El Eustat, organismo estadístico del Gobierno Vasco, cerró 2025 con un 1,25% de trabajadores con discapacidad, por debajo del 2% legal. Según la información parlamentaria recogida por elDiario.es Euskadi, no ha alcanzado ese mínimo desde 2013.
Los datos de la plantilla del Eustat
La sociedad pública cuenta con una plantilla de 320 trabajadores, de los que cuatro presentan discapacidad acreditada, de acuerdo con la respuesta remitida por el Departamento de Economía, Empleo y Trabajo al parlamentario del PP Álvaro Gotxi. Ese 1,25% sitúa al Eustat por debajo de la cuota de reserva; en 2014 y 2016 el porcentaje no llegó ni al 1%.
El departamento precisa que los datos se obtuvieron tras consultar a Función Pública porque el Eustat no dispone de información sobre el grado de discapacidad de sus empleados. El Real Decreto Ley 1/2013 obliga a empresas y organismos públicos de más de 50 empleados a reservar al menos el 2% de los puestos para personas con discapacidad, salvo excepcionalidad legal.
La reserva no afecta solo al sector público: la norma estatal se aplica también a las empresas ordinarias, con medidas alternativas cuando concurren causas legales. En el ámbito autonómico, la comprobación queda en manos del propio Ejecutivo y, en su caso, de la Inspección de Trabajo.
Las respuestas del Gobierno y la posición del PP
El Parlamento Vasco abordó la cuestión en abril. Con los votos de PNV y PSE-EE, aprobó que el Gobierno vasco implante un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar el cumplimiento de la reserva en las sociedades públicas. La declaración de excepcionalidad exigirá acreditar ante Lanbide las gestiones activas realizadas durante el año anterior.
En aquella votación decayó la pretensión del PP de realizar un estudio completo sobre cuántas sociedades públicas incumplen la norma desde 2013. Gotxi había preguntado si el Eustat pidió una excepcionalidad, como hizo el EVE, si se aprobaron medidas alternativas o si existe algún expediente sancionador.
El Eustat no ha alcanzado el 2% legal de personas con discapacidad en plantilla en ninguno de los ejercicios con datos desde 2013.
La respuesta firmada por el vicelehendakari Mikel Torres se remite a una misma fórmula: ‘no corresponde a este organismo autónomo dar respuesta a esta cuestión’. El parlamentario popular considera que la falta de datos individualizados resulta poco creíble y la vincula a una falta de transparencia en el control de la Cámara.
En junio, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, señaló que la cuota de reserva se verifica sobre el conjunto de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos, no mediante un análisis por entidad.
Según recoge la justificación de la nueva petición del PP, el dato agregado de la Administración vasca se sitúa en el 2,72% de personas con discapacidad. Gotxi sostiene que disponer del agregado obliga a tener el desglose por organismo y que negarlo contradice el propio cálculo.
El seguimiento comprometido a través de Lanbide
El sistema aprobado en el Parlamento Vasco asigna a Lanbide la función de verificar que las sociedades públicas cumplen la reserva. Para que una entidad quede eximida, deberá acreditar gestiones activas de incorporación durante el ejercicio precedente, según el acuerdo respaldado por PNV y PSE-EE.
El caso del Eustat se conoce después de que en marzo se hiciera público que el EVE, sociedad pública dependiente del área de Industria, abonó 10.800 euros a la fundación de Adecco como compensación por no alcanzar el mínimo legal. La excepcionalidad también se ha aplicado al BEC, según la información parlamentaria.
La normativa estatal contempla medidas alternativas cuando concurren causas legales, pero la verificación del cumplimiento queda en manos de la Administración vasca y de la inspección. No consta en las respuestas remitidas a la Cámara una fecha para el primer informe de seguimiento de Lanbide.
