El PSPV recurre al Constitucional el cierre de la comisión de la dana en Les Corts, aprobado por PP y Vox.
El cierre de la comisión que respaldan PP y Vox
La resolución 406/XI de Les Corts Valencianes, aprobada con los votos del PP y de Vox, puso fin a la comisión de investigación de la dana y rechazó el voto particular del grupo socialista. El dictamen avaló la sustitución de comparecencias presenciales por las transcripciones parlamentarias ya existentes.
Esa decisión tiene un efecto político directo: la responsabilidad se ancla en la Generalitat Valenciana y no se desplaza hacia la Administración General del Estado. Vox ha respaldado ese enfoque desde el inicio de los trabajos: la comisión debía servir para auditar la gestión autonómica de la emergencia, no para reabrir el debate del Congreso.
El cierre, además, llegó con el rechazo expreso al voto particular que pedía continuar la instrucción. Para Vox, mantener abierta la comisión suponía alimentar un choque partidista sin capacidad de producir conclusiones nuevas.
La alianza entre el PP y Vox en Les Corts ha funcionado de manera estable durante la legislatura. El cierre de la comisión de la dana se suma a otras iniciativas conjuntas que han consolidado a la Cámara autonómica como un contrapeso al Gobierno central.
El recurso del PSPV y sus dos ejes
El PSPV ha formalizado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución 406/XI. Denuncia una vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
El cierre de la comisión no es un desenlace administrativo: puede marcar el alcance del control parlamentario autonómico.
El recurso se articula en dos bloques. El primero cuestiona que se sustituyeran comparecencias directas de responsables clave, como la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, por la incorporación de transcripciones del Congreso. A juicio del PSPV, eso privó a los diputados de formular preguntas, repreguntar y confrontar a los comparecientes con la documentación.
El segundo bloque critica que el dictamen desplace la fiscalización política hacia la Administración General del Estado, cuando el control de los diputados de Les Corts se circunscribe al ámbito autonómico. La parlamentaria socialista Alica Andújar ha asegurado que pedirán al Constitucional que retrotraiga las actuaciones ‘al momento previo a la vulneración’.
Andújar ha insistido en que la formación llegará ‘hasta el final’ para que el dictamen quede sin efecto y sea eliminado del Diario de Sesiones de Les Corts. Esa frase revela la pretensión real del recurso: no solo la anulación, sino la reposición de las comparecencias.
Qué puede cambiar con la decisión del Constitucional
La admisión del recurso no está garantizada. El Tribunal Constitucional viene recordando que el derecho del artículo 23.2 no ampara cualquier discrepancia de un grupo parlamentario, sino lesiones reales al núcleo de su función representativa. El PSPV intenta situar su caso en ese umbral: no discute el fondo del dictamen, sino el procedimiento que impidió comparecencias. La clave estará en si el tribunal considera que las transcripciones del Congreso equivalen a una efectiva contradicción o si, por el contrario, la negativa a celebrar interrogatorio directo vacía el derecho de los diputados autonómicos.
No es un litigio nuevo. En anteriores comisiones de investigación autonómicas, el Constitucional ha admitido la posibilidad de revisar decisiones de la Mesa o del Pleno que vacíen de contenido el control parlamentario. La resolución 406/XI, al sustituir comparecencias por transcripciones, ofrece un ángulo claro de análisis.
Para Vox el desafío es doble. Por un lado, mantener la coherencia de su alianza con el PP en la Cámara valenciana. Por otro, evitar que el recurso del PSPV reabra un debate que el partido da por cerrado. La próxima decisión del Constitucional marcará si el cierre queda consolidado o si la comisión se ve obligada a continuar.
