El embajador de EE. UU. ante la OTAN ha pedido a los aliados abandonar el Tribunal Penal Internacional. Es una frase que, de confirmarse, introduce una tensión nueva en la relación entre Washington y sus socios europeos.
La petición se produjo en julio, durante una reunión de embajadores de la OTAN, según tres diplomáticos aliados citados por Politico. El embajador Matthew Whitaker instó a los miembros del bloque militar a ayudar a Washington a disolver el tribunal y a abandonar el Estatuto de Roma, el tratado internacional que lo creó.
El Tribunal Penal Internacional tiene su sede en La Haya y persigue crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 125 países son parte del Estatuto de Roma, explica el propio tribunal. Estados Unidos no figura entre ellos y ha criticado reiteradamente su actuación, especialmente desde que el tribunal emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Una petición sin confirmación oficial que agita a la Alianza
La información de Politico describe dos movimientos concretos. Primero, que los aliados salgan del Estatuto de Roma. Segundo, que evalúen qué riesgos plantea el tribunal para su soberanía nacional. Whitaker, según esas fuentes, habría planteado la cuestión en el marco del Consejo del Atlántico Norte, el órgano de decisión política de la OTAN donde los embajadores aliados se reúnen con frecuencia.
No hay, por ahora, confirmación oficial de la Casa Blanca ni de la delegación estadounidense ante la Alianza. Tampoco consta que algún aliado haya presentado formalmente un plan de salida. La propuesta existe en el terreno de la diplomacia privada, no en el de los acuerdos públicos.
Washington no necesita el permiso de la Corte Penal Internacional para defender su propia lectura de la soberanía. Nunca lo ha necesitado.
España y el Estatuto de Roma: la posición que complica el guion
España es uno de los 125 Estados parte del Estatuto de Roma y ha sido históricamente un defensor del tribunal. La pertenencia a la Corte Penal Internacional está integrada en la acción exterior española y en la política común de la Unión Europea.
Eso convierte a Madrid en un interlocutor incómodo para una hipotética campaña de abandono. El Gobierno español no ha hecho comentarios formales sobre la petición atribuida a Whitaker. Fuentes diplomáticas consultadas por Moncloa.com apuntan que el asunto, por ahora, no ha llegado a los grupos de trabajo de la Alianza con un calendario definido.
La mayoría de los socios europeos de la OTAN comparte esa posición: Alemania, Francia e Italia son también Estados parte del tribunal. La distancia entre Washington y Europa en este asunto no es nueva, pero la petición de disolver el tribunal, de confirmarse, elevaría el tono.
La Lógica de Washington
Para entender la posición de Washington conviene mirar al Congreso, no solo a la Casa Blanca. Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma bajo la presidencia de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó. En 2002, con George W. Bush en la Casa Blanca, el Congreso aprobó la American Service-Members’ Protection Act, una ley que permite adoptar medidas extraordinarias para proteger a ciudadanos estadounidenses frente a la jurisdicción del tribunal.
Desde esa fecha, la doctrina americana es clara: la soberanía nacional no se somete a una corte internacional en la que Estados Unidos no participa. La orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de un aliado cercano, reactivó esa desconfianza. En Washington, muchos consideran al tribunal un actor politizado que puede perseguir a líderes de países amigos sin mecanismos de control democrático.
Para España, la ecuación es más compleja que un simple desencuentro diplomático. La pertenencia al Estatuto de Roma obliga a ejecutar las órdenes de detención dictadas por el tribunal, lo que tensa la relación bilateral con Estados Unidos en escenarios como el de la visita de un líder israelí a Madrid. Ningún Gobierno español ha planteado salir del tribunal, y no parece factible a corto plazo.
La próxima ventana relevante no es judicial, sino política: si la petición se formaliza en el Consejo del Atlántico Norte, España tendría que decidir entre su lealtad como aliado de la OTAN y sus obligaciones internacionales como Estado parte. De momento, no hay votación ni plazo conocido. La tensión, sin embargo, ya está sobre la mesa.
Ficha del Caso
- El caso: El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, pidió en julio a los aliados abandonar el Estatuto de Roma y ayudar a disolver el Tribunal Penal Internacional, según tres diplomáticos citados por Politico.
- Datos clave: 125 países son parte del Estatuto de Roma; Estados Unidos no lo ratificó y aprobó en 2002 la American Service-Members’ Protection Act para proteger a sus ciudadanos de la jurisdicción del tribunal.
- Para España: España es Estado parte del Estatuto de Roma y no ha planteado salir del tribunal, lo que la coloca en una posición delicada si la presión se formaliza en la Alianza.
