El Tribunal de Cuentas retrasa la amnistía a Puigdemont, Mas y Junqueras. La consejera Elena Hernández descarta a la vez investigar los fondos europeos del 1-O y abre un nuevo trámite de audiencia de cinco días.
Qué ha decidido la consejera Hernández
La providencia notificada este jueves rechaza abrir nuevas diligencias. Societat Civil Catalana había pedido rastrear si el referéndum independentista recibió fondos europeos. La instructora lo descarta con un argumento procesal: aquella vía ‘excede con mucho el objeto del trámite de audiencia’. La decisión sobre la amnistía sigue pendiente para Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y una treintena de excargos del Govern.
La instructora recuerda que la audiencia abierta el 20 de julio solo daba margen para alegaciones. No cabía solicitar pruebas ni una investigación previa. Admite los escritos y los documentos aportados, incluidas certificaciones de la Intervenció General de la Generalitat, y los traslada a todas las partes.
La reclamación de fondo sigue siendo de cinco millones de euros. La causa exige devolver esa cantidad a la Generalitat por el coste del 1-O y por la promoción exterior de Cataluña. En en la providencia, la instructora no concreta si amnistiará a los responsables.
Por qué la decisión final se alarga otros cinco días
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en julio la amnistía y consideró que no se vieron afectados fondos comunitarios. La consejera, sin embargo, introduce un trámite extra: un plazo común de cinco días para que la Generalitat y el resto de partes aleguen o se ratifiquen sobre la aplicación de la ley de amnistía.
La providencia invoca el artículo 13.3 de la norma y la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 137/2025, de 26 de junio. El gesto prolonga una causa que ya vivió el juicio contable por el gasto del 1-O y una sentencia pospuesta por la consulta prejudicial al TJUE.
La Justicia europea cerró el debate sobre los fondos; la instructora reabre el trámite sin decir si amnistiará o seguirá esperando.
La lectura política: ERC celebra, Junts espera
ERC ha interpretado el rechazo a investigar los fondos europeos como una victoria. Los republicanos emitieron un comunicado en el que dan por descontado que la amnistía se aplicará. La resolución, sin embargo, todavía no existe.
El abogado de Puigdemont y de varios exconsellers de Junts, Gonzalo Boye, lo ha recordado en las redes sociales: no hay ninguna decisión. Ese matiz importa porque la instrucción puede modular los efectos de la amnistía, total o parcialmente, y el nuevo trámite le da margen temporal para hacerlo.
La Generalitat guarda silencio institucional. Fuentes del Govern no han querido valorar la providencia mientras el proceso contable siga abierto. El ejecutivo tiene en juego una reclamación millonaria y, en paralelo, encara la negociación de los presupuestos con un ERC que celebra cada paso procesal.
La reclamación de cinco millones no es la más cuantiosa del Tribunal de Cuentas, pero sí una de las más simbólicas. Sobre esa cifra se ha construido parte del relato de persecución independentista y también la exigencia de que el dinero público no quede sin reintegro. La amnistía puede cerrar la responsabilidad contable de los firmantes, pero no necesariamente la obligación de devolver el gasto si la ley y la jurisprudencia lo permiten.
Para el Gobierno central, el retraso tiene doble filo. Por un lado, evita una imagen de revisión favorable inmediata a Puigdemont y Junqueras. Por otro, mantiene una herida judicial que ERC recuerda cada vez que el Ejecutivo pide apoyo parlamentario. Moncloa prefiere que el Tribunal de Cuentas resuelva sin interferencias, aunque cada semana de espera alimenta la presión del independentismo.
El silencio de la Generalitat es deliberado. El Govern de Salvador Illa no quiere opinar sobre una decisión que afecta a partidos con los que negocia. Cualquier comentario se leería como injerencia o como cálculo. De hecho, el PSC mantiene una posición incómoda: defiende la amnistía pero no desea aparecer como valedor de Puigdemont y Junqueras ante el órgano contable.
El patrón recuerda a otras fases del procés contable: el Tribunal de Cuentas archivó parcialmente algunas ramas y mantuvo la exigencia de responsabilidad a los organizadores. La amnistía no depende ahora de los jueces ordinarios, sino de una instructora contable que alarga los plazos. Cuando llegue la resolución, fijará si la ley del olvido penal se aplica también a la devolución del dinero público o si deja viva la vía de reintegro.
En clave de calendario, la sentencia puede condicionar el relato político de ERC y Junts en plena negociación de las cuentas catalanas. Ningún dirigente admite que una resolución negativa rompa la legislatura, pero sí marcaría la relación entre los dos partidos independentistas y con el Govern. El próximo hito llegará la semana que viene, cuando venza el plazo de cinco días. Después, la instructora no tiene un calendario cerrado para resolver.
