EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Unión Europea ha adoptado un nuevo Reglamento de Retorno que agiliza las deportaciones de inmigrantes irregulares, permite centros de retorno en terceros países y reduce los plazos de recurso.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, con el respaldo del Consejo y del Parlamento Europeo, impulsa la reforma para aumentar las expulsiones efectivas, que hoy apenas alcanzan una de cada cinco órdenes.
- ¿Qué impacto tiene? España, como puerta de entrada del Mediterráneo, deberá adaptar sus procedimientos de retorno y podría verse presionada para firmar acuerdos con países de tránsito como Marruecos o Senegal.
Los Veintisiete han sellado este viernes la reforma migratoria más restrictiva en tres décadas. El nuevo Reglamento de Retorno —que complementa el Pacto sobre Migración y Asilo— acelera las expulsiones, reduce los plazos de recurso y amplía las posibilidades de detención. Para España, la norma supone un reto inmediato: deberá engrasar una maquinaria de retorno que hoy apenas funciona y, al mismo tiempo, gestionar una frontera sur que sigue recibiendo una presión migratoria constante.
Fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com confirman que el texto ha sido aprobado con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros, pese a las reservas de algunos gobiernos del sur. La nueva regulación deroga la Directiva de Retorno de 2008 y se aplicará de manera directa en toda la Unión en un plazo de seis meses, lo que deja a España con un margen ajustado para adaptar su legislación y sus protocolos internos.
La letra pequeña: centros externos y recursos sin efecto suspensivo
El reglamento introduce tres mecanismos clave. El primero, la posibilidad de que los Estados miembros creen centros de retorno en terceros países con los que tengan acuerdos bilaterales. En esas instalaciones, las personas sujetas a una orden de expulsión podrán permanecer mientras se tramita su retorno al país de origen o a otro Estado autorizado. La medida recuerda al modelo que Italia intentó con Albania, aunque con un paraguas jurídico comunitario ahora más sólido.
El segundo cambio elimina el efecto suspensivo automático de los recursos judiciales. Hasta ahora, presentar una apelación paralizaba la expulsión. Con el nuevo texto, solo un juez podrá decretar la suspensión, caso por caso. La Comisión Europea argumenta que esa modificación evitará dilaciones de meses o años que, en la práctica, frustraban la ejecución de las órdenes de retorno.
El tercer pilar flexibiliza el vínculo entre la persona migrante y el país de destino. Ya no será necesario que el extranjero haya residido en el tercer Estado al que se le traslada: bastará con que exista un acuerdo entre ese país y la Unión o uno de sus miembros. Organizaciones humanitarias temen que esto abra la puerta a deportaciones masivas a países con los que la persona no tenga ninguna conexión, algo que la Comisión dice que se compensará con salvaguardas de derechos humanos.
El nuevo reglamento es la respuesta técnica a una realidad política: la tasa de retornos efectivos sigue por debajo del 20% y los gobiernos necesitan resultados.
España, ante el espejo: más expulsiones y acuerdos bilaterales
España es uno de los países mas expuestos a la nueva normativa. Con la ruta canaria y las entradas por Ceuta y Melilla como puntos calientes, el Ministerio del Interior tendrá que revisar sus procedimientos administrativos y judiciales para adaptarse a los plazos más cortos y a la menor protección cautelar.
El dato que esgrime Bruselas es demoledor: en los últimos años, solo una de cada cinco órdenes de retorno emitidas en territorio español se ha ejecutado. La nueva regulación obligará a centralizar los expedientes, acelerar los procesos y, sobre todo, a negociar acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito —Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia— para que acepten readmisiones y, eventualmente, alberguen centros de retorno temporales.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores admiten a Moncloa.com que la negociación de de esos convenios es ‘la parte más delicada’. Los países del Magreb, conscientes de la asimetría, exigirán contrapartidas económicas, visados preferentes o cooperación energética. De hecho, la experiencia italiana con Albania muestra que los costes pueden ser elevados y el resultado incierto.
Además, el escenario interno es complejo. El Gobierno de Pedro Sánchez, que presume de una política migratoria de ‘humanismo y orden’, deberá justificar ante sus aliados de izquierdas y ante las comunidades autónomas más tensionadas —Canarias, Andalucía— el endurecimiento de las expulsiones. La portavoz del Ejecutivo evito ayer valorar el reglamento, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha anticipado que pedirá ‘garantías absolutas de que no se vulneren los derechos humanos de los migrantes’.
El Eje del Poder Europeo
La nueva norma no surge de la nada. Es el reflejo de un giro a la derecha en la mayoría del Consejo Europeo, donde los gobiernos de Italia, Países Bajos, Hungría y Austria llevan tres años pidiendo un control más duro de las fronteras y un aumento de las expulsiones. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen —que ha hecho de la migración uno de los ejes de su segundo mandato—, ha encontrado en el Parlamento Europeo el respaldo suficiente para sacar adelante un texto que, hace una década, habría sido impensable en la Eurocámara.
El bloque del sur, tradicionalmente más moderado, se ha visto arrastrado. Tanto España como Italia, aunque por razones opuestas, necesitan medidas efectivas que alivien la presión migratoria, pero también temen que la externalización de los retornos acabe judicializándose o que terceros países rechacen los convenios. El eje franco-alemán, por su parte, mantiene un apoyo discreto pero firme: París ve en los centros externos una vía para desviar la presión del Mediterráneo hacia el Magreb, mientras Berlín, con su mercado laboral necesitado de mano de obra, insiste en que el retorno debe combinarse con canales de inmigración legal.
La lectura a largo plazo es ambivalente. A corto plazo, los gobiernos europeos podrán exhibir un endurecimiento normativo. A medio plazo, sin embargo, el propio reglamento choca con la realidad demográfica del continente, que necesitará millones de trabajadores para mantener el estado de bienestar. El BCE y el Fondo Monetario Internacional ya advirtieron en 2025 que sin inmigración regular, el crecimiento potencial de la Eurozona caerá por debajo del 1%. Y la nueva regla de gasto aprobada este año obligará a los Estados a priorizar inversiones, por lo que financiar una costosa maquinaria de expulsión podría restar recursos a otras partidas.
El precedente británico con Ruanda —cancelado tras años de litigios y más de 300 millones de libras gastadas— recuerda que el camino entre el papel y la realidad puede ser largo. La UE apuesta ahora por un modelo menos polémico formalmente, pero que enfrentará los mismos obstáculos: la oposición judicial, la resistencia de los países de tránsito y la crítica de las organizaciones de derechos humanos.
El próximo paso será, seguramente, la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y la apertura de los plazos de transposición. Para España, el reloj ya ha empezado a correr.
