El Tribunal Supremo confirma la suspensión de las altas en el CERA por la ‘ley de nietos’ tras el recurso de Vox.
El recurso de Vox y la alerta del Tribunal Supremo
Los dos autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se han notificado este jueves y confirman la decisión adoptada el martes a instancia de Vox y de Iustitia Europa. El alto tribunal advierte de un ‘riesgo de alteración del censo electoral’ y aprecia un ‘peligro fundado, real y serio’ para la objetividad y la transparencia de los comicios.
La Sala considera que el incremento extraordinario y constante de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), derivado de la interpretación amplia fijada por el Ministerio de Justicia, puede generar una ‘incertidumbre fundada sobre el resultado electoral’.
El censo es permanente, se actualiza cada mes y sigue incorporando electores. Si se celebraran elecciones antes de que el Supremo dictara sentencia, un eventual fallo favorable a los recurrentes llegaría demasiado tarde para corregir sus consecuencias. La Sala aprecia el denominado peligro en la demora, uno de los requisitos de las medidas cautelares.
La resolución, respaldada por cinco de los seis magistrados de la Sección Cuarta, no anula la nacionalidad española de los afectados. Suspende únicamente los efectos electorales de determinadas altas mientras se resuelve el fondo. Los expedientes en tramitación podrán concluir, pero su incorporación al censo quedará en suspenso, salvo que se acredite el exilio de padre, madre, abuelo o abuela por las causas previstas en la ley.
El origen de la disputa está en la distancia entre la Ley de Memoria Democrática y la instrucción que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó el 25 de octubre de 2022, seis días después de la aprobación de la norma. La disposición adicional octava reconoce el derecho a optar a la nacionalidad a los descendientes de españoles que la perdieron o renunciaron a ella por exilio político, ideológico, religioso o por orientación o identidad sexual.
La suspensión impide que una futura sentencia del Supremo pierda su eficacia ante unas elecciones con inscripciones que después podrían declararse contrarias al ordenamiento.
Qué efectos inmediatos tiene la decisión cautelar
La medida fue respaldada por cinco de los seis magistrados de la Sección Cuarta; la magistrada Alicia Millán emitió un voto particular contrario a la suspensión. La decisión no retira la nacionalidad a quienes ya figuran en el CERA por esta vía, pero congela sus efectos electorales hasta que exista una sentencia sobre el fondo.
La instrucción impugnada mantiene su vigencia administrativa, aunque sin capacidad para seguir ampliando el censo electoral por la interpretación que el Tribunal Supremo cuestiona. Los expedientes ya iniciados podrán tramitarse hasta su conclusión, pero ninguno podrá incorporarse electoralmente mientras no se acredite la condición de exiliado en los términos exigidos por la ley.
La estrategia de Vox frente a la ‘ley de nietos’
Para Vox, el auto del Tribunal Supremo valida su tesis jurídica: el Ministerio de Justicia amplió por vía administrativa los supuestos de la Ley de Memoria Democrática para incrementar de forma extraordinaria el censo de residentes ausentes. La suspensión deja al Gobierno con una interpretación judicialmente cuestionada y refuerza el argumentario del partido en defensa de la limpieza del proceso electoral.
La batalla legal entronca con el rechazo de Vox a la propia norma y con su reivindicación de que el censo no puede depender de interpretaciones amplias dictadas por una dirección general. El precedente tiene peso: si la sentencia del fondo confirmara este criterio, podría anular miles de altas electorales ya practicadas y devolver la cuestión al Congreso de los Diputados.
Vox ve en esta decisión un respaldo a su estrategia de control jurídico del censo, un flanco que el partido seguirá explotando en su oposición al Gobierno. La suspensión cautelar no cierra el debate, pero deja al Ministerio de Justicia ante la necesidad de revisar una interpretación que el Supremo ha puesto bajo sospecha.
