La demolición de la Casa de Baños de Ourense se ejecutó antes de ser declarada de emergencia el 27 de agosto. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico gallego—, ha reconstruido una secuencia en la que el consistorio ourensano avanzó sin la autorización preceptiva y desoyó un requerimiento de paralización.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Ourense inició el derribo de la Casa de Baños, un inmueble del siglo XIX protegido como BIC, el 12 de agosto sin autorización de Patrimonio.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome, frente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.
- ¿Qué impacto tiene? La declaración de emergencia llegó quince días después del inicio de las obras y la oposición exige responsabilidades.
La cronología de una demolición sin permiso
El 12 de agosto, el gobierno local comenzó la demolición de la antigua casa de baños decimonónica, un edificio protegido como Ben de Interese Cultural (BIC), la máxima figura de protección patrimonial en Galicia. Ese mismo día, según ha detallado Patrimonio, se notificó al Concello un oficio en el que se solicitaba la paralización de la intervención durante 48 horas y la entrega de la documentación completa. La administración de Gonzalo Pérez Jácome ignoró el requerimiento.
Dos días después, el 14 de agosto, el organismo autonómico pidió a la Unidad de Policía Nacional adscrita que acudiera al inmueble para levantar acta de los trabajos y realizar un reportaje fotográfico. Fuentes de la Consellería de Presidencia confirman que se elaboró un informe con la situación del edificio. No fue hasta el 17 de agosto cuando entró en el registro electrónico la documentación del Concello, cinco días después del inicio del derribo. La declaración de emergencia de las obras no llegó hasta el 27 de agosto, cuando el ejecutivo local la incluyó en una junta de gobierno fuera del orden del día.
El director xeral de Patrimonio Cultural recuerda que el expediente sigue reclamando al Ayuntamiento el proyecto redactado por un profesional competente para los posibles desmontados, apeos y consolidaciones. En el documento administrativo se advierte de que las actuaciones realizadas carecen de la preceptiva autorización y pueden suponer una infracción en materia de protección del patrimonio.
La oposición exige explicaciones
La portavoz municipal del PSOE en Ourense, Natalia González, ha pedido al gobierno local que aclare quién decidió continuar el derribo, con qué informes y bajo qué responsabilidad. La concejala socialista reclama que se publique cuándo se adoptó la decisión de actuar por emergencia y qué informe técnico la fundamentaba.
La polémica no es solo administrativa. El inmueble ya había quedado calcinado en mayo, y aquel incendio abrió un debate sobre el estado del patrimonio urbano ourensano. Lo que se discute ahora es si una emergencia puede declararse con carácter retroactivo y si un BIC puede demolerse al margen de la autorización autonómica.
La emergencia se declaró cuando la Casa de Baños llevaba dos semanas parcialmente derribada; el expediente patrimonial es ya un problema de responsabilidad institucional.
El Laboratorio Gallego
En Galicia, la protección del patrimonio cultural es una competencia autonómica que la Xunta ejerce a través de la Dirección Xeral. El caso de Ourense muestra el choque entre una administración local que actúa por la vía de los hechos y un gobierno autonómico que intenta frenar la intervención por la vía del expediente. No es una tensión exclusiva de esta comunidad: en otras autonomías se han producido conflictos parecidos por demoliciones de elementos catalogados, lo que convierte este litigio en un precedente de interés general.
La lectura nacional del episodio es que la autoridad de la normativa patrimonial común queda en entredicho cuando un ayuntamiento ignora los mecanismos de protección de un BIC. El choque, además, no responde al eje izquierda-derecha. La alcaldía de Jácome no pertenece al PPdeG —el Partido Popular de Galicia, formación que sostiene al gobierno autonómico—, sino a una formación localista. Lo que se observa en Ourense es un problema de lealtad institucional y de controles administrativos, no una disputa partidista clásica.
El expediente queda abierto y puede derivar en una sanción patrimonial. Mientras tanto, la oposición socialista de Ourense ha convertido la demolición de la Casa de Baños en un caso de transparencia municipal. Quien siga la política gallega desde hace tiempo sabe que este tipo de pulsos no siempre llegan a los tribunales, pero suelen marcar la agenda urbana durante meses.
Ficha del Caso
- El caso: La Casa de Baños del siglo XIX, protegida como BIC, quedó calcinada en mayo y el Ayuntamiento de Ourense inició su demolición el 12 de agosto sin autorización de Patrimonio.
- Datos importantes: El 14 de agosto se notificó a la Policía Nacional adscrita; el 17 de agosto el Concello presentó documentación; el 27 de agosto se declaró la emergencia.
- Resumen: La Xunta aprecia una posible infracción patrimonial y la oposición pide responsabilidades. El caso enfrenta al Ayuntamiento de Ourense con el gobierno autonómico gallego.
