El Ayuntamiento de Alicante ha renunciado a ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las VPO de la promoción Les Naus, incumpliendo así el compromiso que el alcalde Luis Barcala (PP) asumió en febrero para evitar la especulación y aumentar el parque público de vivienda. La decisión, confirmada ayer por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, deja sin efecto un anuncio que el propio Barcala había vinculado a un convenio con la Generalitat Valenciana y que ahora el equipo de gobierno considera “insostenible”.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Alicante no comprará los pisos protegidos de Les Naus que la exconcejala de Urbanismo y el promotor han puesto a la venta, pese a la promesa realizada en febrero por el alcalde Luis Barcala.
- ¿Quién está detrás? El concejal de Urbanismo, Antonio Peral (PP), alega informes técnicos desfavorables y el alto coste de las viviendas (250.000 euros) para las familias en lista de espera.
- ¿Qué impacto tiene? El parque público municipal no crece, la promesa queda rota y la oposición acusa al PP de desproteger a las rentas más bajas.
Una promesa de febrero que se desvanece en cinco meses
Fue el pasado febrero cuando el alcalde Luis Barcala anunció que el consistorio ejercería el tanteo y retracto sobre cualquier VPO de Les Naus que se pusiera a la venta. La medida pretendía cortar de raíz la especulación tras el escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas a cargos próximos al PP, a funcionarios y a familias con rentas muy por encima del umbral legal. Cinco meses después, el concejal Antonio Peral ha respondido con un rotundo “no, no vamos a hacerlo” a la pregunta de la edil socialista Ana Barceló durante el pleno municipal.
Los inmuebles en cuestión —de la promoción conocida como Les Naus— son viviendas seminuevas con garaje, trastero, pista de pádel y piscina comunitaria. El precio rondaría los 250.000 euros por unidad. Para el equipo de gobierno, ese coste desaconseja la operación: las más de 800 personas apuntadas en la lista de espera de vivienda protegida tienen ingresos demasiado bajos, según los informes del patronato municipal de la vivienda.
Los informes técnicos y la batalla política en Alicante
Peral se escudó en los “informes técnicos” del patronato para justificar el portazo. “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, afirmó. El edil llegó a preguntar: “¿De verdad nos piden que con el dinero de los vecinos compremos una vivienda que no pueden asumir las familias vulnerables?”.
La argumentación choca con la esencia de la vivienda protegida, diseñada precisamente para cubrir a la población con menos recursos. La oposición denunció el incumplimiento flagrante de la palabra del alcalde y recordó que la Generalitat puede ceder el derecho de tanteo a los ayuntamientos, pero que esa cesión no se ha formalizado. El PSPV subrayó que la inacción del consistorio permitirá que los dos propietarios —la exconcejala de Urbanismo y el promotor— vendan libremente, cerrando la puerta a un alquiler social o a un parque público que absorba la demanda real.
La controversia se produce en un momento en el que el escándalo de Les Naus ya ha salpicado a las élites locales: se concedieron VPO a familias adineradas y a personas con sueldos de 70.000 euros, un desvío del espíritu de la ley de vivienda que la comisión de investigación de las Corts Valencianes sigue analizando.
La VPO, diseñada para proteger a los más vulnerables, acaba siendo un producto que ni el propio Ayuntamiento quiere comprar para ellos.
El Escenario Valenciano
La renuncia del consistorio alicantino no es un gesto aislado, sino un termómetro de la tensión que rodea a la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España. Mientras el Gobierno central saca adelante la ley estatal de vivienda con medidas de contención de precios y protección de zonas tensionadas, la Generalitat y los ayuntamientos del PP se resisten a intervenir en el mercado de las VPO con herramientas públicas de adquisición. La promesa de Barcala fue leída en febrero como una excepción destinada a contener el daño reputacional del caso; hoy, con el rechazo en la mano, el PP vuelve a la doctrina de la “insostenibilidad” económica de comprar para alquilar a los más pobres.
En el plano político estrictamente autonómico, la decisión de Vox de evitar esta semana la reprobación del alcalde en la comisión de investigación de las Corts —según recogió La Vanguardia— confirma la resistencia del pacto PP-Vox en el Consell de Juanfran Pérez Llorca y su prolongación a nivel municipal. La oposición, con PSPV y Compromís, ha intensificado su presión, pero la mayoría de la derecha impide cualquier reproche formal. La proyección a corto plazo pasa por la comparecencia de los responsables de la cooperativa en esa misma comisión y por la posible cesión efectiva del derecho de tanteo de la Generalitat a los ayuntamientos, un mecanismo que, de no activarse, dejará sin red a los futuros inquilinos vulnerables de VPO en Alicante.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Alicante (PP) ha descartado ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las VPO de Les Naus que dos propietarios —la exconcejala de Urbanismo y el promotor— han puesto a la venta, rompiendo la promesa del alcalde Luis Barcala.
- Datos importantes: Precio unitario de unos 250.000€, más de 800 familias en lista de espera con ingresos bajos, promesa municipal de febrero de 2026, informes técnicos del patronato en contra y declinación de la cooperativa a comprar las viviendas.
- Resumen: El consistorio alega que los pisos no son asumibles por las familias vulnerables y que la compra no es sostenible, mientras la oposición denuncia un incumplimiento que permitirá la venta libre y desprotege a las rentas más bajas.
