La jueza escucha este martes a tres testigos como testigos, consejeros de la ciudad autónoma de Ceuta. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Hurtado, contarán hoy en la Audiencia Nacional su versión de los hechos y cómo vivieron la invasión de su ciudad los pasados 30 y 31 de julio.
Tardón ha llamado a Alberto Ramón Gaitán, consejero de la Presidencia, Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la ciudad, porque fueron identificados en su declaración testifical por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que según señaló, «tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis».
Vivas ya dijo en su declaración del pasado 30 de septiembre que se sintió abandonado por el Estado central. El dirigente ceutí desplegó ante la juez una minuciosa cronología que deja en evidencia los muros burocráticos de la Moncloa. El calvario telefónico comenzó el 25 de julio. Vivas marcó el número del presidente del Gobierno. Al otro lado, la barrera habitual: el director de gabinete filtrando la llamada. No fue hasta el día 30 cuando Sánchez, por fin, se dignó a descolgar el teléfono de manera directa. ¿La respuesta del líder socialista ante la advertencia de que la presión de menores no acompañados (menas) era insostenible y el aviso inminente de que algo grave iba a estallar? Una palmadita en la espalda y el desvío a otra instancia: «El cauce es la Delegación del Gobierno». Para Moncloa, la alarmante antesala de una invasión migratoria fue «una crisis humanitaria«.
A la salida de la Audiencia Nacional, dos meses después de que la frontera saltara por los aires, Vivas no se guardó nada ante los medios a la salida de su declaración como testigo: «He sido absolutamente transparente desde el primer día, he procurado ser honesto, y lo que he dicho desde el primer día es lo que le he dicho a su Señoría».
Desde la Presidencia de Ceuta se emitieron hasta diez llamadas y mensajes desesperados hacia Madrid entre los días 27 y 28 de julio. De ese bombardeo de alertas, Moncloa solo atendió tres. Siete silencios que costaron caros. Mientras el Ejecutivo central se escudaba en la delegación territorial, la frontera de Ceuta se convertía en una olla a presión sin que nadie en la capital quisiese activar el botón de emergencia.
Aquellas declaraciones provocaron la dimisión del delegado del Gobierno durante la invasión. Su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, lo hizo unos días antes, al negar el delegado haber recibido llamadas telefónicas del presidente Vivas.
En otra resolución, la magistrada acordaba la práctica de numerosas diligencias destinadas a determinar qué información existía antes de los hechos, qué autoridades tuvieron concomimiento de ello, cuáles fueron las decisiones adoptadas en cada nivel institucional y cuál fue la respuesta operativa desplegada ante unos acontecimientos que «alcanzaron una magnitud extraordinaria y generaron una profunda afectación sobre el normal funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta».
Igualmente, la instructora solicitó una serie de informes y documentos, entre ellos a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Delegación del Gobierno les pide que le remitan actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio de 2026.
También requirió a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, a la Jefatura Superior de Policía, a la Delegación del Gobierno, a la Ciudad Autónoma, a la Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que el Ejército de Tierra, Mar y del Aire y del Espacio y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas remitan al juzgado todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales, desde el día 30 de julio de 2026 hasta el de la recepción del requerimiento judicial acordando la presente medida.
Resoluciones sobre Ceuta
Tardón considera en varias resoluciones del caso que la entrada masiva «no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta».
Y negó, además, que «la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español», subrayando que la entrada masiva «persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación».
Como uno de sus últimos movimientos, ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.
La instructora ya ha escuchado hasta el momento como testigos en el marco de esta causa al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz, al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega, al inspector jefe de Policía de la ciudad y al teniente coronel de la Guardia Civil al cargo de la seguridad fronteriza.
