Roma ha formalizado ante la Comisión Europea la activación de la cláusula nacional de flexibilidad fiscal para energía y defensa. La cifra en juego asciende a 36.000 millones de euros y el Ejecutivo comunitario ya ha confirmado la recepción de la carta.
La solicitud, remitida por el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, se desglosa en 22.000 millones para defensa y 14.000 millones para seguridad energética. El Pacto de Estabilidad —las reglas comunes de déficit y deuda que rigen a los Veintisiete— contempla esa válvula de escape. Fuentes del Gobierno italiano confirman que la carta se debatió en el Consejo de Ministros, donde Giorgetti defendió reducir la dependencia de la energía importada. ‘No tiene mucho sentido comprar energía en el extranjero cuando también podemos producirla en Italia’, resumió el ministro.
Qué pide Italia: 36.000 millones para blindar energía y defensa
La cláusula que Roma quiere activar se conoce en la jerga comunitaria como National Escape Clause (NEC). Permite a un Estado miembro desviarse temporalmente de la senda de consolidación fiscal cuando afronta gastos considerados estratégicos, sin que ese desembolso pese del mismo modo en el cumplimiento de los objetivos de déficit. En este caso, Italia reivindica dos prioridades: defensa y seguridad energética.
El grueso de la petición, 22.000 millones de euros —equivalentes al 0,9 % del PIB—, se orienta a defensa. Los otros 14.000 millones (0,6 % del PIB) irían a reforzar la resiliencia del sistema energético, acelerar infraestructuras y aumentar la producción nacional. La dependencia de las importaciones de energía es, para el Gobierno italiano, el principal factor de vulnerabilidad de su economía.
La batalla fiscal que Moncloa observa desde la distancia
El calendario juega en contra del Gobierno italiano. El 22 de septiembre, el Istat publicará la actualización del déficit y la deuda de las administraciones públicas. Ese dato marcará si Italia se mantiene por encima o por debajo del umbral del 3 % del PIB y condicionará los márgenes reales de negociación con Bruselas.
El procedimiento no será automático. La Comisión debe examinar si las inversiones cumplen los requisitos de la cláusula y, en su caso, dar luz verde en otoño. Después, el Gobierno italiano necesitará un trámite parlamentario para autorizar la desviación presupuestaria. Hasta entonces, la flexibilidad sobre el papel no se convierte en gasto real.
Roma pide margen fiscal para defensa y energía; Bruselas debe decidir si su deuda del 137 % lo permite.
El debate italiano encaja en el pulso europeo sobre cómo financiar a la vez defensa y transición energética. La Comisión ya activó la cláusula a escala europea para la defensa tras la guerra de Ucrania, y ahora contempla extenderla a la seguridad energética. Italia no pide un trato excepcional: pide ser el primer gran país del sur en aplicar una vía que otros estudian en silencio.
El Eje del Poder Europeo
En esta negociación no solo se juega el presupuesto italiano. Lo que está en cuestión es si un Estado con la segunda deuda más alta de la Eurozona puede ensanchar su margen fiscal sin reabrir la crisis de confianza que marcó los años 2010-2012. Los países frugales del norte —Países Bajos, Austria, Finlandia, los nórdicos— observan la petición con recelo. No quieren sentar un precedente que relaje la disciplina presupuestaria justo cuando vuelven las reglas fiscales plenas.
Para España, la lectura es doble. Si la Comisión avala la vía italiana, Moncloa podría reclamar una flexibilidad similar en defensa y energía, dos ámbitos en los que ya ha presionado en los últimos consejos europeos. Pero también se expone a la respuesta de los frugales y del eje franco-alemán, que no quieren que la nueva gobernanza fiscal nazca con agujeros. La cuestión de de fondo es si Bruselas distingue entre inversiones estratégicas y gasto corriente.
Bruselas tiene un dilema. Si concede la cláusula sin condiciones, validará la idea de que la defensa y la energía pueden financiarse al margen del Pacto de Estabilidad. Si la rechaza o la limita, corre el riesgo de frenar inversiones que considera prioritarias y de abrir un choque con Roma. La solución probable será intermedia: luz verde parcial, con condiciones de déficit nominal y compromisos de reforma estructural. Esa es la vía que la Comisión ya exploró con los fondos Next Generation.
El siguiente marcador llegará antes de lo que parece. El Istat publicará el 22 de septiembre la foto actualizada de las cuentas públicas, y la Comisión deberá decidir antes de fin de año. Para Roma, activar la National Escape Clause no resolverá la deuda, pero puede dar oxígeno a un plan industrial energético y militar que necesita más inversión. Para España, el expediente italiano es el espejo donde se mirará si quiere reclamar su propia flexibilidad en Bruselas.
