Salvador Illa ha defendido este sábado en Alcarràs el PLATER y ha avisado: ‘Catalunya no se puede permitir parar’. El presidente de la Generalitat ha escogido el mayor parque solar de la comunidad para lanzar un mensaje directo a los municipios que rechazan el despliegue renovable.
El escenario no era casual. Alcarràs estrena 300 megavatios de potencia fotovoltaica, de los que 200 proceden de Solaria y 100 de Ignis. La cifra casi duplica toda la potencia solar sobre terreno que Catalunya tenía instalada hace pocos meses. El complejo reserva otros 100 MW autorizados para construirse a partir de 2027, un calendario que alimenta la sensación de que el proyecto es solo la primera pieza.
El laboratorio solar que Illa quiere exportar
La Generalitat presenta este complejo como prueba de que agricultura, paisaje y grandes instalaciones renovables pueden convivir. Illa ha admitido que las infraestructuras de esta escala transforman inevitablemente el territorio y ha comparado su impacto con el de los embalses. ‘Se trata de elegir dónde se hacen’, ha defendido, antes de resumir la ecuación energética: ‘Petróleo no tenemos; sol y aire, sí’.
Su argumento conecta con la seguridad de suministro europea tras la guerra de Ucrania. El Govern mantiene el objetivo de multiplicar por tres la potencia renovable actual antes de 2030 y por doce antes de 2050. ‘Y lo haremos’, ha sentenciado el presidente. La apuesta retórica ya no es solo medioambiental: se plantea como una elección entre dependencia exterior y autonomía energética.
El frente de municipios que tensa el calendario
Lejos del parque, el PLATER encuentra una contestación amplia. Cerca de 290 municipios se han adherido a un manifiesto contra la propuesta actual y varios ayuntamientos trabajan para constituirse en asociación y elevar la presión institucional. El Govern ya ha aplazado la aprobación definitiva hasta el verano de 2027 y ha anunciado un segundo proceso de información pública.
Las cifras dibujan el alcance del malestar: el primer proceso de exposición pública dejó 12.143 alegaciones. El Institut Català d’Energia deberá analizarlas antes de reformular el documento y volverlo a someter a consulta. No es una oposición exclusivamente municipal: organizaciones del propio sector renovable reclaman repensar la delimitación de las zonas prioritarias.
El Govern separa el diálogo del calendario: negociará alegaciones, pero no renunciará al despliegue masivo.
A las puertas del parque, una quincena de personas convocadas por Lleida contra la MAT, la Plataforma l’Horta de Lleida y Pobles Vius ha recibido a la comitiva con pancartas. El lema ‘No es transición, es especulación’ condensa la desconfianza de fondo. También se exhibieron carteles como ‘Alcarràs, película de terror’ y denuncias por un supuesto fraccionamiento ilegal de los proyectos.
El precio del consenso: fiscalidad, paisaje y baterías
La consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reconocido los desasosiegos locales y ha anunciado que a partir del año próximo se incorporarán baterías para almacenar la electricidad. Solaria ha invertido 105 millones de euros en su parte del complejo y calcula que el proyecto generará más de cuatro millones de euros en impuestos vinculados a la construcción para Alcarràs y Lleida.
El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, admite sin rodeos el cambio de paisaje, la nueva fiscalidad, y las compensaciones necesarias. Su lectura encaja con la del Govern: ‘O dependemos del petróleo, de países con regímenes de poder dudosos, o de nuestra propia energía’. En Moncloa.com observamos que la batalla ya no se libra en el terreno técnico, sino en el reparto territorial de los costes.
La estrategia de Illa encierra un riesgo político relevante. Negociar no es lo mismo que ceder, y la aprobación definitiva en 2027 puede convertirse en un choque acumulado si el segundo proceso de alegaciones mantiene la oposición. El Govern insiste en que no renunciará al PLATER. La incógnita es si el consenso prometido llegará antes que la determinación.
