EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Microsoft y Merlin Properties han presentado alegaciones propias al proyecto de real decreto que filtrará los centros de datos en España.
- ¿Quién está detrás? Ambas empresas, con planes millonarios en Aragón, al margen de la patronal Spain DC.
- ¿Qué impacto tiene? La norma del Ministerio de Transición Ecológica decidirá qué proyectos avanzan en la comunidad.
Microsoft y Merlin Properties presentan alegaciones propias al real decreto que cribará los centros de datos, según El Periódico de Aragón.
Dos gigantes con planes millonarios en la comunidad
Las dos compañías confirmaron al diario aragonés que remitieron sus propuestas directamente al Ministerio de Transición Ecológica, al margen de las enviadas por la patronal sectorial Spain DC. No es un trámite menor: ambas firmas compiten por posicionarse en la mayor transformación tecnológica que ha vivido la comunidad.
El proyecto de real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez establece criterios para autorizar nuevos centros de datos. La norma observa el consumo eléctrico, el agua y la conexión a la red para evitar proyectos especulativos. En Aragón, esa criba toca de lleno a los planes de expansión de Microsoft y de Merlin Properties, que llevan meses amasando suelo, renovables y alianzas locales.
Un decreto que decide qué proyectos avanzan
El buzón del Ministerio de Transición Ecológica ha recibido más de 600 alegaciones, según el texto. Gobiernos autonómicos y asociaciones ambientalistas han cargado contra el borrador, cada uno con intereses contrapuestos: unos defienden autonomía energética, otros exigen límites ambientales más duros. La entrada de las dos multinacionales por separado añade presión empresarial al debate.
En Aragón, la inversión en centros de datos no es una anécdota. La comunidad dispone de suelo barato, sol, y viento para alimentar servidores. Zaragoza y su entorno se han convertido en un polo europeo para la nube. Sin embargo, el despliegue masivo también despierta recelos: consume suelo agrícola y tensa la red hídrica en una tierra acostumbrada a las sequías.
El Gobierno autonómico, presidido por Jorge Azcón del PP con apoyo de Vox, defiende la llegada de estas inversiones como motor de empleo. El ejecutivo central, por su parte, busca ordenar un crecimiento que algunos ministerios consideran insostenible si no se planifica. La fricción entre ambas administraciones atraviesa cualquier decisión sobre la economía aragonesa.
Aragón ha dejado de ser solo un territorio de paso para convertirse en la gran despensa energética y tecnológica del sur de Europa.
El Pulso Territorial
El pulso entre el Gobierno central y el autonómico no es nuevo. En los últimos años, Aragón ha reclamado más capacidad para decidir sobre sus recursos hídricos y energéticos. El real decreto toca esa fibra: la comunidad quiere atraer inversiones sin que el filtro estatal le reste competitividad frente a otros territorios.
La comparativa con otras comunidades lo aclara. Castilla-La Mancha y Extremadura también compiten por centros de datos con suelo y fotovoltaica, pero ninguna ha concitado tantos anuncios simultáneos de gigantes tecnológicos como Aragón. El equilibrio entre inversión y sostenibilidad definirá qué región gana la próxima década digital.
Lo que viene ahora es silencioso. El Ministerio de Transición Ecológica analizará las alegaciones antes de aprobar la norma. No hay plazos cerrados ni votaciones parlamentarias previstas. Microsoft y Merlin Properties esperan que sus propuestas sean tenidas en cuenta en un texto que puede marcar el ritmo de sus inversiones en la comunidad.
Ficha Autonómica
- El caso: Microsoft y Merlin Properties han presentado alegaciones propias al proyecto de real decreto que cribará los centros de datos en España, una norma que afecta de lleno a sus planes en Aragón.
- Datos importantes: Más de 600 alegaciones han llegado al Ministerio de Transición Ecológica, incluidas las de Spain DC, gobiernos autonómicos y asociaciones ambientalistas. Las dos empresas actúan al margen de la patronal.
- Resumen: El real decreto decidirá qué proyectos de centros de datos avanzan. Ahora queda la fase de análisis de alegaciones, sin plazos cerrados de aprobación.
