Un juzgado de Ceuta admite a trámite la querella sobre las ONG financiadas con dinero público que repartieron explosivos caseros entre migrantes. La resolución sitúa el foco en el uso de fondos públicos y refuerza el relato que Vox mantiene desde la crisis de julio.
La sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Ceuta ha admitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra responsables de asociaciones humanitarias que operan en la ciudad autónoma. El auto, firmado por la magistrada María de la Luz Lozano, da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre las diligencias de investigación que considere procedentes.
El escrito sitúa el foco en la ‘posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto’ de ‘artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases’. También pide esclarecer el ‘aliento de conductas violentas’ contra policías, guardias civiles y militares desplegados en la ciudad autónoma.
Qué sostiene Vox y por qué la querella encaja en su relato
La dirección de Vox sostiene que el suministro de artefactos a quienes se enfrentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confirma el diagnóstico que el partido repite desde el pasado mes de julio.
Para la formación, lo ocurrido en Ceuta no fue una crisis migratoria ordinaria, sino una invasión, y el procedimiento ahora admitido apunta a los dos frentes que el partido lleva semanas señalando: la seguridad de los agentes desplegados y el volumen de dinero público movilizado para la asistencia.
El segundo eje es el dinero. Según el escrito de Hazte Oír, la atención humanitaria de emergencia arrancó con 6,5 millones de euros destinados a Cruz Roja Española. El crédito general se amplió el 28 de agosto hasta los 44,51 millones, con financiación europea, y a esa cifra se suman otros 25 millones aprobados para atender a menores.
La querella no apunta solo a quienes lanzaron los artefactos: pone bajo escrutinio judicial el dinero público que sostuvo a las entidades desplegadas en Ceuta.
La querella incorpora además subvenciones de la Ciudad Autónoma a distintas entidades, entre ellas una ayuda nominativa de 432.100 euros para Luna Blanca en 2026 y otra de 580.000 euros otorgada en 2025 a la Fundación Cruz Blanca.
Vox ha convertido la fiscalización de estas partidas en una de sus líneas de oposición y plantea una pregunta que el auto deja abierta: si parte de esos recursos acabó en manos de quienes, presuntamente, fabricaron o distribuyeron material para atacar a la Policía Nacional.
Qué investiga el juzgado y qué recorrido tiene la querella
En el plano penal, la querella pide investigar posibles delitos de tenencia, depósito, fabricación, transporte o suministro de aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes. Añade armas prohibidas, atentado contra agentes de la autoridad y miembros de las Fuerzas Armadas, asociación ilícita, organización o grupo criminal, eventual afectación de fondos públicos y responsabilidad penal de personas jurídicas.
Una de las entidades señaladas es No Name Kitchen. Varios de sus integrantes fueron identificados a finales de agosto después de que fuentes próximas a la investigación los relacionaran con la adquisición de aguafuerte y papel de aluminio, materiales que pueden emplearse para fabricar artefactos caseros. La organización ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que ninguno de sus miembros fabricó o distribuyó material destinado a actos violentos.
El punto débil está en la prueba. Hasta la fecha no constan elementos públicos que vinculen directamente las compras atribuidas a miembros de estas organizaciones con los artefactos empleados en los enfrentamientos. La querella deja abierta la posibilidad de que las actuaciones afecten a integrantes de otras entidades, lo que amplía el perímetro más allá de una sola organización.
De ese informe del Ministerio Fiscal y de las diligencias que autorice la magistrada depende el siguiente paso de la causa. En paralelo, el asunto tiene recorrido parlamentario previsible en el Congreso de los Diputados, donde Vox ya ha situado la inmigración irregular y el control del gasto público entre sus prioridades del nuevo curso.
La lectura estratégica: Ceuta vuelve al centro del debate
La querella llega con el curso político recién arrancado y coloca a Vox en su terreno preferente: seguridad, fronteras y control del gasto. La formación ya rompió en julio de 2024 los gobiernos de coalición autonómicos con el PP a cuenta del reparto de menores migrantes, un precedente que sigue ordenando su relación con los populares. Cada vez que un asunto de inmigración salta a los tribunales, ese pulso se reactiva.
Mientras el PP sitúa su discurso en el control de fronteras, Vox traslada la discusión al destino del dinero público: de 6,5 a 44,51 millones en apenas un mes, con financiación europea incluida. Esa cifra, ahora bajo escrutinio judicial, es difícil de defender en un hemiciclo.
El próximo hito es el informe del Ministerio Fiscal. De su contenido dependerá que la causa avance hacia responsabilidades concretas o se quede en una comprobación de hechos. Vox, entretanto, tiene ya el marco que busca: Ceuta regresa al centro del debate con su lectura de los hechos, no con la del Gobierno.
