Henri Parot, conocido dentro de ETA como Unai, fue uno de los miembros más importantes de la organización terrorista durante los años más duros de su actividad. Integrante del denominado comando Argala, participó en una larga trayectoria criminal que terminó con su detención en Francia en 1990.
Su nombre quedó especialmente ligado a algunos de los atentados más graves cometidos por ETA. Entre ellos figura el ataque contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas varios menores. Parot fue condenado por 39 asesinatos y acumuló una condena de 40 años de prisión.
Lleva encarcelado desde 1990 y, tras más de tres décadas entre rejas, su situación penitenciaria ha entrado en la fase final. Pero su caso tiene además una dimensión simbólica que trasciende su expediente. El apellido Parot dio nombre a una de las decisiones judiciales más relevantes de la historia reciente de la lucha contra ETA: la denominada doctrina Parot, aplicada por el Tribunal Supremo en 2006 para calcular de otra manera la aplicación de las redenciones de pena a determinados presos condenados bajo el Código Penal de 1973.
Aquella doctrina terminó siendo anulada en su aplicación retroactiva por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Inés del Río, lo que provocó la excarcelación de numerosos miembros de ETA.
Por qué el Gobierno vasco le concede ahora el tercer grado
La decisión adoptada ahora por el Gobierno vasco debe distinguirse de una libertad plena. El tercer grado permite al preso desarrollar buena parte de su vida fuera de prisión y regresar al centro penitenciario bajo las condiciones establecidas por el régimen de semilibertad.
En el caso de Parot, la decisión se apoya, según los informes penitenciarios, en su evolución favorable durante su estancia en prisión, su comportamiento, el uso adecuado de permisos anteriores y determinados escritos en los que reconoce el daño causado y expresa su rechazo a la violencia. También se ha valorado el bajo riesgo de fuga y el hecho de que ya hubiera accedido a un régimen de mayor flexibilidad mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El movimiento llega después de que el Gobierno vasco haya asumido desde hace años las competencias penitenciarias en Euskadi. La decisión, por tanto, se encuadra en las facultades de la administración penitenciaria vasca, aunque la Fiscalía todavía puede recurrirla.
Este último elemento será determinante para conocer si el tercer grado termina consolidándose o si los tribunales consideran que deben revisarse los argumentos empleados para concederlo.
La controversia no se encuentra tanto en la posibilidad legal de aplicar beneficios penitenciarios como en qué requisitos deben exigirse a un condenado por terrorismo para acreditar una auténtica evolución hacia la reinserción.
Las víctimas vuelven a quedar en el centro del debate
Para las víctimas de ETA, la noticia tiene una lectura completamente diferente. Organizaciones como Covite y la AVT han rechazado frontalmente la decisión al considerar que Parot no ha demostrado, a su juicio, un arrepentimiento público, inequívoco y suficientemente verificable.
Aquí aparece una de las principales heridas que deja el caso. Para las víctimas, el paso de un terrorista histórico a un régimen de semilibertad no puede analizarse únicamente desde parámetros penitenciarios. Detrás de cada condena existen familias que perdieron a padres, madres, hijos o hermanos y que han tenido que convivir durante décadas con las consecuencias del terrorismo.
En el caso de Parot, además, la dimensión resulta especialmente sensible por el número de víctimas que aparecen vinculadas a sus condenas. No se trata de un preso condenado por un único delito, sino de uno de los dirigentes de ETA asociados a una larga cadena de atentados y asesinatos.
Las asociaciones de víctimas reclaman precisamente que la reinserción no se convierta en una forma de borrar la responsabilidad individual ni en una vía para diluir la memoria de quienes fueron asesinados.
El problema, por tanto, no es únicamente cuándo sale de prisión Henri Parot. Para las víctimas, la cuestión esencial es cómo sale y qué reconocimiento hace del daño provocado.
Una decisión con enorme carga política y simbólica
La concesión del tercer grado llega, además, en un momento especialmente delicado para la memoria de ETA en Euskadi. Durante los últimos años han aumentado las críticas de las asociaciones de víctimas contra determinados actos públicos de apoyo a presos de la banda y contra cualquier iniciativa que pueda interpretarse como una normalización del pasado terrorista. Covite ha denunciado recientemente decenas de actos de apoyo a presos de ETA celebrados durante las fiestas de verano.
Por eso, el caso Parot adquiere una dimensión que supera el expediente penitenciario. Para el Gobierno vasco, la medida se fundamenta en criterios técnicos relacionados con la evolución del interno y con los principios de reinserción. Para las víctimas, sin embargo, existe el riesgo de que decisiones de este tipo sean percibidas como un reconocimiento insuficiente del sufrimiento causado por ETA.
La clave estará ahora en comprobar qué ocurre con el eventual recurso de la Fiscalía y si los tribunales mantienen el tercer grado.
Parot seguirá teniendo que cumplir las condiciones impuestas por el régimen penitenciario y su condena no desaparece. Pero la decisión marca un nuevo paso hacia el final de su trayectoria penitenciaria: después de más de 35 años encarcelado, uno de los rostros más conocidos de la ETA más sanguinaria afronta sus últimos años de condena en un régimen mucho más próximo a la libertad.
Para las víctimas, en cambio, el calendario penitenciario no coincide necesariamente con el calendario del dolor. Una condena puede terminar jurídicamente, pero las consecuencias de los asesinatos permanecen durante generaciones. Y esa es precisamente la razón por la que cada avance hacia la libertad de un histórico etarra continúa provocando una profunda división entre quienes ponen el foco en la reinserción y quienes consideran que la prioridad debe ser preservar la memoria, la dignidad y el reconocimiento de las víctimas.
