La precampaña del 29N permite anticipar algunas de las prioridades de una derecha que promete legislar en favor de las empresas, cuestiona el modelo territorial y mantiene una estrecha sintonía con las posiciones de Trump y Netanyahu. Detrás de las consignas sobre libertad y eficiencia de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) se dibuja un programa que afecta a los derechos laborales, el autogobierno y las políticas sociales.
Hay propuestas que permiten entender mejor a un partido que cien discursos de campaña, aunque ambos escondan algunas para no repetir los errores que les llevaron a quedarse sin el poder en 2023. La posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta médica a trabajadores enfermos, los ataques a los fueros y la defensa de Israel, advertida en dirigentes como Ester Muñoz, Isabel Díaz Ayuso o el propio Abascal, son tres ejemplos de las prioridades que PP y Vox colocarán en el debate público si obtienen mayoría.
Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan conceder el alta médica en determinadas patologías. El presidente del PP no ha concretado qué enfermedades quedarían incluidas ni cómo se garantizaría la independencia de las decisiones. Actualmente, estas entidades pueden realizar el seguimiento de las bajas por contingencias comunes y proponer altas, pero la decisión corresponde al sistema público. En las enfermedades profesionales, en cambio, ya disponen de competencias específicas. La propuesta supondría ampliar su capacidad de intervención en los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común.
El debate no es menor. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social vinculadas a asociaciones empresariales. Entregarles más poder para decidir cuándo una persona está en condiciones de regresar al trabajo plantea un evidente conflicto de intereses que los sindicatos CCOO y UGT han denunciado. Una baja médica no es un privilegio que se concede al trabajador ni una concesión que deba retirarse para aliviar los costes empresariales: es una decisión sanitaria que debe responder a criterios clínicos.
La propuesta se presenta bajo el argumento de combatir el absentismo y perseguir el fraude. Sin embargo, convertir las sospechas sobre determinadas bajas en el centro del debate corre el riesgo de trasladar al conjunto de los trabajadores la responsabilidad de un problema que también está relacionado con el envejecimiento de las plantillas, las condiciones laborales y las dificultades de acceso a la sanidad pública. Quien está enfermo necesita recuperarse, no afrontar la incertidumbre de que una entidad vinculada a los intereses empresariales pueda decidir que debe reincorporarse antes de tiempo.
La misma concepción de la política aparece en el debate territorial. Vox han cuestionado los fueros y el autogobierno, aunque sus discursos y propuestas no sean idénticos. En Navarra, PP y Vox han defendido la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla un procedimiento específico para una eventual incorporación de Navarra al País Vasco.
Resulta llamativo recordar que Feijóo, antes de convertirse en líder nacional del PP, había construido buena parte de su trayectoria política en Galicia, una comunidad con identidad propia y lengua cooficial y decía que Vox no tenía «sitio» en su tierra. Santiago Abascal, por su parte, lo había tildado de «nacionalista» como descalificación política.
La recentralización es uno de los puntos de encuentro entre las derechas, aunque el PP trate de mantener una imagen más moderada que Vox. La discusión sobre los fueros se conecta con una visión uniformizadora del Estado que choca con la pluralidad histórica, política y cultural de España.
«Prioridad nacional»
La inmigración es otro de los grandes frentes de esta agenda. Vox ha convertido el rechazo a la inmigración en una de sus principales banderas y el PP ha asumido parte de ese marco discursivo, aunque con diferencias en el alcance y las medidas propuestas. La llamada «prioridad nacional» resume esa orientación: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos.
Bajo una consigna que apela a la protección de los ciudadanos, se plantea una distinción entre personas que viven en el mismo país y que pueden encontrarse en situaciones de necesidad similares. El debate no es solo administrativo: afecta a los principios de igualdad, a la cohesión social y al riesgo de convertir el origen nacional en un criterio para determinar quién merece antes la protección pública.
El programa ideológico también alcanza a los derechos sociales. Vox mantiene una posición contraria a las actuales políticas de igualdad y diversidad, mientras el PP ha defendido revisar determinadas normas y ha planteado eliminar el Ministerio de Igualdad. En cuestiones como el aborto, la legislación trans o la violencia de género, las diferencias entre ambas formaciones existen, pero sus acuerdos políticos han situado en el centro del debate propuestas de revisión de derechos que hasta hace poco parecían consolidados.
Algo similar ocurre con el ecologismo, la educación, la cultura y la sanidad. Vox ha planteado derogar o reformular políticas ambientales, educativas y de igualdad, mientras el PP ha cuestionado determinadas medidas y ha defendido cambios en su aplicación.
La cultura también se ha convertido en un campo de batalla. La derecha ha cuestionado las subvenciones públicas y acusa a determinadas instituciones de favorecer una orientación ideológica. El debate sobre el uso del dinero público es legítimo, pero deja de serlo cuando la crítica a determinados contenidos se convierte en una excusa para debilitar la financiación cultural o establecer qué expresiones merecen respaldo según su afinidad política.
La política internacional ofrece otra pista sobre las prioridades de las derechas. PP y Vox han mantenido posiciones críticas con la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión mientras Israel siga participando en el festival. La comparación con Rusia, expulsada de competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania, ha alimentado el debate sobre la coherencia de los criterios aplicados a ambos países. La defensa de Israel en pleno genocidio contra el pueblo de Palestina, se ha convertido, además, en un elemento de confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En ese terreno, la sintonía con Donald Trump y las corrientes más duras de la derecha internacional también merece atención. Vox ha mostrado afinidad con el trumpismo, mientras el PP ha reivindicado aspectos de las políticas económicas de Javier Milei. El discurso de la libertad económica convive así con propuestas de mayor control social, restricciones en derechos y una concepción de la seguridad que puede justificar medidas autoritarias en nombre del interés común.
