El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha reclamado a la Generalitat, con «máxima urgencia», la retirada de las 14.603 piezas de convicción que permanecen almacenadas desde la DANA en un aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de València.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sala de Gobierno del TSJ exige a la Conselleria de Justicia la reubicación inmediata de las pruebas judiciales, al considerar que el depósito provisional en el sótano segundo carece de condiciones de seguridad.
- ¿Quién está detrás? El órgano de gobierno de los jueces valencianos, que lleva meses reclamando una solución definitiva a la Generalitat.
- ¿Qué impacto tiene? La situación compromete la cadena de custodia y afecta a 3.640 procedimientos judiciales, mientras la Conselleria asegura que las piezas están custodiadas y busca una nueva ubicación.
Un parking como archivo judicial: la cronificación de una emergencia
La riada del barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024 destruyó por completo el Centro Logístico y de Archivo de la Generalitat (CLAIG), en Riba-roja de Túria. Desde entonces, las 14.603 piezas de convicción que custodiaba –pruebas de 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales y fiscales– acabaron en un depósito improvisado: el aparcamiento del sótano segundo de la Ciudad de la Justicia. Una solución que se suponía transitoria, pero que a punto de cumplirse dos años de la catástrofe se ha cronificado sin que nadie haya dado una alternativa real.
El hartazgo de la carrera judicial ha quedado reflejado en el acta de la sesión del pasado 8 de julio de la Sala de Gobierno del TSJ, a la que ha tenido acceso elDiario.es. «La ubicación actualmente utilizada, en el sótano segundo del edificio y concretamente en una zona destinada a aparcamiento, presentaba un carácter meramente provisional y no reúne las condiciones adecuadas de seguridad, custodia y conservación exigibles», reza el documento. Los magistrados insisten en que la situación «se está alargando en exceso en el tiempo» y genera «importantes afecciones al normal funcionamiento de las instalaciones».
La memoria judicial del TSJ correspondiente al ejercicio 2025, hecha pública el viernes 24 de julio, recoge la misma inquietud con un lenguaje más directo: «Se trata de una situación a la que la Administración prestacional [la Generalitat] debería dar una solución de forma inmediata». No es la primera vez que el tribunal eleva esta petición. Fuentes del alto tribunal valenciano confirman que se ha reclamado por enésima vez a la Conselleria de Justicia, dirigida por Nuria Martínez, que habilite un espacio digno para las piezas. Sin respuesta.
La Conselleria ve «perfecta custodia» y promete una nueva ubicación
Desde el departamento autonómico que gestiona los medios materiales de la justicia valenciana la lectura es radicalmente distinta. «Las piezas de convicción están perfectamente custodiadas en la Ciudad de la Justicia de València», defienden las mismas fuentes. Y añaden que se está «ultimando la viabilidad de una nueva ubicación como depósito». El matiz es sustancial: aunque el TSJ exige una solución «definitiva», la Conselleria habla de «viabilidad», sin comprometer plazos ni emplazamiento concreto.
Dos años después de la DANA, la justicia valenciana sigue esperando que el gobierno autonómico le devuelva un espacio seguro para custodiar las pruebas que sustentan miles de causas.
La paradoja es que el Consell de Pérez Llorca (PP-Vox) ha manejado cientos de millones de euros en fondos de reconstrucción, pero una infraestructura básica para el funcionamiento de los juzgados –un archivo judicial– sigue atascada en un sótano. La destrucción del CLAIG afectó no solo a las piezas de convicción, sino también a documentación administrativa y expedientes de Hacienda. Sin embargo, la prioridad política se ha centrado en otras partidas del Plan de Recuperació, Reconstrucció i Resiliència davant l’Emergència DANA (Plan RERD), mientras la administración de justicia acumula retrasos.
El Escenario Valenciano
El enfrentamiento soterrado entre el poder judicial y el ejecutivo autonómico tiene una lectura política inmediata. El choque llega en un momento en que el pacto PP-Vox cruje por otros frentes y la oposición –PSPV y Compromís– busca cualquier muestra de ineficacia en la gestión post-DANA. La imagen de un aparcamiento convertido en archivo de pruebas es munición para el discurso de quienes acusan al Consell de negligencia. La consellera Martínez, consciente del desgaste, intenta rebajar la tensión con promesas de futuro, pero sin fecha ni partida presupuestaria específica.
A escala nacional, el caso pone en evidencia una de las debilidades del sistema autonómico ante catástrofes: aunque la reconstrucción se financia con fondos estatales y europeos, la ejecución de infraestructuras judiciales depende exclusivamente de las comunidades. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado partidas millonarias para la Comunitat Valenciana a través del real decreto-ley 6/2024 y sucesivas modificaciones presupuestarias, pero la decisión de construir o alquilar un nuevo archivo compete a la Generalitat. El bloqueo recuerda a otros episodios de lentitud burocrática que lastraron la recuperación tras las riadas del Vallès (1962) o las inundaciones de Murcia (2012), aunque en este caso la afectación directa a la cadena de custodia añade una dimensión de seguridad jurídica que el Consejo General del Poder Judicial podría acabar monitorizando.
La proyección inmediata pasa por la búsqueda de un emplazamiento antes del segundo aniversario de la DANA, el próximo 29 de octubre de 2026. Si la Conselleria no ofrece una ubicación concreta en las próximas semanas, la Sala de Gobierno del TSJ podría elevar una queja formal al CGPJ o, incluso, plantear un incidente de ejecución. Mientras, las 14.603 piezas dormitan en un parking donde nunca debieron estar tanto tiempo.
Ficha del Caso
- El caso: Las piezas de convicción de los juzgados valencianos (14.603) llevan casi dos años almacenadas en un aparcamiento de la Ciudad de la Justicia por la destrucción del archivo de Riba-roja en la DANA.
- Datos importantes: Afecta a 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales; la Sala de Gobierno del TSJ pide la retirada urgente desde el pasado 8 de julio; la Conselleria de Justicia asegura que busca nueva ubicación.
- Resumen: La falta de una solución definitiva refleja los retrasos en la reconstrucción post-DANA y la tensión entre el poder judicial valenciano y el ejecutivo autonómico.
