El plan forestal de Canarias proyecta 1.272 millones de euros hasta 2047, pero sin un solo compromiso vinculante de financiación.
Un documento no vinculante con una factura de 1.272 millones
El texto, de casi 1.000 páginas, reconoce en varios pasajes que sus propuestas y recomendaciones son no vinculantes. Según el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, el plan opera “simplemente a modo de recomendaciones y propuestas”, sin alterar los instrumentos de ordenación ni las normas de los espacios naturales protegidos.
La vigencia arranca con una primera fase de siete años dotada con 405 millones y una apuesta por la gestión forestal “sostenible activa”. El 77,68% del territorio canario tiene uso forestal.
Las partidas de mayor peso son las de prevención, lucha y restauración frente a incendios, con 115 millones; repoblaciones, recursos genéticos y producción de planta, con 78,5; pistas forestales, senderos y espacios públicos, con 47; y selvicultura adaptativa, con 45,2. La gran ausencia es saber cuánto irá exactamente a prevenir y cuánto a apagar.
Prevención frente a extinción: la brecha que el propio Gobierno reconoce
En 2024 la inversión contra incendios alcanzó 25,8 millones de euros: 17 se destinaron a extinción —11,2 solo a los helicópteros de la Dirección General de Emergencias— y apenas 4,6 a prevención.
El plan admite que Canarias no cumple la recomendación del PNUMA, que propone dedicar dos tercios a prevenir y un tercio a extinguir. Históricamente, las islas han gastado un 76% del presupuesto en extinción y solo un 25% en prevención activa.
Entre el plan y el monte hay una distancia que no se mide en millones, sino en la capacidad de ejecutar lo prometido.
La estrategia anterior, aprobada en 1999 y vigente hasta este 2026, apenas materializó el 11% de sus medidas y y “no tuvo continuidad a lo largo del tiempo”. Ahora el nuevo plan se presenta como guía frente a los desafíos climáticos y demográficos.
Las dificultades estructurales explican el escepticismo. El 83% de la superficie forestal está en manos privadas, repartida entre miles de parcelas a menudo abandonadas. A ello se suma una coordinación “escasa o nula” entre cabildos y un sistema estadístico forestal disperso entre ISTAC, GRAFCAN y otros organismos.
El cuerpo de agentes de medio ambiente arrastra una alarmante falta de personal, especialmente en La Palma, y el propio plan reconoce que el relevo “no se está haciendo en tiempo”. El personal de incendios triplica efectivos en verano, pero la compensación de horas deja una plantilla mínima en invierno insuficiente para prevenir.
El Pulso Territorial
El pulso político en el archipiélago está marcado por la coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente. La apuesta por proteger la biodiversidad canaria queda en el aire porque el plan no garantiza recursos ni financiación.
Este plan no es un caso aislado. En otras comunidades autónomas con grandes superficies forestales, la planificación convive con los mismos problemas de personal y titularidad privada del monte. La distancia entre planificación y realidad sigue siendo el principal riesgo. El precedente del 11% de ejecución convierte cada cifra del plan en una promesa sujeta a presupuestos futuros.
Lo que viene ahora es la prueba del presupuesto. La financiación dependerá del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares, del FEDER y del FEADER, mientras los fondos Next Generation encaran su último tramo de ejecución en 2026. La próxima batalla será presupuestaria.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias ha aprobado un nuevo plan forestal hasta 2047 con 1.272 millones de euros previstos para prevención, restauración y selvicultura, pero sin rango normativo que obligue a financiarlo.
- Datos importantes: 405 millones en los primeros siete años; 115 millones para incendios, 78,5 para repoblaciones, 47 para pistas y 45,2 para selvicultura. La estrategia anterior solo ejecutó el 11%.
- Resumen: El documento queda como guía de recomendaciones. Su aplicación dependerá de futuros planes, proyectos y presupuestos del Gobierno de Canarias, cabildos y fondos europeos.
