La Fiscalía Anticorrupción apura la instrucción del caso Leire Díez para atar la relación de la exmilitante con el PSOE. Los audios de los interrogatorios celebrados en julio en la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso elDiario.es, dibujan una investigación centrada en contratos, reuniones y pagos que la Fiscalía trata de conectar con la estructura orgánica del partido.
La Fiscalía escucha los audios y busca el hilo con Ferraz
El letrado José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos, relató que Leire Díez le contactó en julio de 2024 presentándose como persona del Partido Socialista y amiga de Ábalos. En una reunión con el ex secretario de Estado de Interior del PP, Francisco Martínez, procesado en la Operación Kitchen, Álvarez escuchó después a Martínez: “Una vez más me están tomando el pelo”. La exmilitante, según su testimonio, “hablaba por los codos” y llegó a ofrecerle cobrar sus honorarios a través de una sociedad suya, oferta que el letrado rechazó.
La Fiscalía preguntó insistentemente si Leire Díez mencionó la calle Ferraz o el acceso a grabaciones. Álvarez no lo recordaba con precisión, pero su relato refleja el interés del Ministerio Público por situar a la exmilitante dentro de la órbita del PSOE. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen interrogaron en en la Audiencia Nacional a varios testigos e imputados para reconstruir su papel.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró que conocía a Leire Díez desde 2017, cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria. Sobre los pagos investigados a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, Narbona señaló que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, tenía “todas las atribuciones” para efectuar contrataciones. Precisó que hoy la Secretaría de Organización necesita la firma de otros dos miembros de la Ejecutiva Federal.
El exteniente fiscal Diego Villafañe describió dos reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo como “marcianas”. Aseguró que no se trató ningún asunto reservado y se refirió a los comentarios sobre posibles beneficios para Repsol o la contratación del jefe de la UCO, Antonio Balas, como rumores sin relevancia.
La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, compareció como imputada al borde del llanto. Afirmó que conoció a Leire Díez el 11 de marzo de 2025, un día después de la publicación del llamado “bulo” de Carmen Pano. Sintió que la exmilitante venía del PSOE para ver quién era ella, pero negó con rotundidad que el partido pagara la defensa de Koldo.
La instrucción avanza sobre contratos, reuniones y pagos; el fondo del debate es si existió una acción coordinada desde el partido o una actuación individual.
El coste reputacional y la respuesta del PSOE
La publicación de los audios coloca al PSOE ante una nueva derivada del caso Koldo. Ferraz evita pronunciarse sobre el fondo y se remite a la actuación judicial. La dirección federal trata de mantener un perfil bajo, consciente de que la mera asociación entre una exmilitante y las siglas del partido alimenta el discurso de la oposición.
La estrategia socialista pasa por separar la conducta individual de Leire Díez de la acción oficial de la organización. No hay una valoración pública extensa, pero sí una cautela evidente. El partido prefiere no entrar en el detalle de unas comparecencias que, por ahora, no implican a ningún miembro de la cúpula actual en la comisión de delitos.
El Eje del Poder Socialista
La causa alimenta la ofensiva del PP y de Vox, que buscan trasladar la responsabilidad al conjunto del PSOE. En el interior, la situación incomoda a dirigentes territoriales. Emiliano García-Page no oculta su malestar cuando los focos judiciales rozan al partido, aunque evita personalizar. Ferraz trata de contener el daño y no abrir frentes internos. El GPS del Congreso, a su vez, se prepara para una nueva ronda de acusaciones en la sesión de control.
El ruido judicial complica la agenda legislativa del Gobierno de coalición y debilita la posición de los gobiernos autonómicos socialistas. Las federaciones territoriales, sensibles a la gestión ordinaria, deben explicar que la instrucción no afecta a los servicios públicos. La comparación con otras crisis judiciales, como la Operación Kitchen o el propio caso Koldo, muestra que la frontera entre la política y los tribunales vuelve a tensionar al partido.
El riesgo inmediato es que la Fiscalía encuentre indicios suficientes para formalizar una imputación más amplia o llamar a declarar a cargos orgánicos. Eso mantendría el caso vivo durante el ciclo electoral. A medio plazo, el PSOE necesita demostrar que la estructura federal no participó en la trama investigada. Es un reto reputacional y jurídico, no solo político.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Separar las conductas individuales de la exmilitante de la acción oficial del PSOE y reiterar la plena colaboración con la justicia.
- Protagonista: Cristina Narbona (presidenta del PSOE), cuya comparecencia centró la atención sobre los pagos investigados.
- Próximo hito: Nuevas comparecencias ante la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción, pendientes de confirmación por el juzgado.
