son conscientes de que el movimiento conlleva riesgos. Los sectores más moderados del partido temen que la judicialización excesiva pueda generar un efecto rebote si finalmente el PSOE no resulta condenado. Sin embargo, la dirección nacional defiende que no hacer nada sería aún peor: «Sería dar carta de naturaleza a las cloacas», apunta un miembro del Comité de Dirección.
Los barones populares –desde Juanma Moreno hasta Alfonso Rueda– respaldan en privado la firmeza de Feijóo. Saben que el calendario judicial casa bien con el político: la declaración del 16 de julio llega justo antes del verano, cuando las encuestas suelen marcar un desgaste adicional del Gobierno. Si la imputación del PSOE se materializa en agosto, como esperan fuentes de la acusación popular, el curso político empezará con Moncloa a la defensiva.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La imputación del PSOE es inminente y el PP lidera la defensa del Estado de Derecho frente a las cloacas del Gobierno.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Judicialización de la causa con la declaración de la cúpula de la Guardia Civil el 16 de julio y posible petición de imputación del PSOE antes de septiembre.
