La Fiscalía General del Estado ha publicado este jueves su memoria anual de 2026, correspondiente al año anterior, en la que advierte de la «llegada masiva» de menores migrantes no acompañados por Canarias y Ceuta y de las trabas estructurales para ejecutar las expulsiones de ciudadanos marroquíes incursos en procedimientos penales, según el informe consultado por Europa Press.
La memoria dedica un apartado específico a la presión migratoria sobre los territorios no peninsulares. La Fiscalía constata que la llegada de menores migrantes no acompañados ha adquirido una dimensión que desborda los recursos ordinarios de acogida y tutela. El documento sitúa el fenómeno en Canarias y Ceuta como los dos puntos de entrada que concentran la mayor parte de las llegadas.
El Ministerio Público no se limita a describir el volumen de entradas. Vincula el incremento de menores migrantes con la saturación de los servicios autonómicos de protección y con los plazos de determinación de la edad. La memoria reclama a las administraciones competentes que refuercen los mecanismos de identificación y derivación para evitar que los menores queden fuera del sistema de tutela.
Las dificultades para ejecutar las expulsiones a Marruecos
La Fiscalía detecta «dificultades para materializar la ejecución de expulsiones» de ciudadanos procedentes de Marruecos incursos en procedimientos penales, pese a concurrir los requisitos legalmente establecidos. El problema no es nuevo, pero el informe sostiene que se ha consolidado.
Según la memoria, las fiscalías de Sevilla, Illes Balears, Valencia, Murcia y Zaragoza subrayan que los consulados de Marruecos y Argelia mantienen una posición «extremadamente restrictiva». Marruecos solo acepta la repatriación si el interesado presenta pasaporte original en vigor, un documento que muchos penados ocultan deliberadamente. Argelia, por su parte, prácticamente no documenta expulsiones, hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera materialmente inviable.
El informe precisa que la ejecución efectiva de estas expulsiones sigue obstaculizada por «problemas estructurales persistentes». Afecta tanto a las expulsiones acordadas durante la fase de instrucción conforme al artículo 57.7 de la Ley de Extranjería como a las impuestas en sentencia al amparo del artículo 89 del Código Penal.
La tardanza en la ejecución responde, según la Fiscalía, a varias causas acumuladas: el colapso de los órganos judiciales, la no localización del investigado o penado, la no resolución en sentencia de la expulsión y su retraso a la fase de ejecución, la existencia de otras responsabilidades penales pendientes, o que el órgano sentenciador no comunica a la autoridad gubernativa el fallo condenatorio con puntualidad.
El principal factor de frustración de expulsiones vuelve a ser el déficit de documentación y la limitada colaboración consular, según el propio informe.
El contrapunto de Segovia y el debate de fondo
La Fiscalía introduce un contraste relevante en el mapa territorial. En Segovia, de 16 solicitudes de expulsión, 14 fueron autorizadas y 13 llegaron a ejecutarse efectivamente. El informe lo presenta como la prueba de que, cuando los elementos administrativos y documentales confluyen adecuadamente, la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz.
Ese dato contrasta con la ineficacia generalizada que describen otras fiscalías. La memoria no plantea un cambio normativo concreto para la cooperación consular, pero sitúa la falta de documentación como el obstáculo central. La conclusión es directa: sin pasaportes originales ni colaboración consular, la orden de expulsión queda en papel.
La advertencia sobre los menores migrantes y las expulsiones frustradas llega en un contexto de presión migratoria sostenida. La Fiscalía lo presenta como un problema estructural y no como una coyuntura puntual. El documento compromete a las instituciones a dar una respuesta coordinada.
El informe no anticipa plazos ni medidas legislativas inmediatas. Es una radiografía del año anterior, con efectos directos sobre la política migratoria actual.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual de 2026 con dos advertencias principales sobre menores migrantes y expulsiones frustradas a Marruecos.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La Fiscalía General del Estado, los consulados de Marruecos y Argelia, y las fiscalías de Sevilla, Illes Balears, Valencia, Murcia y Zaragoza.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La memoria reclama refuerzos en acogida y tutela de menores, y constata que la cooperación consular sigue siendo el obstáculo central para expulsar a Marruecos.
