Vox ha logrado que Lérida apruebe inicialmente la prohibición del burka y del niqab en los espacios públicos de la ciudad.
El pleno del Ayuntamiento de Lérida ha aprobado de forma inicial la ordenanza. El texto ha salido adelante con el respaldo de Vox, PSC y Junts, mientras el resto de los grupos municipales ha votado en contra. Se aplicará tanto en la vía pública como en los edificios municipales y contempla multas de hasta 750 euros, previstas como infracciones leves.
Qué prohíbe la ordenanza y con qué argumentos la defiende Vox
La redacción municipal evita mencionar expresamente el velo integral —el burka y el niqab—. Establece una restricción general sobre cualquier vestimenta que impida ver el rostro y deja fuera tres supuestos: los lugares de culto, los espacios donde cubrirse la cara resulte habitual conforme a las costumbres aceptadas y los casos vinculados al ejercicio de un derecho fundamental. Esas salvedades buscan sortear los problemas judiciales que hicieron fracasar la anterior regulación de la ciudad.
Cristina Morón, concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, ha defendido que la ordenanza pretende proteger la dignidad frente a comportamientos discriminatorios. También ha sostenido que la actuación ante las mujeres que llevan burka o niqab debe incluir una respuesta social y feminista, más allá de la sanción.
El argumentario de Vox se apoya en dos ejes que el partido repite en cada institución donde actúa: la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado desde Lérida que ‘estamos ante una elección entre civilización y barbarie’ al referirse al debate migratorio.
Vox mantiene esa línea en el ámbito municipal y la ha trasladado ya a distintas instituciones autonómicas y locales, siempre con los mismos argumentos: proteger a las mujeres y garantizar la identificación de las personas en el espacio público.
El respaldo obtenido en Lérida no es un gesto aislado: traslada a escala local la batalla que Vox libra en el Congreso por el velo integral.
El voto favorable del PSC y de Junts otorga a la medida una mayoría transversal poco frecuente en un asunto de este calado. Sin embargo, el texto no está exento de riesgo jurídico.
El precedente del Tribunal Supremo y el recorrido de la norma
La Asociación Watani para la Libertad y la Justicia ha anunciado una recogida de firmas y su intención de combatir la prohibición por las vías democráticas, sin descartar una nueva impugnación judicial. Esta entidad ya recurrió la modificación de la ordenanza de civismo aprobada en octubre de 2010, bajo el mandato del socialista Àngel Ros, que restringía el acceso a espacios municipales con prendas que dificultaran la identificación.
Aquel acuerdo recibió el respaldo de 24 de los 27 concejales. Terminó anulado por el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo avalara. El Alto Tribunal consideró que la prohibición afectaba a la libertad religiosa y que el Ayuntamiento carecía de competencia para establecer esa limitación sobre un derecho fundamental. Ese precedente vuelve a situar el alcance jurídico de la nueva ordenanza en el centro del debate.
Desde ERC, Jordina Freixanet ha cuestionado que las sanciones económicas, previstas como infracciones leves, contribuyan a aliviar la presión que sufren las mujeres afectadas. La crítica sitúa el foco en la eficacia de la multa como instrumento, no en el objetivo declarado de la norma.
La aprobación es inicial y abre ahora el trámite ordinario de información pública y presentación de alegaciones antes de la aprobación definitiva. Ese recorrido, habitual en la elaboración de ordenanzas municipales, determinará si el texto llega al pleno final con modificaciones y si la mayoría que lo ha respaldado se mantiene intacta.
La estrategia de Vox: de Lérida al Congreso
El movimiento ilerdense encaja en una estrategia más amplia. El partido presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica —una iniciativa reservada a materias que desarrollan derechos fundamentales y que exige mayoría absoluta para salir adelante— para prohibir el burka y el niqab en el espacio público de toda España. La tramitación fue rechazada por la Cámara Baja en febrero de 2026, y el apoyo prestado en Lérida mantiene viva esa línea de actuación.
La lectura que hacemos es doble. Por un lado, Vox demuestra que puede construir mayorías locales para una medida que, de momento, no encuentra recorrido en la Cámara Baja. Por otro, la presión sobre el PP, interlocutor indispensable en buena parte de las instituciones, se mantiene en los asuntos de inmigración y seguridad, donde la formación reclama a los populares un pronunciamiento inequívoco.
Queda por delante el periodo de alegaciones, el informe jurídico que fije la seguridad del texto y, previsiblemente, la batalla judicial que ya se anuncia. El precedente de 2010 marca el terreno y explica por qué la redacción actual evita nombrar el velo integral para apoyarse en una restricción general sobre la ocultación del rostro. Si esa fórmula resiste el escrutinio de los tribunales, Vox tendrá un modelo exportable a otros municipios y un argumento más para volver a intentarlo en el Congreso.
