La Dirección General de la Policía ha revisado el informe sobre Ceuta remitido a la Audiencia Nacional en medio de tensiones internas en la cúpula del cuerpo.
El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, habría pedido cuentas al comisario responsable de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila, tras conocer el contenido del documento, según la información publicada por El Mundo. Fuentes conocedoras del encuentro, descrito como «muy tenso», señalan que el máximo responsable operativo de la Policía Nacional reprochó al mando que no le hubiera informado previamente de la elaboración del informe y cuestionó que un asunto de esa relevancia se tramitara sin conocimiento de la cúpula.
Según estas mismas fuentes, el director general habría trasladado su malestar por el análisis del episodio y habría advertido de sus posibles implicaciones para la seguridad del Estado y para las relaciones con Marruecos. La institución reconoció la existencia del encuentro, aunque aseguró desconocer su contenido. «Hubo reunión», se limitaron a señalar fuentes oficiales del cuerpo.
El informe del CENIF y la investigación judicial
El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad integrada en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Su confección respondía a una solicitud de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que abrió diligencias para determinar si la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio pudo responder a una acción concertada o dirigida por una organización criminal.
Según la información difundida sobre sus conclusiones, el informe descartaba que la avalancha migratoria pudiera explicarse como un fenómeno espontáneo y recogía indicios de una actuación organizada desde territorio marroquí. La jueza había pedido a los investigadores que mantuvieran la máxima reserva sobre el contenido de sus pesquisas.
El argumento de la reserva judicial no habría evitado, sin embargo, el reproche del director general al mando de Extranjería. Pardo Piqueras habría querido saber por qué no había recibido al menos un parte sobre un asunto de esa trascendencia y por qué la cadena de mando no tenía constancia de que se estuviera elaborando un documento con posibles consecuencias políticas.
El informe se elaboró a instancias de la Audiencia Nacional, en el marco de la plena colaboración de la Policía Nacional con la Justicia.
La petición de explicaciones del Ministerio del Interior
La tension se extendió más allá del encuentro entre Pardo Piqueras y el responsable de Extranjería. El Ministerio del Interior, al conocer la existencia del informe y su contenido, pidió explicaciones por escrito al director general de la Policía de manera inmediata. El ministro Fernando Grande-Marlaska habría requerido al máximo responsable policial una explicación detallada del episodio.
En paralelo, el director general mantuvo un encuentro con el comisario general de Información, Javier Susín. Este último fue uno de los tres mandos que, siempre según Interior, remitió al director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé, una respuesta contraria al contenido del dossier. El jefe de Inteligencia informó de que «no se ha emitido informe atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona».
El episodio ha dejado al descubierto la distancia entre lo que sostenía el Ejecutivo sobre la naturaleza de la entrada masiva y las conclusiones que, según la información difundida, aparecían reflejadas en el análisis policial. La discrepancia interna se produce, además, en plena tramitación de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.
El contexto institucional
El caso de Ceuta se enmarca en el escrutinio creciente sobre la gestión de las fronteras y la inmigración irregular. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras es la estructura de la Policía Nacional responsable del control documental en los pasos fronterizos, de la investigación de las redes de tráfico de seres humanos y de la coordinación con la Justicia y con los organismos europeos. Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, concentran buena parte de esa presión operativa.
La colaboración con la Audiencia Nacional y el intercambio de información con las autoridades judiciales forman parte del procedimiento ordinario del cuerpo, que mantiene activos sus protocolos de análisis de las entradas masivas. Cuando el fenómeno desborda el ámbito nacional, la Policía Nacional coordina sus actuaciones con Europol (la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones transnacionales entre los cuerpos de los Estados miembros).
La investigación sigue abierta y bajo reserva judicial, por lo que no se descartan nuevas actuaciones. El informe del CENIF se convierte así en una pieza central de un asunto que afecta simultáneamente a la seguridad nacional, a las relaciones con Marruecos y a la propia cadena de mando de la Policía Nacional.
