La presidenta de la Comisión Europea aterriza este domingo en Nuuk con una promesa de inversión. Bruselas quiere frenar la ofensiva de Washington sobre la isla ártica.
La visita de Ursula von der Leyen se extiende hasta el lunes y coincide con unas maniobras de once países de la OTAN en el Ártico, según EFE. La agenda incluye la firma de una declaración conjunta entre la Unión Europea y Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, y servirá para reafirmar el compromiso comunitario con la integridad territorial de la isla.
Una visita calculada en plena ofensiva de Washington
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump sostiene que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por su seguridad nacional. Su argumento es simple: si Washington no lo hace, China o Rusia acabarán ocupando esa posición estratégica en el Atlántico Norte. La insistencia no es una anécdota de campaña. En Washington se ha traducido en nombramientos, declaraciones de altos cargos y una presión diplomática sostenida sobre Copenhague.
En enero los líderes de cinco partidos del Parlamento groenlandés publicaron una declaración conjunta para zanjar el debate: ‘No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses’. El mensaje no deja espacio a la ambigüedad. Poco después, en mayo, el enviado especial de Trump, Jeff Landry, viajó a Nuuk y defendió la reactivación de bases militares estadounidenses: ‘todas las personas con las que he hablado en Groenlandia estarían encantadas de que Estados Unidos repueble esas bases’, declaró a la agencia AFP.
Este pulso no es nuevo. Estados Unidos llegó a tener 17 instalaciones militares y más de 10.000 soldados en Groenlandia en el punto álgido de la Guerra Fría. Hoy solo conserva la base espacial de Pituffik, el punto más septentrional del Pentágono, dedicada a la alerta de misiles y la vigilancia espacial. La isla fue un portaaviones inmóvil para la disuasión atómica; ahora Washington quiere recuperar parte de aquella huella.
Los números de la ‘gran oleada’ que promete Bruselas
Ya en enero, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmaron una declaración en la que reivindicaban la ‘integridad territorial y la soberanía’. En Davos, la presidenta avanzó que la UE trabaja en un ‘gran impulso de inversión europea’ para reforzar la seguridad del Ártico. La fórmula no es nueva: inversión como alternativa a la fuerza. La UE no puede ofrecer bases militares, así que ofrece contratos, infraestructuras y presencia económica.
Invertir en Groenlandia no es caridad ártica: es la respuesta de Bruselas a un Washington que mueve ficha con bases y declaraciones, no con cheques.
La Comisión Europea ha propuesto asignar 530 millones de euros a Groenlandia dentro del presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Según adelantó el diario Financial Times, Von der Leyen podría anunciar durante el viaje otros 200 millones de euros adicionales para la isla. Son cifras modestas si se comparan con el gasto militar de Estados Unidos, pero envían una señal: Bruselas quiere ser un socio creíble en el Ártico, no solo un observador. El presupuesto plurianual aún debe negociarse entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y la partida para Groenlandia tendrá que superar el filtro de los Estados miembros.
El Eje del Poder Europeo
El pulso no enfrenta a Berlín con París ni a los frugales del norte con los del sur. Aquí la geometría es diferente: Bruselas y Washington miden su influencia en el Atlántico Norte, con Copenhague como bisagra jurídica y con Nuuk como centro de un nacionalismo groenlandés que la Unión Europea prefiere no alentar para no romper a Dinamarca. El eje franco-alemán observa con la vista puesta en la autonomía estratégica, pero sin un mando ártico común. Los países nórdicos y bálticos empujan a Bruselas a endurecer la vigilancia de las rutas polares. Copenhague maneja con pinzas un equilibrio: es socio leal de Washington en la OTAN y, al mismo tiempo, defensor de la soberanía danesa sobre Groenlandia.
Para España el interés es indirecto pero material. La seguridad de las rutas del Atlántico Norte afecta a las cadenas marítimas y a los caladeros en los que opera parte de la flota pesquera española. La carrera por los minerales críticos de Groenlandia, clave para baterías y turbinas, toca además a la industria verde que Madrid quiere consolidar dentro del plan de autonomía industrial europea. España no tiene costa ártica, pero sí flota, puertos y una industria eólica que necesita tierras raras a precios estables. El riesgo para Madrid no es una invasión comercial, sino un encarecimiento de los minerales críticos si el Ártico se convierte en zona de fricción.
La lectura a diez años es clara: la UE no puede permitirse que el Ártico se convierta en otro escenario de repliegue. Ya en 2022, la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania demostró el coste de depender de proveedores externos. Ahora la Comisión aplica la misma lógica al flanco norte, con cifras modestas frente al poder militar estadounidense: 530 millones en siete años no compran soberanía, compran presencia. El BCE y la Comisión siguen con atención cualquier disrupción en las rutas atlánticas, porque los costes energéticos y logísticos se transmitirían al conjunto de la Eurozona.
Queda un interrogante incómodo. Si Washington presiona de verdad con inversión o acuerdos bilaterales, ¿bastará la diplomacia de Bruselas? La firma de la declaración conjunta del lunes será el gesto; la negociación del próximo marco presupuestario europeo, la prueba de fuego.
